La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó este lunes de “muy irresponsable” el operativo antidrogas realizado en abril en Chihuahua en el que participaron agentes estadounidenses sin la autorización prevista por la legislación mexicana. La operación terminó con la muerte de dos funcionarios mexicanos y dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, después de que el vehículo en el que viajaban cayera a un barranco en la Sierra Tarahumara.
El caso adquirió una nueva dimensión tras la detención, el sábado, del entonces fiscal de Chihuahua, César Gustavo Jáuregui. La Fiscalía estatal lo investiga por presuntos delitos relacionados con el ejercicio del servicio público, mientras que la Fiscalía General de la República obtuvo una orden de aprehensión por traición a la patria. De acuerdo con la investigación federal, Jáuregui habría permitido la intervención de personal extranjero en actividades reservadas a las autoridades mexicanas.
Una operación fuera del ámbito estatal
Sheinbaum sostuvo que el problema no se limitó a la presencia de agentes estadounidenses. También cuestionó que autoridades estatales hubieran intervenido en un operativo contra un laboratorio clandestino de drogas sintéticas, pese a que ese tipo de acciones corresponde a las instituciones federales mexicanas. “¿Cómo van en la madrugada o en la noche a un operativo que ni siquiera tienen atribuciones para ir a ver un laboratorio?”, preguntó durante su conferencia matutina.
La declaración coloca dos posibles incumplimientos en el centro del expediente: la falta de competencia de la fiscalía estatal para dirigir la intervención y la ausencia de autorización para que agentes extranjeros participaran directamente en tareas operativas dentro del territorio nacional. La combinación de ambos factores transforma el accidente en un asunto institucional, porque plantea dudas sobre quién ordenó la misión, bajo qué cadena de mando se ejecutó y qué controles de seguridad se aplicaron.
El expediente contra el exfiscal
Jáuregui renunció el 27 de abril, después de reconocer fallos institucionales en los mecanismos de información y supervisión relacionados con la colaboración extranjera. Para Sheinbaum, la responsabilidad política y jurídica resulta especialmente grave porque el funcionario encabezaba una institución encargada de procurar justicia. “¿Cómo un fiscal que tiene la responsabilidad de la procuración de justicia es el primero que viola la ley?”, expresó.
La presidenta indicó que las fiscalías estatal y federal colaboran en las investigaciones, aunque advirtió que todavía existen otras pesquisas contra el exfuncionario cuyos detalles no han sido divulgados. La existencia de órdenes de aprehensión distintas sugiere que el caso podría abarcar más que la autorización irregular del operativo: también podrían revisarse decisiones administrativas, comunicaciones oficiales, protocolos de coordinación y eventuales responsabilidades derivadas del accidente.
La investigación deberá establecer si los agentes estadounidenses actuaban bajo un acuerdo formal de cooperación, si recibieron autorización de las instancias federales competentes y qué información conocían las autoridades locales antes de movilizarse. También será determinante precisar quién tenía el control operativo durante la incursión y si se evaluaron los riesgos del desplazamiento por una zona montañosa. Sin esas respuestas, la controversia seguirá dividida entre la dimensión legal y la explicación de las fallas que precedieron al siniestro.
Cooperación internacional bajo escrutinio
La participación de agentes extranjeros en labores de seguridad es uno de los puntos más delicados de la relación bilateral. México mantiene canales de cooperación con Estados Unidos para combatir el tráfico de drogas y el crimen organizado, pero esa colaboración está limitada por normas nacionales que reservan las operaciones de seguridad a las instituciones mexicanas y establecen condiciones para la actividad de personal extranjero.
El episodio muestra el riesgo de que la cooperación operativa avance más rápido que los controles institucionales. Una coordinación informal o insuficientemente documentada puede producir una doble vulnerabilidad: expone a los agentes participantes a peligros que no fueron evaluados por una autoridad central y, al mismo tiempo, permite que una operación sea cuestionada por falta de competencia o autorización. En este caso, la muerte de cuatro personas vuelve más severas las preguntas sobre la supervisión y la rendición de cuentas.
El contexto político de la disputa
La polémica ocurre en un momento de tensión constante entre México y Estados Unidos por la seguridad fronteriza y el tráfico de fentanilo. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha reiterado que partes del territorio mexicano están bajo control de los cárteles y ha reclamado mayores resultados contra el narcotráfico. Sheinbaum ha respondido que México coopera con otros países, pero defiende la soberanía nacional y rechaza cualquier intervención que ignore las leyes mexicanas.
En ese contexto, el caso de Chihuahua puede ser utilizado por ambos gobiernos para reforzar posiciones opuestas. Washington podría presentarlo como una muestra de la necesidad de una coordinación más estrecha frente a organizaciones criminales con capacidad para operar en zonas remotas. El Gobierno mexicano, en cambio, tiene incentivos para demostrar que la cooperación solo puede desarrollarse mediante canales federales, con autorización expresa y bajo mando nacional.
La respuesta judicial será observada más allá de Chihuahua. Si se confirma que agentes estadounidenses participaron sin permiso y en una operación que correspondía a autoridades federales, el expediente podría impulsar una revisión de los protocolos de cooperación y de los mecanismos de supervisión de las fiscalías estatales. Si además se acreditan fallas en la planeación o en la cadena de mando, el debate dejará de centrarse únicamente en la conducta de un exfiscal y alcanzará la forma en que México coordina sus acciones contra el crimen organizado.
