La petición del enólogo e inversionista francés Francois Corentin Thorez pone de relieve una cuestión que puede influir tanto como los incentivos económicos en la llegada de capital a Bolivia: la previsibilidad de las reglas. El empresario sostiene que una ley de inversiones y la aplicación efectiva de las normas vigentes son necesarias para que potenciales inversores extranjeros evalúen instalar bodegas en el país. Su experiencia con la anulación del registro de la marca “Castel des Andes” convierte esa demanda en un caso concreto, aunque por sí sola no permite determinar las causas ni el alcance jurídico de la decisión.
El proyecto de Ley de Inversiones enviado por el Gobierno de Rodrigo Paz Pereira a la Asamblea Legislativa Plurinacional contiene 103 artículos y fue remitido para su debate el 11 de agosto, según la información disponible. Su discusión podría ofrecer una oportunidad para definir derechos, obligaciones y procedimientos con mayor claridad. Sin embargo, la existencia de una norma no garantiza automáticamente seguridad jurídica: también importan la coherencia con otras leyes, la capacidad de las instituciones para aplicarla y la posibilidad de revisar sus decisiones.
Una señal que puede influir en decisiones de inversión
Para una empresa que analiza invertir desde el extranjero, el riesgo no se limita a la rentabilidad esperada. También debe calcular si podrá proteger sus activos, conservar permisos y marcas, acceder a mecanismos de reclamación y operar bajo criterios previsibles. La incertidumbre en cualquiera de esos puntos eleva los costos de evaluación y puede llevar a postergar un proyecto o elegir otro destino. En ese sentido, el relato de Thorez podría ser observado por empresarios interesados en actividades vitivinícolas y por otros sectores cuyos negocios dependen de activos intangibles o autorizaciones administrativas.
La posible instalación de pequeñas bodegas tendría efectos que irían más allá del capital inicial. Podría ampliar la demanda de uva, generar empleo especializado y fortalecer actividades vinculadas con el enoturismo y la comercialización de productos regionales. Tarija, donde Thorez mantiene su emprendimiento, cuenta con una identidad vitivinícola que podría beneficiarse de nuevos proyectos. Pero esos resultados dependen de que las inversiones se concreten, sean sostenibles y establezcan vínculos efectivos con productores y trabajadores locales; no se desprenden automáticamente de aprobar una ley.
La protección legal debe alcanzar a todos
Una regulación diseñada para atraer capital extranjero también debe ofrecer reglas transparentes y accesibles a los inversionistas bolivianos. Si establece ventajas especiales sin justificar su alcance, podría generar percepciones de trato desigual o debilitar la legitimidad de la política pública. La seguridad jurídica no significa ausencia de controles: exige que las obligaciones sean conocidas, que las decisiones administrativas estén fundamentadas y que las personas afectadas dispongan de vías eficaces para impugnarlas.
El episodio de la marca “Castel des Andes” ilustra por qué los procedimientos sobre propiedad intelectual pueden tener consecuencias económicas directas. Una controversia registral puede afectar la comercialización, la continuidad de una empresa y la disposición a realizar nuevas inversiones. Aun así, la información disponible no detalla el expediente, los fundamentos de la anulación ni las instancias de revisión. Sin esos elementos, no corresponde concluir que hubo una actuación arbitraria ni que el caso represente por sí mismo una práctica generalizada. La transparencia del procedimiento y una resolución oportuna serían claves para despejar dudas.
El riesgo de prometer más de lo que la norma puede cumplir
La aprobación legislativa sería apenas el primer paso. Una ley ambigua, contradictoria con normas existentes o difícil de ejecutar podría multiplicar consultas y disputas en vez de reducir la incertidumbre. También puede surgir una brecha entre lo que se ofrece a los inversores y lo que las instituciones están preparadas para garantizar. Si los trámites siguen siendo imprevisibles o las decisiones no se aplican de forma consistente, la nueva normativa corre el riesgo de convertirse en una señal formal sin efectos prácticos.
La estabilidad regulatoria plantea otro equilibrio delicado. Los inversores necesitan saber que las reglas no cambiarán de manera intempestiva, mientras que el Estado conserva la facultad de ajustar políticas para proteger el interés público. Una promesa de estabilidad demasiado amplia podría restringir decisiones futuras o alimentar litigios cuando cambien las condiciones. Por eso, el debate legislativo tendrá que precisar qué garantías se ofrecen, durante cuánto tiempo y bajo qué límites, sin convertir la seguridad jurídica en una renuncia a regular.
La confianza se medirá en la aplicación
El interés que, según Thorez, existe en Francia por instalar pequeñas bodegas es una oportunidad potencial, no una inversión confirmada. La decisión final dependerá de factores que incluyen el acceso a financiamiento, la infraestructura, la disponibilidad de insumos, las perspectivas comerciales y la estabilidad institucional. Una ley clara podría reducir parte del riesgo percibido, pero no sustituirá esas condiciones ni eliminará la incertidumbre propia de cualquier proyecto empresarial.
La señal más convincente para los inversores y para las empresas locales no será únicamente la aprobación de una norma, sino su aplicación consistente y verificable. Procedimientos públicos, decisiones motivadas y mecanismos de revisión accesibles pueden dar contenido concreto a la seguridad jurídica que reclama Thorez. El desafío legislativo consiste en construir garantías equilibradas; el desafío institucional será demostrar que las reglas protegen los derechos sin privilegios y permiten resolver controversias con transparencia.
