El Gobierno de Estados Unidos anunció este jueves 22 de octubre la restricción de visados para 40 ciudadanos bolivianos, incluidos 15 funcionarios y exfuncionarios públicos y 25 familiares directos. La medida afecta, entre otros, al exfiscal general del Estado Juan Lanchipa y al antiguo responsable de la lucha contra el narcotráfico Freddy Bismarck, señalados por Washington por presuntos actos de corrupción o vínculos con el tráfico de drogas.
El Departamento de Estado informó que las sanciones migratorias se aplican en virtud de los compromisos adoptados en septiembre durante una cumbre de seguimiento del denominado Escudo de las Américas. Según el comunicado, la política busca impedir el ingreso a territorio estadounidense de personas extranjeras que, mediante prácticas corruptas o actividades relacionadas con el narcotráfico, “socavan a los gobiernos elegidos democráticamente” en el continente, sin importar su afiliación política.
Una lista que alcanza a antiguos responsables de seguridad y justicia
Entre los 15 nombres divulgados por las autoridades estadounidenses figura Juan Lanchipa, quien ejerció como fiscal general de Bolivia. También aparece Freddy Bismarck, exdirector general de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) y excomandante policial de Tarija. La relación incluye además a Katherine Calderón, exdirectora general de Migración, y a Aldo Quezada, presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.
La restricción alcanza igualmente a Diego Alejandro Barboza, exdirector de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF); Armando Rojas, exfiscal coordinador de La Paz; y Fernando Ronald Velasco, antiguo jefe de la FELCN en el aeropuerto internacional de Viru Viru. El Gobierno estadounidense no presentó en el comunicado un expediente individualizado con las pruebas que sustentan cada señalamiento, aunque vinculó la decisión con sus esfuerzos regionales contra la corrupción y el crimen organizado.
La inclusión de familiares directos amplía el alcance de la medida más allá de los funcionarios identificados públicamente. Washington no precisó en el anuncio la identidad de esas 25 personas ni detalló si las restricciones tendrán una duración determinada. En términos prácticos, la decisión puede impedir la obtención de nuevos visados y limitar el ingreso a Estados Unidos, aunque no equivale por sí misma a una condena penal ni sustituye los procesos judiciales que correspondan en Bolivia.
La medida se suma al caso del exfiscal Roger Mariaca
El anuncio de este jueves tiene como antecedente inmediato la decisión adoptada el 28 de septiembre contra el exfiscal general Roger Mariaca. En aquella ocasión, Estados Unidos lo acusó de solicitar y recibir sobornos para facilitar el tráfico de estupefacientes. Dos días después, Mariaca fue detenido por autoridades bolivianas dentro de una investigación nacional sobre presuntos vínculos con el narcotráfico.
La secuencia revela una estrategia estadounidense que combina restricciones migratorias, señalamientos públicos y respaldo a investigaciones locales. No obstante, la imposición de sanciones administrativas por parte de Washington y la apertura de causas en Bolivia son procedimientos distintos. La primera responde a la política exterior y de seguridad de Estados Unidos, mientras que la segunda debe determinar, con garantías procesales, si existen responsabilidades penales.
El Departamento de Estado afirmó que la Administración del presidente Donald Trump respalda al Gobierno boliviano en sus esfuerzos para eliminar la influencia delictiva dentro de los tribunales, las fuerzas policiales y el poder legislativo. La declaración expresa apoyo político a las instituciones bolivianas, pero también plantea una señal de presión: Estados Unidos considera que la corrupción en organismos encargados de investigar y sancionar delitos puede facilitar la expansión de las redes de narcotráfico.
El Escudo de las Américas como marco regional
El Escudo de las Américas fue establecido este año como un mecanismo de cooperación encabezado por Estados Unidos e integrado por otros 14 países de América Latina y el Caribe. Su propósito declarado es coordinar acciones contra el crimen organizado, el tráfico de drogas y las estructuras financieras que permiten a esas redes operar entre fronteras.
La decisión sobre los ciudadanos bolivianos debe entenderse dentro de esa agenda regional. Al dirigir las sanciones contra personas vinculadas, según Washington, con instituciones judiciales, policiales, migratorias y financieras, la Casa Blanca coloca el foco en los llamados facilitadores estatales del crimen organizado, no únicamente en los traficantes o grupos armados. Ese enfoque puede reforzar la cooperación internacional, aunque también puede generar tensiones diplomáticas si los afectados rechazan las acusaciones o consideran que las medidas se adoptaron sin una explicación suficiente.
Desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, Trump ha convertido la lucha contra el narcotráfico en las Américas en una de sus prioridades. La política anunciada para Bolivia se produce además en un contexto de mayor uso de instrumentos migratorios como mecanismo de presión contra funcionarios extranjeros. La eficacia de estas restricciones dependerá, en buena medida, de que estén acompañadas por investigaciones verificables, intercambio de información y resultados judiciales que permitan esclarecer los hechos denunciados.
Alcance y próximos efectos
Por ahora, el comunicado estadounidense no informa de nuevas acusaciones penales, extradiciones o medidas financieras contra los 40 bolivianos. Tampoco se conocen públicamente reacciones de todos los afectados ni una respuesta oficial detallada del Gobierno de Bolivia al anuncio. La controversia previsiblemente se trasladará a los ámbitos diplomático y judicial, donde será necesario distinguir entre la sanción migratoria aplicada por Estados Unidos, las acusaciones políticas y la eventual comprobación de delitos ante los tribunales competentes.
