Un tribunal de Estados Unidos ordenó a Donald Trump declarar bajo juramento antes del 11 de diciembre en el proceso por difamación que el mandatario inició contra la BBC, según informó la propia cadena británica. La magistrada Enjoliqué Lett advirtió que el incumplimiento del nuevo plazo podría derivar en sanciones severas, incluida la desestimación definitiva de la demanda. La decisión obliga al expresidente a someterse a una diligencia que había aplazado y coloca su testimonio en el centro de la fase final de recopilación de pruebas.
La disputa se originó en la emisión del programa Panorama que presentó de manera incorrecta un fragmento del discurso pronunciado por Trump antes de los disturbios del Capitolio, en enero de 2021. La edición transmitida podía hacer parecer que distintas partes de sus declaraciones habían sido formuladas como un mensaje continuo, una alteración que la BBC reconoció posteriormente y por la que ofreció disculpas públicas. Trump sostiene que esa presentación dañó su reputación y constituye difamación.
Un plazo con consecuencias procesales
La orden judicial llega después de que Trump pospusiera una cita anterior para testificar con el argumento de que debía atender compromisos de importancia nacional. Sin embargo, los abogados de la BBC presentaron ante el tribunal información según la cual el expresidente había priorizado actividades de campaña política en Georgia y actos de recaudación de fondos en su residencia de Mar-a-Lago.
La diferencia entre una obligación oficial y una actividad política resulta determinante para la valoración judicial del aplazamiento. Al fijar una fecha límite concreta, la magistrada no solo busca completar una diligencia pendiente, sino también evitar que el calendario del litigio quede subordinado a la agenda pública del demandante. La advertencia sobre una posible desestimación eleva el costo procesal de una nueva ausencia y reduce el margen para futuras postergaciones.
La representación legal de Trump rechazó que exista una intención de eludir el procedimiento. En respuesta a la orden, propuso que la declaración se programe entre el 11 y el 22 de enero del año próximo, una alternativa que, de aceptarse, desplazaría el testimonio más allá del límite establecido por el tribunal. La diferencia entre ambas posiciones refleja el principal punto de fricción inmediata: mientras la defensa del expresidente busca ampliar el calendario, la BBC pretende que el proceso avance dentro del periodo previsto.
El valor de la declaración
En el sistema judicial estadounidense, una declaración tomada fuera de la sala del tribunal conserva pleno valor probatorio. Las respuestas se formulan bajo juramento ante los abogados de las partes, son registradas por un taquígrafo y pueden incorporarse posteriormente al expediente del juicio. La diligencia permite a los litigantes precisar los hechos que sostienen sus argumentos, identificar contradicciones y determinar qué elementos deberán ser examinados en una eventual fase de juicio.
Por esa razón, el testimonio de Trump no constituye un trámite meramente formal. La defensa de la BBC podrá interrogarlo sobre el supuesto daño causado por la emisión, la base factual de su demanda y las circunstancias en que tuvo conocimiento del segmento transmitido. También podrá explorar qué pruebas vinculan la edición del programa con una afectación concreta a su reputación. La solidez de esas respuestas puede influir tanto en la continuidad del caso como en la evaluación de los daños reclamados.
El interrogatorio se produce cuando la etapa de descubrimiento de pruebas se aproxima a su conclusión. En esta fase, cada parte solicita documentos, intercambia información y toma declaraciones para delimitar los hechos controvertidos antes de que el juez determine si el litigio puede avanzar. Cualquier retraso adicional podría afectar ese calendario y aumentar la presión sobre el tribunal para imponer medidas que permitan cerrar la recolección de pruebas.
Los argumentos de la BBC
La cadena británica ha solicitado que el caso sea sobreseído con base en dos argumentos principales. El primero es que la emisión, aun admitiendo el error de edición, no reúne los requisitos legales de una declaración difamatoria. El segundo sostiene que el programa no estuvo disponible para el público dentro del territorio estadounidense, un elemento que la BBC considera relevante para establecer jurisdicción, publicación y eventual perjuicio.
La empresa también logró que se retiraran los cargos contra BBC Studios, su filial comercial. El equipo legal de Trump reconoció que no contaba con pruebas de que esa división hubiera difundido el contenido en plataformas locales ni de que hubiera participado en la producción del documental. La exclusión de la filial acota el litigio y concentra la disputa en las entidades y actuaciones que puedan vincularse directamente con la emisión cuestionada.
El caso combina así una controversia sobre responsabilidad editorial con exigencias estrictamente procesales. La BBC ya admitió el error y presentó disculpas, pero ese reconocimiento no determina por sí solo que exista responsabilidad civil por difamación. Para que la demanda prospere, Trump tendría que superar los obstáculos relativos al contenido presuntamente falso, su publicación, el daño alegado y los estándares aplicables a las declaraciones sobre una figura pública. La declaración ordenada por el tribunal podría aportar elementos decisivos para evaluar esas cuestiones.
