El estado de Puebla sumará dos aeronaves no tripuladas a la segunda fase del sistema de videovigilancia de la autopista 150, donde ya operan 106 cámaras en el tramo entre Puebla y Esperanza. El gobierno estatal informó que los equipos transmitirán imágenes en tiempo real al C5i y podrán apoyar tanto la vigilancia carretera como la búsqueda de personas y la detección de actividades ilícitas.
Alcance y capacidades de los equipos
El secretario de Seguridad Pública, el vicealmirante Francisco Sánchez González, indicó que las aeronaves están diseñadas para operar en zonas estratégicas y de difícil acceso. Según las especificaciones presentadas por las autoridades, tienen una autonomía de hasta 13 horas, un alcance visual de 180 kilómetros y capacidad para transportar una carga útil de 15 kilogramos. Su sistema de despegue y aterrizaje vertical evita que necesiten una pista.
Los aparatos incorporan cámaras aptas para operaciones nocturnas, sensores térmicos y paracaídas, además de mecanismos de protección ante posibles interferencias de otros drones. El supervisor operativo de la sala 911, el teniente Gabino Viche Ríos, añadió que pueden alcanzar una altitud de hasta 4.500 metros sobre el nivel medio del mar y velocidades de hasta 120 kilómetros por hora.
Coordinación desde el C5i
La transmisión en tiempo real permitirá compartir información con corporaciones de los tres órdenes de gobierno, la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía General de la República, de acuerdo con Sánchez González. El funcionario señaló como posibles usos la identificación de tomas clandestinas de hidrocarburos, la ampliación de la vigilancia en la zona metropolitana y el apoyo a tareas de inteligencia y prevención.
El anuncio no precisó cuándo comenzarán las operaciones, qué protocolo regirá el despliegue ni cómo se evaluarán sus resultados. Tampoco detalló el costo de adquisición y operación, la frecuencia de uso o los mecanismos de supervisión sobre las imágenes recopiladas. Esos aspectos serán relevantes para valorar el alcance práctico de una herramienta que, además de ampliar la observación territorial, requiere coordinación operativa y reglas claras para el tratamiento de información.
Una estrategia con desafíos de evaluación
El gobernador Alejandro Armenta Mier enmarcó la incorporación tecnológica en una política de prevención basada en el análisis diario de mapas de calor y la atención de zonas prioritarias. Afirmó que el uso de estas herramientas debe ajustarse a la legalidad y respetar los derechos humanos. También sostuvo que la omisión frente al delito no es aceptable.
La administración estatal presenta los drones como complemento de las cámaras existentes, no como sustituto de la respuesta policial. Su utilidad dependerá de que las alertas obtenidas se traduzcan en intervenciones oportunas y de que exista coordinación entre las instituciones involucradas. El gobierno vinculó el despliegue con la política nacional de seguridad impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que plantea inteligencia, tecnología y cooperación entre los tres niveles de gobierno. Para medir su efecto, será necesario contrastar la capacidad técnica anunciada con resultados verificables en atención de emergencias, prevención y combate a delitos en las zonas cubiertas.
