Tres mujeres murieron entre marzo y septiembre de 2026 durante procedimientos para retirar o transferir grasa en establecimientos de Reynosa, Puebla y Ciudad de México. Las investigaciones avanzan de manera desigual: en algunos casos se reportaron órdenes de captura o detenciones, mientras que en otros las autoridades han documentado irregularidades sanitarias sin informar arrestos. Los hechos conocidos no constituyen un registro nacional completo de muertes vinculadas con cirugía estética.
El caso más reciente es el de Dulce María García, de 35 años, quien falleció el 11 de septiembre durante una liposucción en un inmueble de la colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez. El lugar se promocionaba como Pink Glow Clinic y también fue identificado como Médica LV, aunque su fachada no lo presentaba como clínica. Según testimonios familiares difundidos por medios, quienes estaban a cargo se retiraron después de que surgieron complicaciones; el cuerpo fue encontrado horas más tarde.

El acta de defunción difundida por la prensa consignó edema cerebral y pulmonar, pero esos datos no determinan por sí solos qué desencadenó las complicaciones. La familia había sido informada de una pérdida considerable de sangre. El 14 de octubre, medios especializados reportaron la detención de dos mujeres, entre ellas Sonia “N”, por su presunta relación con los hechos. Al cierre de la información, la Fiscalía capitalina no había comunicado oficialmente detenciones.
Casos con pesquisas y controles pendientes
En Puebla, Blanca Adriana Vázquez, de 37 años, acudió el 18 de mayo con su esposo a la clínica Detox para pedir información y, de acuerdo con su familia, fue convencida de someterse al procedimiento ese mismo día. Desapareció tras entrar al establecimiento. Su cuerpo fue hallado tres días después en una zanja de Atltzayanca, Tlaxcala. La necropsia reportada por medios atribuyó la muerte a un paro cardiorrespiratorio asociado con una sobredosis de anestésicos.
Las autoridades sanitarias suspendieron Detox por irregularidades en sus permisos; la persona señalada como responsable de los procedimientos no tenía cédula profesional médica registrada. En julio, la Fiscalía de Puebla emitió órdenes de aprehensión y gestionó alertas rojas de Interpol contra Diana Alejandra “N” y su hijo, Carlos “N”. También investigaba a una tercera persona. Hasta el 15 de octubre, el Registro Nacional de Detenciones no confirmaba que los señalados hubieran sido capturados.
En Reynosa, Esmeralda “N”, de 27 años, murió el 25 de marzo durante una liposucción con transferencia de grasa a los glúteos en MedQuin. Los primeros reportes mencionaron una caída de la saturación de oxígeno y un paro cardiorrespiratorio; una posible embolia grasa figuró entre las líneas iniciales de investigación, no como causa confirmada. La autoridad sanitaria estatal informó que el establecimiento carecía de licencia y registro oficial. No se habían identificado públicamente detenciones relacionadas con el caso.
Un cuarto fallecimiento, con circunstancias no confirmadas
El 29 de septiembre, Areli Guadalupe Flores murió durante una visita al Reclusorio Oriente, en Iztapalapa. La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que tuvo dificultades para respirar y que fue trasladada al servicio médico, donde se confirmó su muerte. Familiares señalaron que padecía hipertensión y que el día anterior se había sometido a una liposucción.
Un medio publicó que la intervención habría ocurrido dentro de una celda y que la habría realizado un cirujano preso en el mismo penal. Esa versión no figura en el comunicado de la SSC y no ha sido corroborada oficialmente. La Fiscalía capitalina investiga el fallecimiento; la autoridad no precisó una causa médica de muerte. La diferencia entre el relato oficial disponible y la versión periodística mantiene sin esclarecer las circunstancias de la operación.
Los expedientes muestran por qué las irregularidades administrativas y las responsabilidades penales deben distinguirse: la falta de permisos acredita deficiencias regulatorias, pero no establece por sí sola cómo ocurrió una muerte ni quién es responsable. En marzo de 2026, tres médicos fueron vinculados a proceso por la muerte de una paciente en una clínica de Toluca en 2021; ese antecedente ilustra que las pesquisas pueden prolongarse años. Una investigación de Animal Político y CONNECTAS documentó 121 muertes relacionadas con procedimientos estéticos entre 2014 y 2025. Sin una base pública nacional, no es posible determinar cuántas víctimas hubo en 2026.


