La muerte de Virgilio Asto García, de 71 años, ha conmocionado a Menocucho y al distrito de Laredo. Asto era candidato a regidor de la Municipalidad del Centro Poblado de Menocucho por el movimiento Gota de Esperanza. Fue hallado sin vida el lunes 21 de septiembre de 2026 en el sector El Bosque, jurisdicción de Laredo, provincia de Trujillo, en La Libertad. Según versiones difundidas por medios locales, su cuerpo estaba dentro de un saco abandonado en una acequia de la zona.
La información disponible ubica el hallazgo, pero todavía no explica cómo ocurrió el fallecimiento. La Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público deben establecer la causa de muerte, reconstruir las circunstancias y determinar, si corresponde, las responsabilidades penales o de otra naturaleza. Hasta el momento, las fuentes consultadas no reportan sospechosos identificados ni detenidos vinculados al caso, por lo que no es posible presentar como confirmada ninguna hipótesis.
De acuerdo con el portal Radar Informativo, cuya información fue recogida por medios locales, la esposa de Asto García encontró sus restos durante la mañana del lunes. El cuerpo se encontraba en una acequia del sector El Bosque. Este dato sitúa a un familiar directo como la persona que alertó sobre el hallazgo, pero no determina por sí mismo el momento exacto de la muerte ni las circunstancias previas. Esos extremos deberán ser establecidos mediante las diligencias oficiales y los peritajes que correspondan.
Un hallazgo que deja abierta la reconstrucción de los hechos
La localización del cuerpo dentro de un saco y en una acequia es una circunstancia central de la pesquisa, aunque no basta para definir el móvil ni atribuir el hecho a una persona. Los investigadores tendrán que precisar cuándo fue visto por última vez, cómo llegó al lugar y si existen indicios que permitan diferenciar una muerte natural, accidental o provocada. Esas posibilidades no han sido confirmadas ni descartadas públicamente. La prudencia es relevante: calificar el caso antes de contar con resultados forenses puede convertir versiones iniciales en conclusiones equivocadas y afectar tanto la búsqueda de justicia como la investigación.
El reclamo de familiares, amigos y vecinos expresa la gravedad social del caso, pero la presión pública debe acompañarse de información verificable. Una comunicación oficial clara sobre la necropsia, las diligencias realizadas y los próximos pasos —cuando las autoridades puedan divulgarla sin comprometer la pesquisa— ayudaría a evitar rumores. No se ha informado en las fuentes proporcionadas sobre resultados forenses ni sobre una calificación fiscal del delito.
Una trayectoria vinculada con Menocucho
Asto García no era un nombre ajeno a la vida comunitaria de Menocucho. Según información recogida por Caretas, el Gobierno Regional de La Libertad lo identificó en 2024 como dirigente de esa localidad durante trabajos de descolmatación del río Moche. El antecedente documenta una participación pública previa, aunque no aporta por sí solo una explicación sobre su muerte. Sí permite entender por qué el caso ha trascendido el ámbito familiar y ha generado una reacción extendida entre vecinos y actores locales.
Su candidatura por Gota de Esperanza añade una dimensión política local al caso, pero no autoriza a vincular el fallecimiento con la competencia electoral sin evidencias. La condición de candidato y la trayectoria de dirigente son datos de contexto; el móvil, en cambio, sigue pendiente de determinación. Separar ambos planos es esencial para que la investigación no quede condicionada por lecturas partidarias o por interpretaciones construidas a partir de información incompleta.
La denuncia sobre el peaje permanece sin conexión probada
Medios locales también difundieron que Virgilio Asto habría presentado denuncias por presuntos cobros irregulares en un peaje alterno de la localidad. La versión no precisa cuándo se habrían presentado los reclamos, qué personas o entidades fueron señaladas ni si existieron documentos formales. Tampoco existe, hasta ahora, una confirmación oficial de que esas denuncias estén relacionadas con el fallecimiento.
Por esa razón, el antecedente debe tratarse como una línea que requiere verificación y no como una explicación del caso. Para establecer una eventual relación sería necesario contrastar la existencia y el contenido de los reclamos, identificar a sus destinatarios, revisar si hubo amenazas o conflictos documentados y compararlos con la evidencia reunida sobre la muerte. Nada de ello ha sido informado de manera oficial en las fuentes disponibles. Presentar una conexión como hecho podría perjudicar a terceros y desviar la pesquisa.
Autoridades y vecinos exigen respuestas
Sergio Vílchez Neira, alcalde en licencia de Laredo, pidió a la PNP y al Ministerio Público una investigación “profunda, objetiva y transparente” mediante sus redes sociales. “Este hecho no puede quedar en la impunidad. La familia merece la verdad, su pueblo merece respuestas y Virgilio Asto García merece justicia”, expresó. Su pronunciamiento se sumó a las exigencias de familiares, amigos, vecinos y autoridades locales para esclarecer lo ocurrido.
Armando Alayo, candidato al centro poblado de Menocucho, lamentó la muerte y destacó, según Exitosa, el trabajo que Asto García realizó durante años en favor de la comunidad. Estas declaraciones muestran el impacto del caso en un entorno donde la víctima era reconocida por su participación local. Al mismo tiempo, los pronunciamientos políticos o comunitarios cumplen una función de exigencia pública, pero no sustituyen la evidencia pericial ni las decisiones del Ministerio Público.
Las respuestas que la investigación todavía debe ofrecer
El expediente enfrenta varias preguntas básicas: cuál fue la causa exacta de la muerte; cuándo y cómo llegó el cuerpo a la acequia; si intervino otra persona; qué móvil habría existido, en caso de confirmarse una muerte provocada; y si la referencia al peaje contiene elementos comprobables que deban incorporarse a la pesquisa. Ninguna de esas respuestas aparece establecida oficialmente en la información difundida hasta ahora. Tampoco se han comunicado detenciones o la identificación de presuntos responsables.
El desafío institucional consiste en avanzar con rapidez sin sacrificar rigor. La PNP debe reunir y preservar los indicios, mientras el Ministerio Público dirige las actuaciones fiscales y comunica conclusiones respaldadas por peritajes, testimonios y documentos. Para la familia de Asto y para Menocucho, una investigación transparente no significa confirmar la primera versión disponible, sino explicar de manera verificable qué ocurrió y, si corresponde, llevar ante la justicia a quienes resulten responsables.
