Tres bancadas del Congreso de la Ciudad de México adelantaron que votarán en contra de la Ley de Relaciones Inquilinarias, Rentas Justas, Razonables y Asequibles, iniciativa presentada por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada. La oposición sostiene que el proyecto no atiende las causas centrales de la crisis habitacional y podría quedarse en una regulación limitada de los alquileres.
El desacuerdo: regular sin ampliar la oferta
El rechazo anunciado coloca el debate en un punto decisivo: definir si la política de vivienda debe concentrarse en contener los precios de las rentas o acompañarse de medidas para aumentar la oferta de inmuebles accesibles. Para las bancadas inconformes, una ley enfocada principalmente en la relación entre propietarios e inquilinos no resolvería el desplazamiento de familias, la escasez de vivienda asequible ni el encarecimiento sostenido de las zonas con mayor demanda.
La iniciativa enfrenta así una objeción de fondo, no sólo diferencias de redacción. La oposición considera que imponer reglas sin atender la construcción de vivienda, el uso habitacional de los inmuebles y la capacidad de pago de los hogares podría reducir el margen de los arrendadores sin garantizar una solución para quienes buscan vivienda. El reto legislativo será demostrar que la propuesta puede producir efectos concretos y no únicamente establecer nuevos principios de protección para los inquilinos.
Con tres grupos parlamentarios en contra, el proyecto llegará al Congreso capitalino bajo presión para justificar su viabilidad y alcance. El gobierno de Brugada tendrá que construir acuerdos y precisar cómo la ley se vincularía con una estrategia más amplia de vivienda; de lo contrario, el debate podría quedar reducido a un enfrentamiento entre control de rentas y libertad del mercado, sin respuesta inmediata para los residentes afectados por el aumento de costos.
