El proyecto anunciado por el Gobierno de Yamandú Orsi busca introducir una nueva causal jubilatoria para trabajadores de entre 60 y 65 años que acrediten 30 años de aportes. La propuesta no sustituye la edad general de retiro, fijada en 65 años por la reforma de 2023: añade una alternativa voluntaria y condiciona sus efectos económicos a los ingresos de cada persona. Su alcance dependerá de la letra que llegue al Parlamento y de cómo se traduzca en prestaciones concretas.
El anuncio es también una respuesta política a una discusión que Uruguay no logró cerrar con el cambio anterior. La reforma impulsada durante el Gobierno de Luis Lacalle Pou elevó gradualmente la edad de retiro desde los 60 hasta los 65 años. La modificación respondía a una presión demográfica conocida en los sistemas de reparto: cuando aumenta la proporción de personas mayores respecto de quienes trabajan y cotizan, sostener las prestaciones exige más ingresos, menores beneficios o una vida laboral más extensa.
Una reforma que dejó abierta la disputa
El cambio de 2023 no solo alteró una edad legal; modificó las expectativas de quienes planificaban su salida del empleo. Para una persona con tres décadas de aportes, cinco años adicionales de actividad pueden representar más cotizaciones y una jubilación potencialmente mayor, pero también una carga difícil de asumir si el trabajo es físico, precario o intermitente. La misma regla, por tanto, puede tener consecuencias muy distintas según el oficio, la salud y la continuidad laboral.
En ese contexto, el PIT-CNT promovió un plebiscito para recuperar el acceso a la jubilación desde los 60 años, establecer que ninguna prestación quedara por debajo del salario mínimo y eliminar las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional, concentrando la gestión en el Estado. La consulta no obtuvo los votos necesarios. Sin embargo, el resultado electoral no eliminó el desacuerdo de fondo: dejó a la negociación legislativa la tarea de atender las objeciones sobre suficiencia, edad de retiro y arquitectura del sistema.
El Diálogo Social, del que surge la iniciativa oficial, ofrece otro canal para procesar esa disputa. Reunir al Ejecutivo, los partidos y actores sociales puede ampliar la base de legitimidad de una reforma, aunque no garantiza consenso sobre su financiación. El anuncio de que el proyecto tendrá estado parlamentario abre ahora una etapa distinta: convertir acuerdos generales en reglas verificables, con costos y beneficiarios identificables.
La diferencia entre poder retirarse y poder vivir de la jubilación
El Gobierno presenta la medida como una elección: quienes cumplan 60 años y tengan 30 años de aportes podrían jubilarse entonces o esperar hasta los 65. Pero la libertad formal de elegir no equivale a una opción igualmente ventajosa para todos. Si la jubilación anticipada supone una reducción, quien dispone de ahorros, otros ingresos o un salario alto puede asumirla con mayor facilidad que alguien que depende exclusivamente de su prestación.
La señal distributiva más concreta es que, según Alejandro Sánchez, el 30 % de las jubilaciones más bajas podría acceder desde los 60 años en condiciones iguales o mejores que las previstas por el régimen vigente. Para los salarios más altos, en cambio, el adelanto implicaría resignar parte del beneficio que se obtendría al esperar. Ese diseño intenta combinar protección para quienes tienen menos ingresos con un mecanismo de compensación que limite el costo fiscal.
La distinción importa porque una misma edad de retiro no describe una experiencia laboral común. Un trabajador que empezó a cotizar joven y mantuvo empleos formales puede alcanzar los 30 años de aportes a los 60. Otra persona, por períodos de informalidad, desempleo o cuidados no remunerados, quizá llegue a esa edad sin cumplir el requisito. La medida beneficiaría, por definición, a quienes reúnen una trayectoria contributiva extensa; no resolvería por sí sola la situación de quienes quedaron fuera del empleo formal.
La sostenibilidad dependerá de las reglas
El Gobierno sostiene que las renuncias de quienes perciban jubilaciones más altas ayudarían a equilibrar la propuesta en el tiempo. La lógica es plausible: reducir la prestación de una parte de quienes se retiran antes puede moderar el gasto. Pero el efecto real dependerá de fórmulas aún por definir, del número de personas que opte por adelantar el retiro y de cuánto cambie su permanencia en el mercado laboral. Una rebaja insuficiente podría trasladar costos al sistema; una demasiado pronunciada podría volver nominal el derecho para quienes no pueden permitirse perder ingresos.
También habrá que evaluar cómo se coordina la nueva causal con los componentes contributivos y de ahorro individual existentes. La reforma de 2023 mantuvo en el centro del debate el papel de las administradoras previsionales y la distribución de responsabilidades entre el Estado y los fondos. El proyecto actual no equivale a la eliminación que proponía el plebiscito, pero sus efectos sobre los flujos de aportes y prestaciones podrían reabrir preguntas sobre quién soporta el costo de una salida anticipada y cómo se reparte el riesgo entre generaciones.
Para el mercado laboral, el cambio puede tener resultados contrapuestos. Facilitar el retiro de trabajadores mayores podría abrir vacantes, pero no hay garantía de que cada salida se transforme en un puesto para una persona joven: las empresas deciden sobre contratación según la demanda y sus costos, no mediante un reemplazo automático. A la vez, si trabajadores con experiencia dejan de aportar antes, el sistema pierde cotizaciones, aunque reduzca o ajuste sus prestaciones. El balance dependerá de la conducta efectiva de los afiliados y de las condiciones de empleo.
La prueba política será convertir la opción en una regla sostenible
El debate parlamentario deberá precisar qué significa estar en “iguales o mejores condiciones”, cómo se calcula la reducción para otras franjas de ingresos y qué resguardos habrá frente a trayectorias laborales discontinuas. La transparencia será decisiva: ejemplos comparables por años cotizados, salario y edad permitirían que cada persona entienda el costo de elegir entre retirarse a los 60 o esperar. Sin esa información, una medida presentada como ampliación de derechos puede generar expectativas que la prestación efectiva no satisfaga.
La iniciativa no revierte la reforma de 2023 ni resuelve las tensiones demográficas que la motivaron. Su relevancia está en reconocer que una edad general uniforme puede resultar insuficiente para ordenar vidas laborales muy diferentes. Si el Parlamento logra proteger a los ingresos más bajos sin comprometer la financiación futura, Uruguay habrá encontrado un ajuste dentro del sistema; si las garantías quedan imprecisas o los costos no se hacen explícitos, la jubilación volverá a convertirse en un foco de disputa entre generaciones, partidos y organizaciones sociales.
