Alejandro Rocha Laureano, excomandante de la extinta Policía Judicial de Puebla, salió este miércoles 14 de octubre del penal de Cancún, Quintana Roo, después de que un juez determinara que había cumplido la pena de cinco años y seis meses de prisión impuesta por torturar a la periodista Lydia Cacho. La decisión se basó en el tiempo que permaneció recluido antes de recibir sentencia, según informó Periódico Central.
Rocha Laureano estaba privado de la libertad desde el 4 de diciembre de 2018. Artículo 19 México y Centroamérica precisó que su excarcelación obedece al cumplimiento total de la condena y no equivale a una declaración de inocencia. La organización también advirtió que el proceso penal contra otros dos probables responsables sigue abierto y que la salida del exmando no debe interferir en esos procedimientos.
La condena y el alcance de la liberación
La resolución judicial no anuló la sentencia ni modificó la responsabilidad penal atribuida a Rocha Laureano. Determinó que el periodo que pasó en prisión preventiva debía computarse para el cumplimiento de la pena. Por ello, el juez consideró que ya había cubierto los cinco años y seis meses impuestos, aunque la condena se hubiera dictado después de su ingreso en prisión.
En su pronunciamiento, Artículo 19 sostuvo que la liberación “no implica un reconocimiento de inocencia”. La distinción es relevante en un caso con varios expedientes y personas señaladas: el cumplimiento de una pena individual no resuelve las causas pendientes ni sustituye las decisiones que correspondan a los tribunales sobre otros posibles participantes.
La organización, que ha acompañado jurídicamente a Cacho durante más de 15 años, dijo que permanece a la espera de una sentencia justa en los procesos aún en curso. También pidió que la salida de Rocha Laureano no afecte el avance de las investigaciones contra los otros dos probables responsables. El estado procesal de esas causas no fue detallado en la información difundida sobre la excarcelación.
De la detención de Cacho a la causa penal
La investigación se remonta a diciembre de 2005, cuando Cacho fue detenida en Cancún por agentes de la Policía Judicial de Puebla. La detención se produjo a raíz de una denuncia por difamación y calumnias presentada en Puebla por el empresario Kamel Nacif, después de la publicación de Los demonios del Edén. En el libro, la periodista documentó una red de explotación sexual infantil y expuso presuntos vínculos entre empresarios, políticos y esos delitos.
Cacho fue trasladada por carretera a Puebla en un recorrido de más de 20 horas, de aproximadamente mil 500 kilómetros. La periodista denunció que durante el trayecto estuvo incomunicada, recibió amenazas de muerte y sufrió violencia física, psicológica y sexualizada. Sostuvo que los agentes pretendían obligarla a retractarse de lo publicado. La investigación federal atribuyó a Rocha Laureano participación en el operativo y lo ubicó entre los mandos que intervinieron en el relevo de los policías durante el traslado.
Rocha Laureano fue detenido el 4 de diciembre de 2018 en Puebla por agentes de la Agencia de Investigación Criminal, entonces adscrita a la Procuraduría General de la República, en cumplimiento de una orden de aprehensión por tortura. En ese momento seguía formando parte de la Fiscalía General del Estado de Puebla. En 2021, un juez federal rechazó que enfrentara el juicio en libertad, al considerar la gravedad del delito imputado.
Un caso con responsabilidades aún pendientes
Las conversaciones telefónicas atribuidas al entonces gobernador poblano Mario Marín y a Nacif, difundidas años después de la detención, pusieron el caso en el centro de la atención pública. En los audios hablaban de la detención de Cacho; su difusión contribuyó a que Marín fuera conocido como el “góber precioso” y llevó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a abrir una investigación sobre los hechos. Las grabaciones forman parte del contexto público del caso, pero los procedimientos contra los distintos señalados deben resolverse por separado.
En 2019, el Estado mexicano ofreció una disculpa pública a Cacho y se giraron órdenes de aprehensión contra Marín, Nacif y Hugo Karam, exdirector de la Policía Judicial de Puebla. Marín fue detenido en febrero de 2021. En agosto de 2024 obtuvo prisión domiciliaria, pero un tribunal federal revocó el beneficio semanas después, tras recursos de la Fiscalía General de la República y de la representación legal de Cacho. El exgobernador fue reingresado al penal federal de El Altiplano.
En julio de 2026 circularon versiones sobre una nueva liberación o un cambio a prisión domiciliaria para Marín. Cacho las desmintió en redes sociales y afirmó que seguía recluido en El Altiplano. La situación de Marín es distinta de la de Rocha Laureano: la excarcelación del excomandante deriva del cómputo de su condena, mientras que el exgobernador permanece sujeto a su propio proceso.
Los señalamientos internacionales sobre impunidad
El Comité de Derechos Humanos de la ONU concluyó el 31 de julio de 2018 que la detención de Cacho fue arbitraria y que México vulneró sus derechos a la libertad personal, la integridad, la libertad de expresión y a no ser sometida a tortura ni discriminada por razones de género. El organismo pidió una investigación imparcial, pronta y exhaustiva, así como procesar y sancionar adecuadamente a quienes participaron en las agresiones. El caso llegó al Comité mediante una petición presentada por Artículo 19 en octubre de 2014.
En 2021, ONU Mujeres y la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos alertaron sobre el riesgo de impunidad y solicitaron que las investigaciones alcanzaran tanto a los responsables directos como a los autores intelectuales. También señalaron el componente de género de las agresiones denunciadas, incluidos los comentarios sexualizados durante la detención. En ese marco, el cumplimiento de la condena de Rocha Laureano cierra una etapa de su situación penal, pero no resuelve las causas pendientes ni las obligaciones de investigar el conjunto de los hechos.
