Las autoridades rusas confirmaron este martes la detención en la isla de Sajalín, en el Lejano Oriente, de Yuki Imai, corresponsal del diario japonés Hokkaido Shimbun. El Servicio Federal de Seguridad (FSB) lo acusa de espionaje y sostiene que recopiló información sobre la capacidad defensiva rusa y sobre residentes de las islas Kuriles movilizados o incorporados como voluntarios a la guerra contra Ucrania. Imai permanecerá en prisión preventiva hasta el 12 de diciembre, según fuentes policiales citadas por Interfax.
La acusación del FSB
En un primer comunicado, el FSB afirmó que el periodista había recabado y almacenado datos relacionados con la defensa del país por encargo de los servicios de inteligencia japoneses y con el propósito de utilizarlos contra la seguridad de la Federación Rusa. La agencia indicó que Imai estaba acreditado ante el Ministerio de Exteriores ruso y trabajaba para la redacción del periódico en Yuzhno-Sajalinsk, capital regional.
Según la versión oficial, fue detenido en un hotel de Sajalín cuando se preparaba para abandonar Rusia en avión. Durante el registro, los agentes encontraron documentos calificados como «para uso oficial». Después fue trasladado a Moscú. El servicio de instrucción del FSB abrió una causa penal en virtud del artículo 276 del Código Penal ruso, que tipifica el espionaje. Un tribunal del distrito moscovita de Lefórtovo decretó su arresto cautelar.

En una segunda nota, el organismo detalló que la información presuntamente recopilada se refería al número de movilizados y voluntarios de las islas Kuriles que participan en la denominada «operación militar especial», el término empleado por Moscú para la invasión de Ucrania. El FSB sostuvo que Imai recibió esos datos de habitantes locales y sabía que eran clasificados y no podían divulgarse. También aseguró que el reportero habría reconocido ante personas de su entorno contactos con la inteligencia japonesa.
Estas afirmaciones proceden de las autoridades rusas. La información difundida no incluye detalles que permitan evaluar de manera independiente la naturaleza de los documentos hallados, el modo en que se obtuvo el material ni las pruebas que sustentan la acusación de colaboración con un servicio de inteligencia. La distinción es relevante: recopilar información en el ejercicio periodístico y acceder a secretos de Estado son conductas diferentes, y determinar si hubo delito corresponde al proceso judicial.
Tokio pide información y garantías
El Ministerio de Exteriores ruso criticó a Tokio por, según su interpretación, utilizar a corresponsales acreditados para reunir información y socavar la seguridad nacional. La portavoz de la cartera, María Zajárova, afirmó que el caso no era un incidente aislado y advirtió de que podría deteriorar aún más las relaciones bilaterales.
El Gobierno japonés, por su parte, ha solicitado a Moscú información sobre la detención y un proceso justo para el periodista. La respuesta pública de Tokio se produce en un contexto de relaciones tensas: Japón se sumó a las sanciones económicas occidentales contra Rusia tras la invasión de Ucrania, mientras ambos países mantienen una disputa territorial de larga data por las Kuriles, bajo control ruso y reclamadas por Japón.
La ubicación y el objeto de la investigación conectan así el caso con dos frentes sensibles para Moscú y Tokio. Las autoridades rusas dicen que la información concernía a la actividad militar y a datos reservados de residentes de las islas. Japón, en cambio, ha centrado su petición pública en conocer las circunstancias de la detención y asegurar garantías judiciales. Por ahora, no se han divulgado públicamente elementos que permitan contrastar las versiones o precisar qué actividad concreta atribuye Rusia al periodista.
Un antecedente que pesa en la cobertura extranjera
El caso evoca la detención del corresponsal estadounidense Evan Gershkovich, de The Wall Street Journal. En julio de 2024, un tribunal ruso lo condenó a 16 años de cárcel por espionaje, al sostener la acusación que había reunido información secreta sobre la industria militar rusa en Yekaterimburgo por encargo de la CIA. Gershkovich, detenido en marzo de 2023, fue liberado en un intercambio de prisioneros en agosto de 2024. La comparación aporta contexto, pero no demuestra que las causas tengan las mismas pruebas o circunstancias.
La desconfianza entre los dos países también se ha agravado por la disputa sobre las Kuriles, cuya soberanía enfrenta a Moscú y Tokio desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Rusia considera las islas parte de su territorio; Japón reclama algunas de ellas. En agosto pasado, Vladímir Putin se reunió con habitantes de Iturup, llamada Etorofu en Japón, y recordó a los soldados caídos en la operación soviética de septiembre de 1945, librada incluso después de que la guerra hubiera terminado oficialmente.
Tokio protestó entonces por la visita y convocó al embajador ruso, Nikolai Nozdriev, ante el ministro de Exteriores japonés, Toshimitsu Motegi. La detención de Imai añade un nuevo foco de fricción a ese historial. Su evolución dependerá tanto de las decisiones judiciales y las pruebas que se presenten como de la respuesta diplomática de ambos gobiernos. Mientras el periodista permanece bajo custodia, las acusaciones del FSB siguen siendo la versión oficial rusa y Japón reclama información y garantías para su ciudadano.

