La activista y notaria Norma Romero Cortés solicitó a la presidenta Claudia Sheinbaum que se revise con perspectiva de género el caso que mantiene con el Infonavit en Puebla. Tras varios años de procedimientos administrativos y judiciales relacionados con señalamientos contra un exdelegado regional del Instituto, afirma que no ha obtenido una respuesta satisfactoria y que ha enfrentado revictimización. También pidió garantías de debido proceso y medidas eficaces para proteger su integridad y la de personas cercanas.
La controversia enfrenta a Romero Cortés con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, cuya sede estatal está en la capital poblana. La denunciante sostiene que las autoridades deben esclarecer los hechos que planteó y resolver conforme a derecho; las responsabilidades, sin embargo, deberán ser determinadas por las instancias competentes. La información disponible recoge la versión de Romero Cortés y no incluye una respuesta del Infonavit a sus señalamientos.
Una disputa con varios frentes judiciales
El expediente administrativo contra quien entonces se desempeñaba como delegado regional quedó registrado con el número 114/2020. Romero Cortés llevó posteriormente su reclamo al Congreso de la Unión y acudió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, donde el caso fue identificado como CNDH/4/2021/917/Q. También se abrió una investigación ante la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, con registro FED/FEMDH/FEVIMTRA/PUE/0000084/2021.
En la vía judicial, el proceso incluyó el amparo 657/2021 y continuó con el amparo 1497/2025. La sentencia de este último se dictó el 26 de febrero de 2026. Según los antecedentes expuestos por la denunciante, tanto el tercero interesado como la autoridad del Instituto impugnaron la resolución. Romero Cortés describe la sucesión de recursos y procedimientos como un “tsunami legal”, y cuestiona que el litigio se prolongue sin una solución que considere adecuada.
El costo potencial, en el centro del desacuerdo
Uno de los puntos discutidos son más de 73 millones de pesos que, según Romero Cortés, el Infonavit plantea como posible repercusión económica para solicitar la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La activista aclaró que no se trata de una indemnización que ella haya pedido, sino del impacto financiero que el Instituto considera que podría resultar de la confirmación de una sentencia favorable a su causa.
La distinción es relevante para entender el desacuerdo: la cifra se presenta como una posible consecuencia institucional del fallo, no como el monto de una reclamación personal. Romero Cortés sostiene que ese argumento económico no debe desplazar el examen de los hechos ni el acceso a la justicia. No obstante, determinar el alcance de la resolución y sus efectos corresponde a las autoridades judiciales.
La denunciante pide esclarecer riesgos y garantizar seguridad
Romero Cortés afirma que el conflicto ha tenido consecuencias más allá del ámbito profesional y jurídico. Ha denunciado presuntos riesgos para ella, colaboradores y familiares, así como hechos que califica de detención arbitraria y desaparición forzada de corta duración. Exige que se investiguen y esclarezcan. Además, señaló que cuenta con medidas del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, bajo el expediente MEC/CEN/062/D/0/2022.
La activista pidió revisar las actuaciones de las autoridades y asegurar condiciones efectivas de protección. También convocó a organizaciones de mujeres y a la sociedad civil a dar seguimiento al caso y exigir rendición de cuentas. Si persisten los obstáculos que dice enfrentar, advirtió que contempla recurrir al sistema interamericano de derechos humanos.
Su reclamo plantea una cuestión que va más allá del resultado de un litigio: cómo garantizar que las denuncias de violencia se investiguen con diligencia, sin que la prolongación de los procesos ni las consecuencias económicas señaladas por las instituciones sustituyan la valoración de los hechos. Romero Cortés considera que la falta de respuestas puede desalentar a otras mujeres. La resolución del caso y la evaluación de sus alegaciones permanecen en manos de las instancias competentes.
