Estados Unidos conmemoró el primer aniversario de su plan para Gaza presentándolo como una vía hacia una paz duradera. Pero el balance sobre el terreno cuenta una historia más incompleta: desde el inicio de la tregua han muerto al menos 1.493 palestinos y otros 5.299 han resultado heridos, según el Ministerio de Salud de Gaza. La reconstrucción sigue sin comenzar a una escala acorde con las necesidades, y varios compromisos centrales del acuerdo continúan pendientes.
Un alto el fuego que no puso fin a las víctimas
El 13 de octubre, el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, atribuyó a la mediación de Donald Trump avances como el regreso de todos los rehenes israelíes, vivos y fallecidos; la creación de la Junta de Paz, y el establecimiento de una administración tecnocrática palestina. Washington también afirmó que aumentó la asistencia humanitaria y se redujo el desvío de suministros por Hamás, aunque no presentó cifras para medir esa reducción.
El reconocimiento oficial de que esos logros son “solo el comienzo” coincide con las advertencias de organismos internacionales. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló que los ataques israelíes continuaron durante el año y provocaron nuevas muertes y desplazamientos. La cifra acumulada de fallecidos desde el comienzo de la guerra, el 7 de octubre de 2023, llegó a 74.382, de acuerdo con el Ministerio de Salud gazatí.
La tregua también es una disputa sobre su cumplimiento
La ONU documentó ataques tanto cerca como lejos de la denominada línea amarilla, que delimitó las posiciones militares israelíes después del acuerdo, y alertó de posibles violaciones del derecho internacional humanitario. Israel sostuvo que sus operaciones se dirigieron contra combatientes de Hamás y otros grupos armados, a los que acusó de incumplir el alto el fuego. Hamás rechazó esas acusaciones y responsabilizó a Israel de obstaculizar la paz.
La divergencia no se limita a quién incumplió las condiciones: también afecta a qué significa que la tregua funcione. Para Washington, la liberación de los rehenes y la reducción de las operaciones militares a gran escala son resultados diplomáticos; para los organismos humanitarios, las muertes y los desplazamientos muestran que el cese del fuego no ha garantizado seguridad sostenida para la población civil. Ambas dimensiones deben considerarse para evaluar el alcance real del acuerdo.
Los compromisos pendientes definen la siguiente etapa
El plan de 20 puntos comenzó a concretarse el 9 de octubre de 2025, cuando Israel y Hamás aceptaron su primera fase. Cuatro días después, una cumbre internacional en Sharm el-Sheikh, Egipto, acompañó el proceso. Esa etapa permitió liberar a los rehenes israelíes y a cientos de presos y detenidos palestinos; las fases posteriores, sin embargo, avanzaron con mayor dificultad.
El desarme de Hamás, la retirada de las tropas israelíes y el despliegue de una fuerza internacional de estabilización siguen sin resolverse. Según Reuters, Israel conserva el control de aproximadamente dos tercios de Gaza, mientras la administración tecnocrática palestina, designada en enero de 2026, aún no ha podido ingresar al territorio para ejercer sus funciones. Sin autoridad efectiva sobre el terreno, la promesa de una nueva gobernanza permanece, por ahora, en el plano institucional.
El dinero anunciado queda lejos de la tarea
La brecha también es visible en la reconstrucción. La Junta de Paz anunció un programa inicial de 2.450 millones de dólares, frente a los 71.400 millones que organismos internacionales estiman necesarios durante la próxima década. La diferencia señala que anunciar fondos no equivale a disponer de recursos suficientes ni resuelve las condiciones de seguridad, acceso y administración que permitirían ejecutar las obras.
Al cumplir un año, el plan puede mostrar resultados concretos, especialmente la liberación de los rehenes, pero todavía no ha convertido la tregua en una paz consolidada ni en un proceso de recuperación viable. Su prueba más profunda será si logra transformar acuerdos diplomáticos en protección para la población, una administración capaz de operar y reconstrucción sostenida. Mientras esas condiciones sigan pendientes, el aniversario representa tanto un avance negociador como el recordatorio de los límites del alto el fuego.
