El Gobierno de Yamandú Orsi enviará esta semana al Parlamento un proyecto de ley que permitiría jubilarse desde los 60 años a quienes acrediten 30 años de aportes. La iniciativa crea una causal jubilatoria nueva para personas de entre 60 y 65 años y deja la decisión en manos de cada trabajador: acogerse a esa opción o esperar hasta la edad general de retiro, fijada en 65 años.
El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, anunció la presentación tras una reunión del Consejo de Ministros. Según explicó, la propuesta surgió del Diálogo Social, un proceso de intercambio entre el Poder Ejecutivo, los partidos y distintos actores sociales que concluyó en abril y abordó desafíos estructurales de la protección social.
Una opción voluntaria, con reglas distintas según los ingresos
El diseño anunciado combina acceso anticipado con una protección reforzada para quienes cobran las jubilaciones más bajas. Sánchez afirmó que el 30 % de las jubilaciones de menor cuantía podría acceder a los 60 años en condiciones iguales o mejores que las previstas por el régimen vigente. El Gobierno presenta así la medida como una ampliación de opciones, no como un cambio obligatorio de la edad de retiro.
Para quienes perciben salarios altos, el adelanto también estaría disponible, pero tendría un costo: según el secretario, deberían resignar una parte de la jubilación que recibirían si esperaran hasta los 65. Ese ajuste busca compensar el mayor tiempo de percepción del beneficio y, en palabras del funcionario, contribuir a que el esquema sea sostenible. El proyecto deberá precisar cómo se calculará esa reducción y qué diferencias habrá entre los distintos tramos de ingresos.
El cambio reabre el debate sobre la reforma de 2023
La propuesta se inscribe en la discusión abierta por la reforma previsional aprobada durante el Gobierno de Luis Lacalle Pou, que elevó gradualmente la edad de retiro de 60 a 65 años. El nuevo proyecto no anuncia una derogación de ese marco: plantea incorporar una causal adicional para quienes cumplan el requisito de aportes. La edad de 65 años seguiría siendo la referencia general, mientras que el retiro a los 60 funcionaría como alternativa sujeta a condiciones.
La diferencia es relevante porque el debate uruguayo no se limita a elegir una edad: también enfrenta la suficiencia de las prestaciones con el costo que implica financiarlas durante más años. Una vía anticipada puede beneficiar a trabajadores con trayectorias de aportes completas que prefieran retirarse antes, pero su efecto dependerá de la fórmula de cálculo, la distribución de los subsidios y la cantidad de personas que opten por ella.
Antecedentes políticos y puntos pendientes
Tras la reforma de 2023, la central sindical PIT-CNT promovió un plebiscito que incluía el acceso a la jubilación desde los 60 años, un piso para las prestaciones vinculado al salario mínimo y la eliminación de las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional, con gestión exclusiva del Estado. La consulta no obtuvo los votos necesarios para implementar esos cambios. El proyecto del Gobierno retoma una de esas demandas, pero, según lo anunciado, lo hace mediante una causal específica y con condiciones diferenciadas, no a través de una modificación integral del sistema.
La discusión parlamentaria permitirá conocer el alcance concreto de la protección prometida al grupo de menores ingresos y el impacto financiero de la opción para quienes cobren más. También será decisivo establecer cómo se acreditarán los 30 años de aportes y qué ocurre con carreras laborales interrumpidas. Hasta que esos detalles se incorporen al texto y se evalúe su financiamiento, el anuncio define una dirección política, pero no permite anticipar cuántas personas podrán acogerse ni el costo total de la medida.
