La Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) realizaron cateos y cumplimentaron órdenes de aprehensión en distintas regiones de México. Las acciones dejaron seis personas detenidas y el aseguramiento de inmuebles, vehículos, armas y fauna. Aunque el despliegue se presentó como una operación en siete estados, la relación de diligencias y capturas consignada por las autoridades abarca diez entidades.
Los cateos del norte, con 701 ejemplares asegurados
En Chihuahua, Coahuila y Durango, agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la SSPC y la Secretaría de Marina catearon cinco inmuebles investigados por posible tráfico de personas, delincuencia organizada y delitos contra la salud. Aseguraron nueve vehículos, cartuchos y tabletas electrónicas. También encontraron 701 ejemplares de fauna: aves y ganado bovino, ovino y caprino, que fueron entregados a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).
La cantidad de animales destaca entre los resultados materiales del operativo y amplía las tareas de custodia más allá de la investigación penal. La entrega a la autoridad ambiental permite resguardar los ejemplares, pero la información difundida no especifica cuántos estaban en condiciones de ser trasladados, su estado de salud ni si habrá investigaciones adicionales por su posesión.
Combustible y fauna en Mazatlán
En Mazatlán, Sinaloa, personal de la AIC, la SSPC y la Secretaría de la Defensa Nacional cateó un inmueble por la probable comisión de delitos relacionados con hidrocarburos y posibles infracciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. En el lugar quedaron asegurados un cargador, 17 cartuchos, dos vehículos y 32 ejemplares de ganado bovino. El inmueble también fue asegurado y los animales quedaron bajo resguardo de Ostok Park, santuario ubicado en el municipio.
El caso reúne dos frentes distintos: una investigación por combustible y armas, y la atención de animales localizados en el sitio. El comunicado no detalla el volumen de hidrocarburo presuntamente involucrado ni la relación entre la fauna y los delitos investigados, por lo que esos elementos no permiten establecer, por sí solos, el alcance de la operación contra el huachicol.
Seis órdenes en entidades del centro, sur y sureste
En acciones paralelas, la AIC y la SSPC ejecutaron órdenes de aprehensión en Guerrero, Puebla, Estado de México, Guanajuato, Quintana Roo y Veracruz. En Acapulco fue detenido Javier “N”, por un delito contra la salud; en San Pedro Cholula, Eduardo “N”, por su presunta portación de equipo para bloquear señales de telecomunicaciones. En Ecatepec, Israel “N” fue capturado por posibles delitos contra la salud y portación de un arma de uso exclusivo de las fuerzas armadas.
En León, Obey “N” fue detenido por reclusión por portación de un arma de uso exclusivo; en Cancún, otro hombre identificado como Israel “N” fue aprehendido por posesión de cartuchos de uso exclusivo. La sexta orden se cumplimentó en Pánuco, Veracruz: Francisco “N” fue detenido por probable posesión ilícita de hidrocarburo. En esa diligencia participaron también Defensa, la Guardia Nacional y la Policía Estatal. Las autoridades informaron que los detenidos quedaron a disposición de las instancias judiciales que solicitaron su captura.
Una operación amplia, con resultados aún sujetos a proceso
La coordinación involucró a la FGR, la SSPC, Marina, Defensa, la Guardia Nacional y policías estatales, con participación ajustada a cada región y delito investigado. La variedad de cargos —desde tráfico de personas y delitos contra la salud hasta armas e hidrocarburos— muestra que no se trató de una sola investigación, sino de diligencias distintas agrupadas en un mismo balance operativo.
Los aseguramientos y las detenciones son resultados preliminares: las imputaciones deberán acreditarse ante los tribunales y las investigaciones permanecen abiertas. La diferencia entre los siete estados mencionados en el encabezado original y las diez entidades enumeradas en el detalle también exige precisión al describir el alcance territorial. Para medir el impacto de las acciones harán falta datos posteriores sobre procesos judiciales, origen y destino de los animales y avances de las indagatorias por combustible y tráfico de personas.
