El Gobierno de Yamandú Orsi enviará esta semana al Parlamento un proyecto que permitiría jubilarse desde los 60 años a quienes tengan al menos 30 años de aportes. La iniciativa no reemplaza la edad general de retiro, fijada en 65 años: incorpora una opción para que cada trabajador decida cuándo acogerse, bajo condiciones distintas según sus ingresos.
La elección dependerá también del monto de la jubilación
El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, explicó que la propuesta busca proteger especialmente a quienes reciben las jubilaciones más bajas. Según el anuncio, el 30 % de las prestaciones de menor monto podría acceder a la causal anticipada en condiciones iguales o mejores que las previstas por el régimen vigente. Para quienes perciben salarios altos, retirarse antes implicaría resignar una parte de la jubilación que obtendrían al esperar hasta los 65 años.
Ese diseño combina dos objetivos: ampliar la libertad de elección y limitar el costo de la medida para el sistema previsional. La reducción aplicable a las prestaciones más altas ayudaría a compensar el trato más favorable para los ingresos bajos y, según Sánchez, a sostener la reforma en el tiempo. El anuncio no detalla todavía los porcentajes de esa reducción ni otras reglas de cálculo, que deberán conocerse con el texto legislativo.
Una respuesta a la reforma previsional de 2023
La propuesta se inscribe en una discusión que tomó fuerza después de la reforma aprobada durante el Gobierno de Luis Lacalle Pou, cuya aplicación comenzó en 2023 y elevó gradualmente de 60 a 65 años la edad de retiro. El cambio generó resistencia sindical. El PIT-CNT promovió un plebiscito que planteaba, entre otras medidas, permitir la jubilación desde los 60 años, establecer que ninguna prestación fuera inferior al salario mínimo y eliminar las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional para que el sistema quedara bajo gestión estatal. La consulta no obtuvo los votos necesarios.
El nuevo proyecto retoma una de las demandas que estuvieron en el centro de aquel debate, pero no propone volver sin más al esquema anterior. Mantiene los 65 años como edad general y presenta los 60 como una alternativa condicionada por los años de aportes y el nivel de la prestación. También deja fuera, al menos según lo anunciado, los otros cambios planteados en el plebiscito.
El debate se trasladará al diseño de la ley
La iniciativa surgió del Diálogo Social, un espacio de intercambio entre el Poder Ejecutivo, los partidos políticos y actores sociales que concluyó en abril y abordó desafíos estructurales de la protección social. Su paso al Parlamento abrirá una discusión menos abstracta: cómo se calcula la jubilación anticipada, quiénes quedan protegidos por la garantía para los ingresos bajos y qué impacto tendrá la opción sobre las cuentas previsionales.
La diferencia entre una nueva causal y una rebaja general de la edad es relevante. La primera puede focalizar el beneficio y distribuir de manera desigual el costo de retirarse antes; la segunda modifica el punto de referencia para todo el sistema. Por eso, el alcance real de la propuesta dependerá de las condiciones que establezca la ley. El anuncio introduce una vía de salida anticipada, pero la sostenibilidad y la equidad de esa vía se medirán en los detalles que todavía deben debatirse.
