Sinaloa de Leyva, Sinaloa. El Ayuntamiento de Sinaloa no ha recibido hasta ahora denuncias formales de habitantes de la sindicatura de San José de Gracia por presuntos abusos atribuidos a elementos del Ejército Mexicano, pese a los señalamientos difundidos públicamente por vecinos de esa comunidad. La administración municipal aseguró que permanece atenta a cualquier reporte que pudiera presentarse y que está abierta a brindar atención a la población.
El secretario del Ayuntamiento de Sinaloa, Radamés Véliz Quintero, explicó que la información sobre la supuesta actuación irregular de los militares ha llegado a las autoridades municipales únicamente a través de los medios de comunicación. Precisó que ninguna persona se ha acercado al gobierno local para presentar una queja oficial relacionada con revisiones, toma de fotografías, daños a bienes o cualquier otra conducta atribuida al personal castrense.
El funcionario también indicó que los agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal asignados a esa región tampoco han recibido señalamientos de los habitantes. Añadió que los elementos municipales no han participado en los operativos realizados por las fuerzas armadas, por lo que el Ayuntamiento no cuenta con información directa sobre las acciones denunciadas ni con elementos propios para confirmar o descartar los hechos.
Vecinos señalan revisiones y daños a maquinaria
Las acusaciones fueron difundidas de manera anónima por vecinos de San José de Gracia, quienes señalaron que un grupo de elementos del Ejército llegó a la localidad para brindar seguridad a la empresa que opera la mina ubicada en esa zona. De acuerdo con los testimonios recogidos por Línea Directa, la presencia militar habría derivado en acciones que los pobladores consideran abusivas y que, según su versión, afectan tanto su privacidad como sus bienes.
Entre los hechos denunciados se encuentra la toma de fotografías de los habitantes y de sus documentos personales durante supuestas revisiones. Los inconformes también acusaron a los soldados de haber vandalizado maquinaria propiedad de algunos ejidatarios. Los vecinos solicitaron la intervención de autoridades estatales y federales para revisar lo ocurrido y determinar si existieron responsabilidades.
Hasta el momento, los testimonios difundidos no han sido acompañados públicamente por una denuncia identificable ante el Ayuntamiento de Sinaloa ni por una postura de la autoridad militar señalada. Esta ausencia de una queja formal impide establecer, con base en un expediente oficial, cuándo habrían ocurrido los hechos, cuántas personas estarían afectadas, qué elementos participaron o cuál habría sido el alcance de los daños reportados.
El municipio delimita su participación
Véliz Quintero subrayó que la relación del gobierno municipal con los habitantes de San José de Gracia se mantiene principalmente en el ámbito social y de prestación de servicios. Explicó que el Ayuntamiento se coordina para atender necesidades de la población, pero no tiene injerencia en las operaciones de seguridad que llevan a cabo las fuerzas armadas en la localidad.
“No hemos tenido ningún reporte, nada más lo que hemos leído en la prensa; nosotros no tenemos ninguna injerencia con ellos. Lo que sí, nosotros nos coordinamos para darles servicio ahí a la gente, nada más en lo social, pero como te comento, no tenemos ningún reporte oficial”, declaró el secretario municipal.
La precisión resulta relevante porque la falta de participación de la Policía Municipal en los operativos limita la capacidad del gobierno local para ofrecer una reconstrucción independiente de los acontecimientos. Al mismo tiempo, la inexistencia de reportes ante esa instancia no significa por sí misma que las denuncias sean falsas, ya que los habitantes pueden acudir directamente a autoridades estatales, federales, organismos de derechos humanos u otras vías de procuración de justicia.
Autoridades esperan una denuncia documentada
El Ayuntamiento manifestó que atenderá cualquier queja que sea presentada por los pobladores. Para que una investigación avance, las autoridades necesitarían contar con información verificable, como fechas, lugares específicos, nombres o características de los presuntos responsables, fotografías, videos, documentos revisados, testimonios y una descripción de los daños ocasionados a la maquinaria ejidal.
La documentación de esos elementos permitiría diferenciar entre una denuncia por actos de molestia, una posible afectación a la propiedad y eventuales violaciones a derechos fundamentales. También ayudaría a definir qué autoridad es competente para investigar cada hecho, especialmente porque los señalamientos involucran a personal militar y ocurren en un contexto de seguridad alrededor de una actividad minera.
Mientras no exista una queja formal o un pronunciamiento de las instituciones señaladas, la información disponible se mantiene en el terreno de los testimonios anónimos y de la versión municipal sobre la falta de reportes. El caso deja abierta la necesidad de que cualquier autoridad que reciba una denuncia garantice confidencialidad a los afectados, preserve las posibles evidencias y ofrezca una respuesta clara sobre las acciones emprendidas.
Por ahora, el gobierno de Sinaloa de Leyva sostiene que no ha recibido acusaciones oficiales, pero reconoce que está enterado de la preocupación expresada por habitantes de San José de Gracia a través de los medios. La atención del caso dependerá de que los pobladores formalicen sus señalamientos y de que las instancias competentes esclarezcan si las revisiones, la toma de imágenes y los daños a maquinaria ocurrieron en las circunstancias descritas.
