Milagros Marileisis Acosta Torres perdió la ciudadanía estadounidense después de que un tribunal federal de Miami determinara que la obtuvo de manera ilegal al ocultar su participación en una trama de fraude y lavado de dinero contra el casino Miccosukee Resort & Gaming. La decisión, emitida por la jueza Cecilia Altonaga, establece que la mujer mintió durante el proceso de naturalización y que su solicitud no habría sido aprobada si hubiese revelado los delitos en los que estaba involucrada.
El caso combina dos procesos jurídicos distintos: la condena penal por lavar dinero procedente de la estafa y la posterior anulación de la naturalización. La sentencia penal ya había reconocido su responsabilidad, mientras que el fallo de la corte federal concluyó que la ciudadanía fue concedida sobre una base fraudulenta. La medida no constituye por sí misma una orden de deportación, pero elimina la protección migratoria asociada a la ciudadanía y puede abrir la puerta a nuevos procedimientos ante las autoridades de inmigración.
Una red dentro del casino
El fraude se desarrolló entre el 29 de enero de 2011 y el 27 de mayo de 2015. Según la investigación, cuatro trabajadores del casino manipularon máquinas de juegos electrónicos para generar vales de crédito que después convertían en efectivo mediante cajeros automáticos instalados en el propio establecimiento.
Los empleados identificados fueron Michel Aleu, de 41 años; Lester Lavin, de 43; Yohander Jorrin Melhen, de 42, y Leonard Betancourt, de 46. La operación no se limitó a quienes trabajaban directamente con las máquinas. Las esposas de varios de ellos también fueron incorporadas al esquema para recibir, depositar y mover el dinero obtenido.
La participación de Acosta Torres consistía en abrir cuentas bancarias en JPMorgan Chase y Bank of America para ingresar el efectivo que le entregaba su esposo, Jorrin Melhen. Entre 2011 y 2014, depositó al menos 39.863 dólares en una de las cuentas y 16.830 dólares en la otra. La investigación sostiene que las otras mujeres siguieron un método semejante, aunque el expediente no detalla cuánto dinero llegó a manejar cada una.
El dinero terminó convertido en patrimonio familiar
El valor total de la defraudación al casino superó los 5,3 millones de dólares. En el caso específico de Acosta Torres, los fiscales establecieron que lavó 147.970 dólares sabiendo que procedían del robo. La pareja empleó parte de los recursos para comprar una vivienda en Miami, tres vehículos y planes de prepago universitario destinados a sus hijos.
El uso del dinero para adquirir bienes y cubrir gastos familiares ilustra una característica habitual de las investigaciones por lavado: los fondos no necesitan permanecer ocultos en efectivo para constituir un delito. También pueden integrarse en la economía formal mediante cuentas bancarias, compras inmobiliarias, vehículos o productos financieros. En este caso, la apertura de cuentas a nombre de la acusada permitió alejar el dinero del lugar donde se originó y darle una apariencia de actividad financiera ordinaria.
La mentira durante la naturalización
Acosta Torres solicitó la naturalización el 15 de agosto de 2015 y recibió la ciudadanía tres meses más tarde, cuando la trama del casino todavía estaba dentro del periodo investigado. El punto central del fallo migratorio fue que negó bajo juramento haber cometido delitos que no hubieran terminado en un arresto.
En el formulario N-400, que firmó bajo pena de perjurio, respondió “No” a la pregunta sobre si había cometido, ayudado a cometer o intentado cometer algún delito o infracción por el que no hubiera sido arrestada. La misma posición mantuvo durante la entrevista de naturalización. Para la jueza, esas respuestas no fueron una omisión menor, sino información falsa relacionada directamente con la evaluación de su idoneidad moral y con la legalidad de la ciudadanía concedida.
La acusación formal por lavado de dinero fue presentada en julio de 2019. Seis meses después, la migrante se declaró culpable y suscribió una declaración de hechos estipulada, en la que reconoció haber lavado el dinero procedente del casino. Fue condenada a seis meses de prisión, otros 36 meses de libertad supervisada y la restitución correspondiente a la cantidad lavada.
Qué significa perder la ciudadanía
La decisión judicial no castiga nuevamente los mismos hechos con una segunda pena de prisión. Su efecto es determinar que la naturalización nunca debió concederse porque se obtuvo mediante ocultamiento y falsedad. En términos jurídicos, la ciudadanía queda anulada por haber sido adquirida ilegalmente, una consecuencia excepcional que requiere demostrar una relación entre la conducta ocultada y la aprobación del trámite.
El caso también muestra que la revisión de una naturalización puede producirse años después de su aprobación. La ciudadanía no funciona como una barrera absoluta cuando las autoridades acreditan que el solicitante mintió en documentos oficiales o durante una entrevista bajo juramento. La existencia de una condena penal posterior proporcionó en este expediente una base probatoria especialmente relevante para reconstruir la participación de Acosta Torres antes y durante el trámite migratorio.
Por ahora, la sentencia penal no incluye una orden de deportación. Eso significa que la pérdida de la ciudadanía y una eventual expulsión del país no son decisiones idénticas ni necesariamente simultáneas. Cualquier paso migratorio posterior dependerá de actuaciones separadas y de la situación legal que corresponda a la acusada después de la anulación de su naturalización.
Una operación de millones con controles vulnerados
La magnitud del fraude pone el foco también en los controles internos del casino. La manipulación de máquinas, la generación de vales y su conversión repetida en efectivo exigieron la participación coordinada de trabajadores con acceso a los sistemas de juego y a los cajeros. El traslado posterior de los fondos a cuentas bancarias muestra que la operación no dependía de una sola persona, sino de una cadena que abarcaba la extracción, el cobro, el depósito y el uso de las ganancias.
La resolución contra Acosta Torres cierra una de las ramificaciones del caso, pero los datos disponibles describen una estructura más amplia, en la que varias familias participaron en distintos niveles. La cantidad total defraudada, los bienes adquiridos y la falsedad declarada durante la naturalización convierten el expediente en un ejemplo de cómo una investigación penal puede tener consecuencias civiles y migratorias muchos años después de los hechos.
