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Puebla suma un helicóptero y drones para ampliar la vigilancia y la respuesta ante emergenciasEl Gobierno de Puebla incorporó un helicóptero Leonardo 2020 y dos drones de largo alcance para reforzar la vigilancia aérea, con énfasis en carreteras, la autopista 150D y zonas de difícil acceso. Las autoridades estatales presentaron los equipos como parte de una estrategia de seguridad coordinada con fuerzas federales y corporaciones locales. Anunciaron, además, la próxima incorporación de una tercera aeronave no tripulada.Vigilancia aérea conectada con el centro de mandoEl secretario de Seguridad Pública, vicealmirante Francisco Sánchez González, indicó que el helicóptero puede alcanzar una velocidad máxima de 284 kilómetros por hora. Además de apoyar labores de vigilancia y prevención del delito, la aeronave podrá intervenir en tareas de combate de incendios forestales, según lo informado por la dependencia.Los drones se sumarán a la infraestructura ya desplegada en la autopista 150D: 106 cámaras de videovigilancia y 30 Puntos de Monitoreo Inteligente. La incorporación busca ampliar la observación desde el aire y complementar los sistemas terrestres, no sustituirlos. Las imágenes se enviarán en tiempo real al centro de mando y al C5, donde personal especializado las analizará para generar información de inteligencia y apoyar decisiones operativas.Alcance, autonomía y respuestaEl teniente Gabino Viche Ríos, supervisor operativo del 9-1-1, detalló que uno de los aparatos tiene una autonomía de tres horas y media, puede volar a velocidades de hasta 120 kilómetros por hora y alcanzar una altura de 4 mil 500 metros sobre el nivel medio del mar. Cuenta con sensor térmico y cámaras diurnas y nocturnas, recursos que permitirían operar con distintas condiciones de visibilidad. Ubicado en puntos estratégicos, podría despegar en aproximadamente cinco minutos para apoyar la atención de emergencias.La tercera aeronave anunciada tendría una autonomía de hasta 13 horas y transmisión en tiempo real. Las autoridades no precisaron en el anuncio cuándo comenzará a operar ni detallaron el costo de adquisición, datos que permitirían dimensionar el calendario y la inversión del programa. Por ahora, los parámetros divulgados describen capacidades técnicas, pero no aportan cifras sobre cobertura efectiva, tiempos de respuesta logrados o resultados en la reducción de delitos.Coordinación como condición operativaEl gobernador Alejandro Armenta Mier sostuvo que la estrategia estatal se articula en torno a seguridad, justicia y promoción de la riqueza comunitaria. Atribuyó la incorporación de tecnología a la decisión de invertir en seguridad y fortalecer las instituciones, y subrayó la coordinación con el Gobierno de México, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y las policías estatales y municipales.La distribución de la población y la existencia de áreas de acceso complicado hacen relevante la vigilancia aérea para detectar incidentes y orientar recursos; sin embargo, su eficacia dependerá también de la coordinación en campo y de la capacidad de convertir imágenes en intervenciones oportunas. El Gobierno estatal afirmó que los nuevos equipos respaldarán a las instituciones responsables de la seguridad y la aplicación de la ley, en consonancia con la estrategia nacional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Crimen

Puebla suma un helicóptero y drones para ampliar la vigilancia y la respuesta ante emergenciasEl Gobierno de Puebla incorporó un helicóptero Leonardo 2020 y dos drones de largo alcance para reforzar la vigilancia aérea, con énfasis en carreteras, la autopista 150D y zonas de difícil acceso. Las autoridades estatales presentaron los equipos como parte de una estrategia de seguridad coordinada con fuerzas federales y corporaciones locales. Anunciaron, además, la próxima incorporación de una tercera aeronave no tripulada.Vigilancia aérea conectada con el centro de mandoEl secretario de Seguridad Pública, vicealmirante Francisco Sánchez González, indicó que el helicóptero puede alcanzar una velocidad máxima de 284 kilómetros por hora. Además de apoyar labores de vigilancia y prevención del delito, la aeronave podrá intervenir en tareas de combate de incendios forestales, según lo informado por la dependencia.Los drones se sumarán a la infraestructura ya desplegada en la autopista 150D: 106 cámaras de videovigilancia y 30 Puntos de Monitoreo Inteligente. La incorporación busca ampliar la observación desde el aire y complementar los sistemas terrestres, no sustituirlos. Las imágenes se enviarán en tiempo real al centro de mando y al C5, donde personal especializado las analizará para generar información de inteligencia y apoyar decisiones operativas.Alcance, autonomía y respuestaEl teniente Gabino Viche Ríos, supervisor operativo del 9-1-1, detalló que uno de los aparatos tiene una autonomía de tres horas y media, puede volar a velocidades de hasta 120 kilómetros por hora y alcanzar una altura de 4 mil 500 metros sobre el nivel medio del mar. Cuenta con sensor térmico y cámaras diurnas y nocturnas, recursos que permitirían operar con distintas condiciones de visibilidad. Ubicado en puntos estratégicos, podría despegar en aproximadamente cinco minutos para apoyar la atención de emergencias.La tercera aeronave anunciada tendría una autonomía de hasta 13 horas y transmisión en tiempo real. Las autoridades no precisaron en el anuncio cuándo comenzará a operar ni detallaron el costo de adquisición, datos que permitirían dimensionar el calendario y la inversión del programa. Por ahora, los parámetros divulgados describen capacidades técnicas, pero no aportan cifras sobre cobertura efectiva, tiempos de respuesta logrados o resultados en la reducción de delitos.Coordinación como condición operativaEl gobernador Alejandro Armenta Mier sostuvo que la estrategia estatal se articula en torno a seguridad, justicia y promoción de la riqueza comunitaria. Atribuyó la incorporación de tecnología a la decisión de invertir en seguridad y fortalecer las instituciones, y subrayó la coordinación con el Gobierno de México, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y las policías estatales y municipales.La distribución de la población y la existencia de áreas de acceso complicado hacen relevante la vigilancia aérea para detectar incidentes y orientar recursos; sin embargo, su eficacia dependerá también de la coordinación en campo y de la capacidad de convertir imágenes en intervenciones oportunas. El Gobierno estatal afirmó que los nuevos equipos respaldarán a las instituciones responsables de la seguridad y la aplicación de la ley, en consonancia con la estrategia nacional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

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La recuperación de León XIV pone el foco en la continuidad de su labor y en la salud del papa
Política

Más de 70% del empleo en Puebla es informal, advierte SedetraPUEBLA, Pue.— Más de siete de cada diez empleos en Puebla se encuentran en la informalidad, una proporción que preocupa a la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo (Sedetra) porque numerosas vacantes carecen de prestaciones y seguridad social. La dependencia reconoce que hay creación de puestos, pero advierte que el crecimiento de la oferta laboral no garantiza por sí mismo condiciones de protección para quienes trabajan.Raquel Medel Valencia, subsecretaria de Empleo e Inspección, señaló que alrededor de 600,000 trabajadores están registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Frente a esa cifra, indicó, existe un amplio grupo de personas desprotegidas en sus centros laborales. La brecha entre el empleo formal y la fuerza laboral total constituye el principal desafío descrito por la funcionaria: generar vacantes no basta si estas no incluyen cobertura social y prestaciones.Más plazas formales, pero la informalidad persisteLos datos de empleo formal muestran avances durante 2026, aunque no modifican por sí solos el panorama general. De acuerdo con Medel Valencia, en septiembre se generaron 3,134 plazas con seguridad social. En el acumulado de enero a septiembre, el aumento superó los 6,700 puestos formales. Las cifras corresponden a empleos registrados y, por tanto, no representan el total de ocupaciones ni permiten medir directamente cuántas personas permanecen en la informalidad.La subsecretaria consideró positiva la apertura de vacantes en los últimos meses, aunque también la vinculó con el lento crecimiento de la economía y con una menor capacidad de compra de las familias. Según su previsión, el consumo comenzaría a repuntar en octubre; esa expectativa, formulada a mediados de mes, todavía no constituye un resultado observado. La evolución del gasto de los hogares será relevante para sectores que dependen de la demanda local y que, de acuerdo con el diagnóstico del economista consultado, han resentido la debilidad de la actividad.La comparación entre el dato mensual de septiembre y el acumulado de nueve meses debe leerse con cautela: las cifras describen creación de empleo formal en periodos distintos, no una reducción equivalente de la informalidad. Para evaluar un cambio estructural harían falta datos comparables sobre el conjunto de la ocupación, la calidad de los puestos y la afiliación a la seguridad social.Capacitación y autoempleo como respuesta institucionalAnte la diferencia entre las plazas con prestaciones y el volumen de personas que buscan trabajo, Sedetra prevé reforzar los programas institucionales de capacitación y desarrollo de habilidades. Medel Valencia sostuvo que esas herramientas pueden favorecer el autoempleo, opción que, según describió, atrae a jóvenes egresados de universidades: algunos buscan adquirir experiencia antes de emprender.El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Puebla (Icatep) participa en esa estrategia mediante formación para quienes buscan desarrollar proyectos propios y para la mano de obra de empresas. La capacitación puede mejorar las competencias de los trabajadores y apoyar la puesta en marcha de actividades productivas; sin embargo, por sí sola no asegura que los proyectos sean duraderos ni que generen empleos con prestaciones. Para eso también inciden la demanda, el acceso a ingresos estables y la capacidad financiera de los negocios.La política de formación opera así en dos frentes: ampliar las posibilidades de inserción laboral y fortalecer iniciativas de autoempleo. Su alcance dependerá de que las habilidades adquiridas encuentren oportunidades reales y de que los emprendimientos puedan consolidarse. El reto planteado por las propias cifras no es únicamente aumentar la cantidad de vacantes, sino elevar la proporción de ocupaciones que ofrecen protección social.Servicios y turismo, expuestos a ingresos variablesMarcos Gutiérrez Barrón, economista de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), señaló que en la informalidad los ingresos apenas suelen alcanzar el salario mínimo y que ese tipo de puestos también es aceptado por jóvenes con estudios universitarios. En algunos casos, dijo, profesionistas pueden percibir un ingreso similar en empleos formales e informales, como ocurre con conductores que trabajan mediante plataformas. La comparación ilustra que la formación académica no siempre se traduce en mejores ingresos, aunque no elimina las diferencias de derechos y protección entre ambas modalidades.El economista identificó presiones específicas en el comercio y los servicios turísticos, incluidos restaurantes y hoteles. Atribuyó el aumento de la informalidad en esas actividades a la inestabilidad asociada con una baja del turismo. En ciertos puestos, explicó, los negocios ofrecen un sueldo base y dejan una parte importante del ingreso a las propinas; si disminuyen los comensales o huéspedes, también caen esos ingresos y aumenta la rotación de personal.Gutiérrez Barrón reconoció que el gobierno estatal respalda el emprendimiento, pero advirtió que los proyectos nuevos no necesariamente rompen el ciclo de precariedad: algunos negocios tienen una vida corta y no alcanzan a ofrecer prestaciones a sus trabajadores. La formalización, por tanto, depende tanto de las capacidades de quienes emprenden como de que sus actividades puedan sostener ingresos y empleos estables.Las cifras oficiales de plazas con seguridad social y las observaciones del economista apuntan a dimensiones distintas del problema: por un lado, se crean puestos formales; por otro, persisten ocupaciones con ingresos variables, alta rotación o ausencia de prestaciones. La capacitación y el emprendimiento forman parte de la respuesta estatal, pero el indicador central seguirá siendo si más trabajadores logran acceder a empleos que combinen ingresos suficientes con seguridad social y condiciones laborales protegidas.

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