Pacientes del Hospital General de Zona número 194 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) bloquearon este jueves la Avenida Gustavo Baz, en Naucalpan, Estado de México, para protestar por las condiciones del servicio de hemodiálisis y cuestionar el traslado a Tlalnepantla para recibir sus tratamientos. La movilización se mantiene afuera del nosocomio y afecta una de las principales vías de conexión de la zona metropolitana.
La inconformidad se concentra en la decisión de enviar a pacientes de Naucalpan a otra demarcación para continuar con las sesiones de diálisis. Para personas que dependen de tratamientos periódicos, el cambio implica incorporar tiempos de traslado, gastos y dificultades logísticas a una atención médica que no puede interrumpirse sin riesgos para su salud.
Una protesta vinculada a la continuidad del tratamiento
La hemodiálisis sustituye parte de la función de los riñones cuando estos ya no pueden eliminar adecuadamente los desechos y el exceso de líquidos del organismo. Por ello, las sesiones deben realizarse con regularidad y bajo supervisión especializada. El reclamo de los pacientes no se limita a la comodidad del servicio: plantea la necesidad de contar con una atención accesible, constante y compatible con su condición clínica.
El traslado entre Naucalpan y Tlalnepantla puede representar una carga distinta para cada paciente, dependiendo de su domicilio, sus condiciones físicas y la disponibilidad de acompañantes. Sin embargo, el problema común es que cada sesión añade un desplazamiento que puede complicarse por el tránsito de la zona metropolitana. La duración del recorrido, los costos de transporte y el tiempo de espera pueden influir en la posibilidad de acudir puntualmente a las citas.
En pacientes con enfermedad renal avanzada, una sesión perdida o retrasada no equivale a cancelar una consulta ordinaria. La acumulación de líquidos y sustancias que el organismo no consigue eliminar puede provocar complicaciones. Esa característica explica por qué los usuarios consideran que cualquier modificación en la sede o en la operación del servicio debe comunicarse con claridad y acompañarse de soluciones que garanticen la continuidad de la atención.
El conflicto también expone la presión sobre la infraestructura
El caso del hospital 194 muestra un problema frecuente en los servicios de alta especialidad: cuando la capacidad disponible no coincide con la demanda, la respuesta administrativa puede consistir en redistribuir pacientes entre unidades. Esa medida puede aliviar temporalmente la presión de un centro, pero también desplaza el costo operativo hacia los usuarios si no se consideran las distancias, la movilidad y las condiciones de vulnerabilidad de quienes reciben el tratamiento.
La protesta, por tanto, revela una tensión entre la organización interna del IMSS y la experiencia cotidiana de los derechohabientes. Para la institución, enviar pacientes a otra unidad puede formar parte de un esquema de atención; para quienes deben realizar el trayecto varias veces por semana, el cambio puede alterar rutinas familiares, actividades laborales y la disponibilidad de recursos económicos. La diferencia entre ambas perspectivas es uno de los puntos centrales del conflicto.
Hasta el momento de la movilización reportada, los pacientes mantenían el bloqueo en la Avenida Gustavo Baz y no se informó de un acuerdo que pusiera fin a la protesta. La falta de una respuesta pública inmediata deja abierta la principal demanda: conocer por qué se determinó el traslado, durante cuánto tiempo se aplicará y qué medidas se implementarán para evitar que la atención se vea interrumpida.
La respuesta pendiente del instituto
La solución requiere más que restablecer la circulación vehicular. El IMSS tendría que explicar el estado del servicio de hemodiálisis en la unidad de Naucalpan, precisar la capacidad disponible en Tlalnepantla y establecer mecanismos para atender a los pacientes que no puedan desplazarse con facilidad. También resulta relevante informar si existen alternativas de transporte, horarios adaptados o criterios médicos para priorizar casos particularmente complejos.
Una comunicación detallada permitiría reducir la incertidumbre y evitar que cada paciente tenga que resolver por su cuenta las consecuencias del cambio. En servicios que dependen de una programación estricta, la claridad sobre fechas, sedes y horarios forma parte de la atención médica, porque permite organizar traslados, acompañamiento y cuidados posteriores a la sesión.
El bloqueo de la avenida convirtió un reclamo sanitario en un problema visible para toda la comunidad, pero su origen permanece dentro del hospital y del sistema de atención renal. Mientras los pacientes no reciban garantías sobre la continuidad y accesibilidad de sus tratamientos, la protesta seguirá reflejando una preocupación concreta: que una decisión operativa termine aumentando el riesgo y el costo de atender una enfermedad que exige cuidados permanentes.
