Las elecciones israelíes del 27 de octubre pueden apartar a Benjamín Netanyahu del poder, pero difícilmente cambiarán la dirección general del país. Por primera vez desde la masacre perpetrada por Hamás en 2023, los ciudadanos acudirán a las urnas en un clima de polarización extrema, con la seguridad, la guerra y la responsabilidad del primer ministro en el centro del debate. Sin embargo, el resultado más relevante no será únicamente quién forme Gobierno, sino hasta qué punto Israel se ha transformado durante los años de dominio de la derecha religiosa.
Las encuestas sitúan a Yashar!, el partido del exjefe del Estado Mayor Gadi Eisenkot, en torno a 22 escaños, ligeramente por delante del Likud, que obtendría unos 20. Eisenkot es también el candidato mejor valorado para ocupar la jefatura del Gobierno. La muerte de su hijo y de su sobrino en Gaza le ha otorgado una autoridad singular en una sociedad profundamente militarizada. Aun así, la aritmética parlamentaria no ofrece una salida sencilla: el bloque de Netanyahu reuniría unos 51 escaños y la oposición, alrededor de 52, lejos de los 61 necesarios para controlar la Knéset.
El resultado más probable no es una victoria, sino un bloqueo
La oposición tendría que negociar con los partidos ultraortodoxos no sionistas o con las formaciones que representan a los ciudadanos palestinos de Israel. Ambas opciones han mostrado disposición a pactar, pero los dirigentes judíos de la oposición siguen prometiendo un Gobierno integrado únicamente por partidos sionistas. Esa contradicción puede convertir la formación de la coalición en una prueba más decisiva que el propio recuento electoral.
Entre los escenarios posibles figuran un bloqueo que obligue a convocar nuevas elecciones, un Gobierno minoritario de Eisenkot con apoyo externo de Ra’am, un acuerdo temporal con los ultraortodoxos o el trasvase de diputados entre bloques. También podría surgir un Ejecutivo de unidad nacional con Netanyahu y una jefatura rotatoria, aunque el coste político sería enorme después de una campaña construida alrededor de la necesidad de poner fin a su mandato. Una nueva coalición de extrema derecha parece menos probable, pero sería la opción con mayores consecuencias institucionales y territoriales.
La tensión no se limita al Parlamento. La exención militar de los ultraortodoxos se ha convertido en una fuente de conflicto desde el 7 de octubre, cuando la carga sobre los reservistas aumentó de forma extraordinaria. Al mismo tiempo, los partidos palestinos continúan siendo tratados como actores ilegítimos por buena parte del sistema político. La demonización de sus dirigentes ha reducido el espacio para acuerdos pragmáticos y ha debilitado una posible alternativa a los bloques tradicionales.
Un Gobierno distinto cambiaría el tono, no la doctrina
Un Ejecutivo dirigido por Eisenkot probablemente frenaría la reforma judicial, impulsaría una comisión estatal sobre los fallos de seguridad del 7 de octubre y aprobaría una ley de reclutamiento militar. También podría contener a los colonos extremistas, desmantelar puestos avanzados ilegales y reducir la presión sobre la Autoridad Palestina. En Gaza, una posición menos maximalista sobre el desarme facilitaría la aplicación de la segunda fase del alto el fuego.
Pero esas medidas no equivaldrían a una restauración del Israel liberal de décadas anteriores. El apoyo a la creación de un Estado palestino ha caído en casi todo el espectro político judío, mientras que el control permanente sobre los palestinos se ha normalizado. La doctrina de seguridad desarrollada por Netanyahu tras el 7 de octubre, basada en anticiparse a las amenazas, actuar más allá de las fronteras y mantener zonas de amortiguación, ha sido asumida por casi todos los partidos judíos. La diferencia entre el primer ministro y sus rivales se encuentra, cada vez más, en los límites y los métodos, no en la premisa estratégica.
Por eso, incluso un cambio de Gobierno tendría un alcance limitado en Cisjordania. Podría moderar la violencia y ralentizar determinadas iniciativas de los colonos, pero no necesariamente detendría la expansión de los asentamientos. La creación de un Estado palestino seguiría siendo políticamente tóxica. En Oriente Medio, un nuevo Ejecutivo intentaría recomponer los vínculos con los países árabes y podría explorar acuerdos de seguridad con Siria, aunque la ausencia de una vía diplomática con los palestinos mantendría abierta la posibilidad de nuevos estallidos en Gaza y Cisjordania. La normalización con Arabia Saudí seguiría bloqueada.
La transformación ya está dentro de las instituciones
La cuestión decisiva es que la deriva iliberal no depende exclusivamente de Netanyahu. Durante años, una élite nacionalista y religiosa ha consolidado posiciones en instituciones políticas, judiciales, militares y sociales. Su proyecto no consiste solo en ampliar el territorio, sino en redefinir la identidad del Estado: un Israel entendido como nación etnorreligiosa, donde la ley judía tenga prioridad sobre los principios de la democracia liberal y donde Cisjordania, Gaza y otros territorios formen parte de un horizonte nacional ampliado.
Netanyahu ha sido el principal vehículo de ese proceso, pero no su único origen. Si abandona el poder, sus adversarios heredarán una sociedad más militarizada, un sistema político menos dispuesto a reconocer a las minorías palestinas y una opinión pública mucho más escéptica ante la solución de dos Estados. El cambio puede detener los excesos más visibles del proyecto mesiánico, pero no borrar las condiciones que lo hicieron posible.
Europa tendrá que tratar con un Israel nuevo
Para los europeos, la elección plantea un problema de expectativas. Un Gobierno alternativo podría reparar parte de las relaciones bilaterales, recuperar canales con las dos grandes corrientes políticas estadounidenses y mostrar mayor sensibilidad hacia la estabilidad regional. Pero sus políticas seguirían chocando con los intereses europeos si mantuviera la expansión territorial, las operaciones militares prolongadas y el rechazo a una solución diplomática para los palestinos.
La respuesta europea exigirá combinar diálogo y presión. Debería definir en privado las condiciones para recomponer la relación, mientras hace públicos los costes de cada orientación: la diplomacia regional puede mejorar la legitimidad internacional de Israel y abrir vías de normalización; la anexión, los asentamientos y la agresión militar pueden traducirse en aislamiento político y perjuicios económicos. El giro iliberal no es irreversible, pero tampoco desaparecerá con un simple cambio de primer ministro. Israel acudirá a las urnas para decidir quién gobierna; el país que salga de ellas ya será, en muchos aspectos, otro.
