Un año de alto el fuego deja a Gaza atrapada entre la violencia residual y la emergencia humanitaria

Doce meses después de la entrada en vigor del alto el fuego en Gaza, la reducción de los bombardeos no se ha traducido en una recuperación estable para la población palestina. Las operaciones militares han disminuido, han cesado los desplazamientos forzosos masivos y han aumentado las entradas de camiones, pero persisten las restricciones territoriales, la escasez de alimentos y medicinas, el deterioro de los servicios básicos y la falta de condiciones para iniciar una reconstrucción amplia.

“No han cambiado muchas cosas en nuestra vida, pero el mundo ha dejado de hablar de nosotros”, afirma Mariam, una joven madre que vive en el centro de la Franja y cuya identidad y ubicación concreta se mantienen en reserva por motivos de seguridad. En los últimos meses ha logrado dormir algo mejor y ha incorporado un trabajo a su rutina, pero continúa desplazándose entre ruinas y campamentos. Su experiencia resume el alcance limitado de la tregua: una violencia menos intensa, sin el regreso de una vida normal.

Una tregua con resultados limitados

El alto el fuego comenzó en octubre del año pasado y se apoyó en un plan de paz de 20 puntos impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump. Según el balance recogido en el reportaje, sólo se han cumplido dos de sus compromisos: la liberación de los rehenes israelíes y la excarcelación de cientos de presos palestinos. El apartado que prevé la reconstrucción de Gaza “en beneficio del pueblo de Gaza” sigue sin materializarse de forma sustantiva.

Durante este periodo, los ataques aéreos israelíes se han reducido, aunque no han desaparecido. También han disminuido los desplazamientos masivos y se ha incrementado el flujo de ayuda. Sin embargo, las actividades militares continúan y los movimientos de la población siguen condicionados por la llamada Línea Amarilla, que separa las zonas bajo control militar israelí de aquellas administradas por Hamás. Las partes mantienen posiciones enfrentadas sobre la seguridad, el control territorial y la aplicación de los compromisos del acuerdo.

Un año de alto el fuego deja a Gaza atrapada entre la violencia residual y la emergencia humanitaria

El Monitor Euromediterráneo de Derechos Humanos sostiene que la mayor parte de los 2,2 millones de habitantes se concentra en aproximadamente el 30% de la Franja, mientras el resto permanece bajo control militar israelí. La organización describe esa zona como uno de los espacios de mayor densidad poblacional del mundo y denuncia una concentración deliberada de civiles. Estas afirmaciones forman parte de un contexto de acusaciones cruzadas sobre la conducción de la guerra y el cumplimiento del derecho internacional humanitario.

Bloqueo, pobreza y servicios esenciales al límite

Para Médicos Sin Fronteras, el principal obstáculo ya no es únicamente la intensidad de los ataques, sino la continuidad del bloqueo y la imposibilidad de restablecer la infraestructura necesaria para sostener la vida cotidiana. Joan Tubau, jefe de misión de la organización en los territorios palestinos ocupados, describe los últimos seis meses como un periodo de “absoluto estancamiento”. La entidad trabaja desde Ammán después de que las autoridades israelíes impidieran en febrero el registro de varias organizaciones internacionales en Gaza.

Tubau señala que la falta de combustible, gas y piezas de repuesto limita el transporte y paraliza equipos esenciales. También advierte de la escasez de generadores para las plantas desalinizadoras y de las restricciones a la entrada de material médico y medicamentos. La ayuda alimentaria ha aumentado, pero su composición no siempre responde a las necesidades más urgentes. “Es más fácil encontrar Nutella que insulina”, afirma, aludiendo a una distribución que puede permitir la llegada de determinados productos mientras mantiene dificultades para bienes médicos críticos.

La crisis económica agrava el problema. El Banco Mundial calcula que el 98% de la infraestructura bancaria ha resultado afectada por los bombardeos. Sólo dos cajeros automáticos funcionan parcialmente en todo el enclave, de modo que muchas personas deben recurrir a cambistas, con comisiones que pueden alcanzar entre el 40% y el 50% para obtener efectivo. La pérdida de empleos, ingresos y acceso al dinero convierte incluso la ayuda disponible en un recurso difícil de adquirir.

Hospitales abiertos, pero lejos de la capacidad necesaria

El sistema sanitario continúa operativo de forma fragmentaria gracias al trabajo de personal palestino que, según Médicos Sin Fronteras, mantiene los centros en funcionamiento pese a dormir en tiendas y trabajar con recursos mínimos. La organización advierte de que un hospital no necesita ser bombardeado para dejar de prestar atención: la falta de electricidad, suministros, fondos y personal también puede obligarlo a reducir o suspender sus servicios.

Un informe de Médicos por los Derechos Humanos de Israel indica que ninguno de los hospitales de Gaza trabaja a pleno rendimiento y que sólo 20 de los 36 funcionan parcialmente. Desde octubre del año pasado, la capacidad de cuidados intensivos habría pasado de 103 a 104 camas. El Ministerio de Salud gazatí afirma que, entre octubre de 2023 y julio de 2026, al menos 1.570 pacientes murieron mientras esperaban una evacuación médica, entre ellos 505 personas con cáncer y al menos 264 menores. Estas cifras proceden de autoridades sanitarias gazatíes y no han podido verificarse de forma independiente.

Víctimas, escombros y una reconstrucción aplazada

La violencia residual también ha dejado un saldo elevado. Según los datos citados en el reportaje, al menos 1.460 personas murieron y 5.116 resultaron heridas por tropas israelíes desde el 10 de octubre. Además, se estima que entre 8.000 y 10.000 cuerpos permanecen bajo los escombros. La ausencia de maquinaria pesada y el agotamiento de la población impiden retirar los restos con rapidez, mientras continúan las demoliciones en distintas zonas.

Naciones Unidas calcula que 1,98 millones de palestinos necesitan asistencia relacionada con la vivienda. Para quienes viven en tiendas, la llegada de otro invierno representa una amenaza adicional: la exposición al frío, la lluvia y la falta de alimentos mantiene la emergencia incluso cuando disminuye la intensidad de los ataques. En ese escenario, el alto el fuego ha contenido parte de la destrucción, pero no ha creado todavía las condiciones políticas, económicas y humanitarias necesarias para que Gaza abandone la supervivencia diaria.

Mariam resume esa contradicción al describir una guerra que, a su juicio, no ha terminado, aunque haya perdido presencia en la agenda internacional. Su intento de abandonar Gaza continúa sin éxito. La tregua ha reducido el nivel de violencia, pero mientras no se garanticen la circulación de ayuda, la atención sanitaria, la vivienda y un marco verificable para la reconstrucción, la pausa seguirá siendo para millones de personas una suspensión precaria de la emergencia, no el comienzo de la recuperación.