El Gobierno de Estados Unidos reconoció que una parte del combustible enviado a Cuba para empresas privadas puede terminar en manos de entidades vinculadas al régimen, aunque aseguró que continuará persiguiendo a las compañías que faciliten esa transferencia de manera consciente. La admisión aparece en una declaración del Departamento de Estado enviada al periodista David Adams y difundida por 14ymedio el 24 de octubre.
“No podemos descartar cierto desvío hacia figuras o entidades vinculadas al régimen”, señala el texto, firmado por la Oficina de Prensa del Departamento de Estado. La misma declaración sostiene que Washington seguirá aplicando sanciones contra quienes intenten evadir las restricciones y presenta las exportaciones autorizadas a empresarios privados como un mecanismo que habría reducido el control estatal sobre el mercado cubano de combustibles.
Una política que Washington presenta como ruptura del monopolio
Según el Departamento de Estado, la política de la Administración de Donald Trump ha contribuido a “la mayor privatización de la historia de la economía cubana”. El argumento oficial parte de la interrupción del suministro petrolero gratuito que Venezuela mantenía con el Gobierno cubano, una parte del cual, de acuerdo con la declaración estadounidense, era revendida en el exterior a cambio de divisas.
Tras ese corte, Washington mantuvo las exportaciones de combustible destinadas a empresarios privados cubanos. La Administración afirma que esos operadores importan y venden gasolina y diésel a otras empresas privadas, organizaciones no gubernamentales humanitarias y establecimientos diplomáticos. Para el Gobierno estadounidense, ese flujo ha quebrado el monopolio que durante décadas ejerció el Estado sobre la distribución de carburantes.
El Departamento de Estado reconoce, sin embargo, que ese esquema no impide por completo que el combustible llegue a instituciones oficiales. Su explicación es que el régimen debe recurrir ahora al “subterfugio y la ilegalidad” para obtener una parte limitada del combustible que ingresa al país, en lugar de controlar la totalidad del mercado. La afirmación coloca el foco en la aplicación práctica de las licencias y en la capacidad de las autoridades cubanas para utilizar redes privadas como intermediarias.
Incautaciones y sanciones en el centro de la ofensiva
La declaración se produce en medio de una ofensiva de Washington contra los cargamentos destinados al sector estatal cubano. El 7 de octubre, agencias del Departamento de Seguridad Nacional anunciaron la confiscación de 90 envíos de biodiésel: 71 en Port Everglades, Florida, y 19 en Houston, Texas. El valor conjunto se calculó en unos 2,8 millones de dólares.
El destino de esos cargamentos era Enetec, una empresa estatal incorporada el 13 de julio a la lista de entidades sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, conocida como Ofac. Las incautaciones muestran la diferencia que Washington establece entre las operaciones dirigidas a empresarios privados y aquellas que, de forma directa o indirecta, benefician a compañías bajo control estatal o vinculadas al aparato militar cubano.
La posición estadounidense también confirma una tensión central del modelo: la autorización de importaciones privadas no garantiza que el producto permanezca dentro del circuito privado. La existencia de intermediarios, arrendamientos de gasolineras y redes de distribución compartidas dificulta distinguir, en la práctica, entre el consumidor autorizado y el receptor final del combustible.
Gasolineras privadas con clientes estatales
Desde abril, 14ymedio ha documentado el alquiler de estaciones estatales a micro, pequeñas y medianas empresas para despachar combustible comprado en Estados Unidos. En La Habana, la plataforma Ticket, gestionada por Cimex, corporación perteneciente al conglomerado militar Gaesa y sancionada por Ofac, comenzó a vender gasolina y diésel en dólares mientras las importaciones estadounidenses estaban reservadas a operadores privados.
Un mes después, el medio constató que en la antigua estación Shell de Guanabacoa se abastecían vehículos de Transmed y de otras empresas estatales en surtidores alquilados por privados, una práctica expresamente prohibida por las normas estadounidenses. En septiembre, también informó que la estación El Eficiente, ubicada cerca de Villa Marista, suministraba combustible a vehículos de Sepsa, camiones de brigadas especiales del Ministerio del Interior y motocicletas de la Seguridad del Estado.
Estos reportes adquirieron mayor relevancia en un contexto de fuerte escasez. Durante más de cinco meses no llegó a Cuba un tanquero de hidrocarburos, desde el arribo del Anatoly Kolodkin, procedente de Rusia. En ese período, el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, declaró públicamente: “No tenemos absolutamente nada de fuel, no tenemos absolutamente nada de diésel”.
El papel de Cimex y el aumento de las importaciones
Una investigación publicada por ADN Cuba y Martí Noticias señaló que Cimex compra combustible a 21 proveedores, al menos 16 de ellos mipymes cubanas, y posteriormente lo distribuye a través de su red de servicentros. Una factura fechada el 21 de septiembre registra la venta de más de 23.000 litros de gasolina de Cimex-Mariel a un servicentro Oro Negro.
Los documentos no presentan a Cimex como importadora directa, sino como compradora de combustible suministrado por empresas privadas cubanas. Esa estructura puede permitir que las operaciones aparezcan formalmente dentro del circuito autorizado, aunque el producto termine siendo distribuido por una corporación estatal. El punto de conflicto para Washington será determinar cuándo existe una transferencia legítima a consumidores autorizados y cuándo se trata de una maniobra para eludir sanciones.
Entre enero y agosto de 2026, las exportaciones de derivados del petróleo desde Estados Unidos hacia Cuba alcanzaron 231,74 millones de dólares, el monto más alto registrado en la historia comercial bilateral. La cifra contrasta con la valoración del ministro De la O Levy, quien dijo a Reuters que las importaciones ni siquiera cubrían el 3% de las necesidades nacionales y sostuvo que ninguna empresa estatal cubana había logrado obtener un contrato de combustible.
Las declaraciones oficiales estadounidenses y cubanas describen, por tanto, realidades distintas: Washington destaca el crecimiento de un mercado privado y la pérdida del monopolio estatal, mientras La Habana minimiza el volumen de esas importaciones frente a sus necesidades. Los registros de ventas y los casos documentados sugieren que ambas dimensiones coexisten: el sector privado participa cada vez más en la entrada y comercialización del combustible, pero las entidades estatales continúan teniendo acceso a parte de ese suministro.
