El Ayuntamiento de Tarragona ha comenzado a analizar el ADN de los excrementos de perro abandonados en la vía pública para identificar a los animales y tramitar multas contra sus propietarios. La sanción prevista por no recoger las deposiciones asciende a 100 euros. El sistema se apoya en un censo genético obligatorio que ya reúne a unos 2.500 perros, aproximadamente una cuarta parte de los animales que, según las estimaciones municipales, viven en la ciudad.
La medida convierte un problema habitual de limpieza urbana en un procedimiento de identificación individual. Cuando el perfil genético obtenido de una muestra coincide con el de un perro registrado, los servicios municipales pueden vincular la deposición con el animal y, a partir de ese dato, localizar a su propietario. La iniciativa busca reforzar el cumplimiento de una obligación que hasta ahora dependía principalmente de la vigilancia directa y de la colaboración ciudadana.
Un procedimiento con intervención policial
La recogida de las muestras la realizan conjuntamente un técnico de la empresa ADN Canino y un agente de la Guardia Urbana. El equipo toma una pequeña cantidad de materia fecal con un bastoncillo y la introduce en un tubo que contiene un líquido especial para conservar el material genético. El procedimiento queda documentado en un acta policial con la fecha, la hora y el lugar exacto de la intervención, además de una fotografía de la deposición.
La documentación pretende asegurar que cada muestra pueda relacionarse con un punto concreto y con unas circunstancias verificables. Una vez terminada la toma, los servicios municipales limpian la zona. De este modo, la actuación combina tres objetivos distintos: retirar el residuo, preservar la evidencia necesaria para el análisis y dejar constancia administrativa de la posible infracción.
En el laboratorio, las muestras se procesan mediante técnicas como la reacción en cadena de la polimerasa, conocida como PCR, y la electroforesis capilar. Estos procedimientos permiten obtener un perfil genético del animal y compararlo con la información almacenada en el registro municipal. El análisis suele requerir alrededor de 21 días, aunque el equipo encargado del proyecto espera acortar los plazos durante esta primera fase.
Un registro todavía incompleto
La eficacia del sistema depende directamente de la amplitud del censo genético. Los aproximadamente 2.500 perros registrados representan solo una cuarta parte del total estimado en Tarragona. Por ello, una muestra puede corresponder a un animal no incorporado a la base de datos y no producir de inmediato una identificación del responsable.
Este límite no invalida el mecanismo, pero condiciona su capacidad sancionadora. Cuanto mayor sea la proporción de perros censados, más posibilidades habrá de encontrar coincidencias y de que el análisis se traduzca en una multa concreta. En la etapa actual, el registro funciona tanto como herramienta de control como infraestructura que deberá ampliarse para que la estrategia alcance una cobertura significativa.
El censo genético también desplaza parte de la responsabilidad hacia los propietarios antes de que se produzca una infracción. Registrar al animal deja de ser únicamente un trámite administrativo y pasa a ser la condición que permite identificarlo si sus deposiciones aparecen en la calle. Esa relación entre registro y eventual sanción puede favorecer una mayor participación, aunque también hace relevante la claridad con la que el Ayuntamiento informe sobre el procedimiento y sus obligaciones.
Las muestras sin coincidencia también aportarán información
Cuando el material recogido no coincida con ningún perro incluido en el censo, la muestra no quedará necesariamente sin utilidad. El Ayuntamiento prevé emplear esos datos para elaborar un mapa de calor de las zonas donde se acumulan más excrementos. La información permitirá localizar puntos especialmente afectados y observar si existen patrones de repetición en determinados espacios y horarios.
Ese componente de análisis urbano amplía el propósito inicial del proyecto. La base genética puede servir para investigar infracciones individuales, mientras que la distribución de las muestras ofrece una imagen más amplia del problema de limpieza. Con ella, el consistorio podría orientar mejor las labores de vigilancia y limpieza, concentrándolas en las áreas donde el abandono se repite con mayor frecuencia.
La ausencia de coincidencia también puede revelar una limitación operativa: no saber quién dejó una deposición no significa que el problema desaparezca, sino que puede indicar que el animal todavía no está registrado. Por eso, el mapa y el censo cumplen funciones complementarias. Uno identifica los lugares y tendencias; el otro proporciona la posibilidad de atribuir responsabilidades concretas.
Una medida de prevención y control
El objetivo municipal es mejorar la salubridad de los espacios públicos y reforzar la responsabilidad de quienes tienen mascotas. La multa de 100 euros introduce una consecuencia económica para una conducta que afecta a peatones, residentes y servicios de limpieza, pero el alcance de la iniciativa dependerá de que el sistema logre combinar identificación, tramitación de las sanciones y una cobertura suficiente del registro.
En esta fase inicial, Tarragona ensaya una forma de control basada en evidencias que puede reducir la dependencia de que un agente presencie directamente el abandono. Al mismo tiempo, los primeros resultados permitirán comprobar cuánto tarda realmente el análisis, con qué frecuencia aparecen coincidencias y si la información territorial ayuda a prevenir nuevas acumulaciones. Esos datos serán determinantes para valorar el impacto práctico de una medida que pretende convertir un residuo difícil de atribuir en una infracción documentada.
