El fiscal general del Estado, José Armando Urioste Viera, renovó parte de la estructura territorial del Ministerio Público al posesionar a siete de los nueve fiscales departamentales, apenas quince días después de asumir el cargo tras la salida de Róger Mariaca. La medida busca recomponer la conducción de una institución debilitada y preparar cambios de fondo durante una gestión transitoria.
Una transición con plazo definido
Los nuevos fiscales son Williams Ariel Sandy Copa, en Chuquisaca; Eddy Ordóñez Tapia, en Cochabamba; Fernando López Rojas, en Santa Cruz; Pablo Daniel Manrique Videla, en Potosí; Aníbal Giovanni Cabezas Flores, en Tarija; Franz Zulmer Villegas Chávez, en Oruro, y Orlando Aramayo Chávez, en Beni. Gabriel Quiroga Vargas, designado en La Paz, y Adriana Rodríguez Melena, en Pando, no asistieron al acto de posesión.
Urioste anunció que en un plazo de 90 días impulsará una reestructuración institucionalizada mediante un nuevo reglamento de convocatoria. El mecanismo prevé transparencia, exámenes de competencia, meritocracia, experiencia y una selección independiente, sin intervención directa del fiscal general. La propuesta intenta desplazar las designaciones discrecionales, aunque su credibilidad dependerá de la aplicación verificable de esos criterios y de la capacidad de sostenerlos frente a presiones políticas.
El fiscal general también fijó un horizonte operativo más inmediato: su equipo deberá mejorar la imagen del Ministerio Público en menos de 80 días. Durante la posesión, el vicepresidente Edmand Lara exigió que los fiscales investiguen con responsabilidad, defiendan a las víctimas y no persigan a adversarios políticos ni respondan a intereses partidarios. El Comité pro Santa Cruz, en tanto, reclamó que las asambleas legislativas departamentales participen en la elección de los fiscales regionales. La gobernadora en ejercicio de Santa Cruz, Paola Aguirre, pidió además acelerar la designación del nuevo fiscal general para evitar nuevas prórrogas.
