A menos de 48 horas de las elecciones israelíes, Cisjordania ha quedado convertida en un espacio sometido a una operación militar de alcance territorial. El detonante fue un tiroteo contra un puesto de control situado en las inmediaciones de Hebrón, en el que murieron los sargentos israelíes Ron Yonatan Roytman y Yuval Shai Svilem y resultaron heridos otros tres soldados. Los dos atacantes, Mohamed y Firas Yaaba, fueron abatidos. La respuesta posterior, sin embargo, desbordó el perímetro del ataque: cierre de carreteras, bloqueo de pasos, redadas en al menos quince localidades, detenciones masivas y desalojos de barrios enteros.
La secuencia concentra tres dinámicas que suelen analizarse por separado, pero que aquí operan simultáneamente. La primera es la lógica de seguridad israelí, que interpreta el ataque como una señal de una amenaza organizada y busca impedir nuevos episodios. La segunda es el impacto colectivo sobre una población de casi tres millones de palestinos sin derecho a voto en las elecciones israelíes. La tercera es la utilidad política de una escalada de este tipo en la recta final de una campaña en la que la derecha radical exige ampliar el control sobre Cisjordania.
Un ataque localizado que desencadena una respuesta territorial
El intercambio de disparos duró más de veinte minutos, según testigos citados en la información original. La muerte de dos soldados y las heridas sufridas por otros tres constituyen un hecho grave que, desde la perspectiva militar israelí, justifica una investigación intensiva sobre posibles redes de apoyo, suministro de armas y complicidades locales. El problema aparece en el salto entre ese objetivo y las medidas adoptadas después.
El primer ministro Beniamin Netanyahu suspendió sus actos de campaña, ordenó el cierre total de Hebrón y pidió preparar el bloqueo de toda Cisjordania. Cerca de un millar de puestos de control y verjas metálicas permanecen cerrados, mientras que las carreteras que conectan las localidades palestinas han sido interrumpidas. Las tropas entraron en Yenín, Nablús, Tubas, Qalqilya, Jericó, Ramala y Belén, entre otros lugares. El Club del Preso Palestino cifra en unas 70 las personas detenidas, aunque la cifra puede aumentar durante la operación.
En Hebrón, la escala es todavía más visible. El ministro de Defensa, Israel Katz, admite que unas 2.000 personas fueron desalojadas de los barrios de Ein Deir Baha y Al Yalda; el alcalde Yusef al Yabari eleva la cifra a 2.200. Los vecinos recibieron en muchos casos la orden durante la noche y mediante megafonía. Un edificio de tres plantas fue demolido después de que sus habitantes dispusieran de cinco minutos para retirar sus pertenencias. Las casas de los dos atacantes fueron selladas, en un procedimiento que puede culminar con su demolición, y otras doce personas fueron detenidas.
La descripción oficial de una operación “focalizada y limitada” entra en tensión con sus efectos. Una intervención puede concentrarse geográficamente en el área donde se produjo el ataque y, al mismo tiempo, producir consecuencias generalizadas sobre movilidad, empleo, comercio, educación y atención médica. Esa diferencia entre el perímetro militar declarado y el territorio social afectado será decisiva para evaluar la legitimidad y el coste de la operación.
La economía cotidiana se convierte en una variable de seguridad
El cierre no afecta únicamente a quienes son objeto de registros o detenciones. Los trabajadores palestinos tienen prohibido cruzar hacia Israel durante el domingo y el lunes, y el martes, día de las elecciones, el bloqueo de los pasos será total. Para miles de hogares, la consecuencia inmediata es la pérdida de jornadas laborales y de ingresos. Para las empresas israelíes que dependen de esa mano de obra, supone también interrupciones, retrasos y una mayor incertidumbre sobre la disponibilidad de trabajadores.
El momento agrava el impacto. La cosecha de la aceituna está en curso y constituye una fuente central de ingresos para numerosas familias campesinas. El cierre restringe el acceso a los olivares, impide transportar la producción y dificulta la coordinación de cuadrillas y propietarios. A ello se suman los ataques de colonos: la Comisión Palestina contra el Muro y la Colonización documentó 17 agresiones de colonos y soldados contra agricultores solamente el jueves. La combinación de violencia, bloqueo y pérdida de la cosecha puede generar un daño económico que no termina cuando se reabren los puestos de control.
La cuestión no es menor para la estabilidad de las comunidades rurales. Los olivos no representan solo una campaña agrícola anual: son un activo familiar, una reserva patrimonial y, en muchos casos, un vínculo con tierras cuya propiedad se disputa de manera constante. Si la cosecha se pierde o los agricultores dejan de acudir por temor a los ataques, aumenta la dependencia de ayudas externas y se debilita la capacidad de las familias para permanecer en sus localidades. La seguridad, planteada como una respuesta temporal, puede así acelerar procesos de empobrecimiento y desplazamiento.
La primera conclusión: el cierre colectivo puede producir el efecto contrario
La justificación israelí parte de una premisa comprensible: cortar la movilidad puede dificultar la huida de sospechosos, impedir el traslado de armas y presionar a las redes que facilitan los ataques. Pero esa medida solo es eficaz si distingue con precisión entre responsables, colaboradores y población no implicada. Cuando el bloqueo alcanza cientos de comunidades y deja sin trabajo a decenas de miles de personas, la operación puede generar nuevos incentivos para la radicalización y reducir la disposición de la población a cooperar con las fuerzas de seguridad.
La lógica es concreta. Un residente que pierde ingresos, no puede llegar a un hospital o ve desalojado su barrio no necesariamente se convierte en partidario de Hamas, pero sí puede interpretar que la vía institucional carece de utilidad y que la comunidad entera es tratada como sospechosa. Esa percepción favorece a los grupos armados, que pueden presentar la operación como prueba de que la violencia israelí no distingue entre civiles y combatientes. El riesgo no es automático ni permite atribuir una relación mecánica entre sufrimiento y militancia, pero sí modifica el entorno social en el que operan las organizaciones armadas.
La advertencia del secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, se sitúa en este punto: los cierres restringen gravemente la libertad de movimiento, el acceso a servicios básicos y los medios de vida de los palestinos. La organización israelí B’Tselem ha señalado que algunas medidas podrían constituir crímenes de guerra. La Autoridad Palestina habla de “castigo colectivo”. Son acusaciones de enorme gravedad, pero no pueden descartarse como simples declaraciones políticas mientras se mantengan desalojos masivos, demoliciones punitivas y restricciones que afectan a personas no acusadas de un delito.
Hebrón y el valor electoral de la demostración de fuerza
La proximidad de las elecciones introduce un incentivo adicional. Netanyahu suspendió su campaña para mostrarse como comandante de una respuesta inmediata, mientras que Itamar Ben-Gvir reclamó desmantelar y desmilitarizar a la Autoridad Palestina y asumir el control total de Cisjordania. En ese contexto, cada registro, cada detención y cada carretera clausurada puede adquirir una dimensión comunicativa además de operativa: demostrar que el Estado responde con contundencia y que la seguridad está por encima de cualquier consideración política o diplomática.
El ataque ofrece a la ultraderecha un argumento de campaña difícil de neutralizar. La ausencia de indicios de que la Autoridad Palestina esté detrás del tiroteo no elimina su utilidad retórica. Ben-Gvir puede convertir un hecho cometido por dos atacantes en una acusación contra toda la arquitectura de gobierno palestina, presentándola como incapaz o cómplice. El razonamiento simplifica una realidad compleja, pero funciona en un ambiente electoral dominado por el miedo y la demanda de control.
La segunda conclusión es que la operación no debe medirse solo por el número de sospechosos detenidos o de armas incautadas. También debe observarse cómo redistribuye el poder dentro de Israel. Si la respuesta refuerza a los sectores que defienden la anexión de facto y debilita a quienes sostienen algún canal de coordinación con la Autoridad Palestina, el ataque habrá producido un efecto político más amplio que el estrictamente militar. El cierre de Cisjordania durante la jornada electoral subraya esa asimetría: más de siete millones de israelíes votan, mientras casi tres millones de palestinos que viven bajo control militar israelí no participan en la decisión sobre las políticas que determinan su movilidad y su seguridad.
La Autoridad Palestina queda atrapada entre la condena y la impotencia
Para la Autoridad Palestina, la operación plantea un dilema estructural. Si coopera con Israel para localizar a los responsables, puede ser acusada por su propia población de actuar como subcontratista de la ocupación. Si se distancia de las operaciones de seguridad, corre el riesgo de que Israel la presente como una institución inútil o cómplice. La falta de pruebas que la vinculen con el ataque no evita que su autoridad política resulte erosionada por la respuesta israelí.
La pérdida de control práctico sobre las ciudades palestinas es especialmente relevante. La entrada de tropas en localidades del norte, el cierre de los accesos y la expansión de las detenciones muestran que la Autoridad Palestina no decide sobre el espacio en el que administra servicios y mantiene una presencia institucional. Cada incursión de gran escala reduce su capacidad de presentarse como un embrión de gobierno y fortalece a quienes sostienen que solo la fuerza armada puede modificar la relación de poder.
Israel, por su parte, enfrenta una contradicción operativa. Necesita una Autoridad Palestina suficientemente funcional para evitar un vacío de seguridad, coordinar servicios y contener a grupos armados, pero una parte de su coalición reclama debilitarla o eliminarla. La presión pública para asumir el control total de Cisjordania puede satisfacer a los votantes más duros, aunque trasladaría a Israel responsabilidades administrativas, económicas y humanitarias mucho mayores.
Los próximos días medirán el alcance real de la escalada
El escenario más inmediato es una prolongación del cierre durante la jornada electoral y una reapertura gradual, diferenciada por localidades. La intensidad dependerá de si las fuerzas israelíes encuentran nuevas células, depósitos de armas o pruebas de una estructura más amplia. Si no aparecen esos elementos, mantener el bloqueo tendría un coste diplomático y económico creciente. Si se producen nuevos ataques o enfrentamientos, el Gobierno podrá argumentar que la operación inicial fue insuficiente y ampliar aún más su alcance.
El riesgo principal es que la excepcionalidad electoral se convierta en una práctica permanente. Los cierres totales aplicados durante las elecciones suelen justificarse como medidas temporales, pero cada nueva operación crea precedentes administrativos y militares: más barreras, más controles, más bases de datos y más comunidades sometidas a restricciones. La normalización de estas herramientas reduce el umbral político para emplearlas de nuevo, incluso cuando la amenaza sea menos concreta.
También existe un riesgo de escalada en el frente de los colonos. La presión sobre los agricultores durante la cosecha puede multiplicar los choques locales, especialmente si las fuerzas de seguridad son percibidas como tolerantes con las agresiones. Un incidente menor puede desencadenar represalias, nuevas incursiones y más desplazamientos. En ese circuito, la frontera entre violencia de colonos, respuesta militar y acción de grupos palestinos se vuelve cada vez más difícil de contener.
A medio plazo, la elección no resolverá la tensión que ha producido el cierre. Puede modificar el equilibrio entre Netanyahu y sus aliados, pero no eliminará el vacío político en Cisjordania ni la ausencia de una negociación creíble. Si la seguridad se convierte en el único lenguaje de la campaña, la política israelí tendrá incentivos para responder a cada ataque con medidas visibles y colectivas, aunque su eficacia sea limitada. Y si la población palestina continúa soportando restricciones sin representación en las urnas, la distancia entre quienes gobiernan el territorio y quienes viven en él seguirá alimentando una crisis cuya dimensión ya no es únicamente militar, sino también económica, institucional y jurídica.
