Ostuacán, Chiapas. Decenas de habitantes intentaron arrebatar a la Policía Estatal a dos hombres señalados como presuntos responsables del feminicidio de Miriam Cruz Alpuche, de 55 años, y de su nieta ASVC, de 12, en un episodio de violencia colectiva que dejó a uno de los detenidos muerto y a otro gravemente herido. El ataque ocurrió la noche del viernes frente a la alcaldía de Ostuacán, cuando los agentes pretendían trasladarlos a Tuxtla Gutiérrez para ponerlos a disposición del Ministerio Público.
De acuerdo con fuentes oficiales, los detenidos habían sido capturados en relación con la muerte de la mujer y la niña, quienes desaparecieron el lunes 19 de octubre. Miriam Cruz fue localizada el miércoles por la mañana cerca de unos potreros, mientras que los restos de su nieta fueron encontrados el viernes por la tarde. Las autoridades no han informado públicamente, hasta ahora, sobre la mecánica de ambos homicidios ni sobre las pruebas específicas que vinculan a los detenidos con los hechos.
El traslado quedó bloqueado en la plaza central
Los policías subieron a los hombres a camionetas para salir de Ostuacán, municipio ubicado a 148 kilómetros de Tuxtla Gutiérrez y cercano a la frontera con Tabasco. Sin embargo, habitantes rodearon las patrullas en la plaza central y utilizaron piedras y palos para impedir que avanzaran. La tensión aumentó cuando el servicio de energía eléctrica se suspendió de manera repentina, dejando la zona a oscuras.
Testimonios difundidos en redes sociales muestran a pobladores exigiendo que los detenidos no fueran sacados del municipio. Algunas personas llamaron a bloquear el punto conocido como La Revolución para detener el convoy policial. En medio de la confusión, los hombres fueron bajados de los vehículos todavía esposados y golpeados con puños, piedras y patadas. Las autoridades confirmaron que uno murió y que el segundo sufrió lesiones de gravedad; reportes oficiales también señalaron que el primero habría sido decapitado durante la agresión.
Finalmente, los agentes estatales lograron abrirse paso y abandonaron la zona rumbo a Tuxtla Gutiérrez. El detenido herido permaneció bajo control de los habitantes, mientras algunos líderes comunitarios iniciaron conversaciones con las autoridades para negociar su entrega y permitir su traslado a un hospital. El acuerdo buscado contempla que, una vez atendido, quede a disposición del Ministerio Público.
Investigación bajo resguardo y despliegue policial
Peritos de la Fiscalía General del Estado trabajaron durante la noche en la plaza central para realizar las diligencias correspondientes y recuperar el cuerpo del hombre fallecido. El lugar fue acordonado, mientras los pobladores se replegaron hacia sus domicilios. La presencia de agentes estatales procedentes de Tuxtla Gutiérrez fue reforzada para recuperar el control territorial y evitar nuevos enfrentamientos.
Entre los detenidos se encontraría un hombre identificado con el alias de “El Cera”, a quien fuentes oficiales atribuyen asaltos con arma blanca contra habitantes de la zona. Esa acusación forma parte de los antecedentes que las autoridades investigan, pero no sustituye el proceso penal por los feminicidios. La responsabilidad por ambos crímenes deberá determinarse mediante una investigación formal, con pruebas periciales, testimonios y control judicial.
La advertencia del gobierno estatal
El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar pidió a los habitantes de Ostuacán entregar a los detenidos y permitir que la justicia siguiera los cauces legales. “La justicia por propia mano no nos devuelve la paz y sí puede traer más dolor y consecuencias legales para personas inocentes”, afirmó en un mensaje dirigido a la población. También advirtió que la violencia genera más violencia y llamó a actuar con prudencia.
La intervención del gobernador refleja el doble desafío que enfrenta el estado: esclarecer con rapidez el asesinato de una mujer y una menor, y contener la respuesta comunitaria que amenaza con producir nuevas víctimas. En contextos donde la población percibe lentitud, impunidad o falta de protección, la indignación puede transformarse en castigo colectivo. Pero el linchamiento destruye evidencias, dificulta establecer responsabilidades individuales y puede comprometer una investigación que todavía se encuentra en su etapa inicial.
Una crisis que trasciende el caso
El episodio también expone la fragilidad de la seguridad pública en municipios apartados, donde el traslado de detenidos puede convertirse en un punto de confrontación entre autoridades y habitantes. La interrupción del suministro eléctrico, el cerco a las patrullas y la retención de un herido muestran que el control operativo fue insuficiente durante varios momentos de la noche.
Para las familias de Miriam Cruz y de su nieta, la exigencia central sigue siendo conocer la verdad y obtener justicia por los asesinatos. Para las autoridades, la prioridad inmediata es preservar la escena, garantizar la atención médica del sobreviviente y asegurar que todos los implicados, tanto en los feminicidios como en la agresión posterior, sean identificados conforme a derecho. La investigación deberá aclarar quiénes participaron en cada hecho y evitar que el reclamo legítimo de justicia termine ampliando el número de víctimas.
