México aparece como el país con mayor presencia y diversificación de mercados criminales en el Índice Global de Crimen Organizado 2025, elaborado por la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional. El resultado coloca al país por encima de Myanmar, Colombia, Irán y Nigeria y reabre el debate sobre la relación entre seguridad, comercio exterior e inversión productiva.
El indicador no mide directamente la tasa de homicidios, la percepción de inseguridad ni el desempeño de las policías. Su objetivo es evaluar la amplitud y la profundidad de las economías ilícitas, entre ellas el tráfico de drogas sintéticas, armas y personas, la extorsión, el contrabando de combustible y diversas modalidades de delitos financieros. La posición de México responde, de acuerdo con ese enfoque, a la combinación de varios mercados y a la capacidad de las organizaciones criminales para operar a escala territorial y transnacional.
Una criminalidad con múltiples fuentes de ingresos
El diagnóstico descrito por el índice apunta a una transformación del crimen organizado mexicano. Los cárteles ya no dependen exclusivamente del tráfico de estupefacientes, sino que han ampliado sus actividades hacia negocios que generan ingresos recurrentes y les permiten ejercer control sobre comunidades, rutas comerciales y cadenas de distribución. La extorsión a comerciantes y productores, el robo y la venta ilegal de combustible y la intervención en actividades locales forman parte de ese proceso de diversificación.
La importancia del resultado no radica únicamente en el lugar que ocupa México en una clasificación internacional. También revela que las organizaciones criminales cuentan con estructuras capaces de combinar mercados locales con operaciones globales. Esa combinación puede facilitar el lavado de recursos, la compra de activos, la corrupción de autoridades y la reposición de capacidades después de una captura o decomiso.
La comparación con otros países debe interpretarse con cautela. Myanmar atraviesa una guerra civil y Afganistán ha sufrido un prolongado deterioro institucional, mientras México mantiene una economía integrada al G20, instituciones electorales y una base manufacturera conectada con América del Norte. Precisamente esa coexistencia entre desarrollo económico formal y mercados ilícitos constituye uno de los elementos centrales del problema.
La misma geografía para el comercio y el delito
La posición geográfica de México ofrece ventajas decisivas para la industria legal: proximidad al mayor mercado de consumo del mundo, acceso a puertos del Pacífico y el Atlántico, una extensa red carretera y vínculos productivos con Estados Unidos y Canadá. Esos mismos factores facilitan el movimiento de mercancías ilegales, el uso de empresas fachada y la infiltración de cadenas logísticas.
La expansión de la relocalización industrial ha aumentado el valor estratégico de estados como Puebla, Guanajuato y Baja California. Para las empresas que consideran instalarse en esas regiones, la inseguridad no se limita al riesgo de sufrir un delito. El cobro de piso puede elevar costos, alterar decisiones de suministro y funcionar como un gravamen informal que no está contemplado en los tratados comerciales ni aparece en los registros aduaneros.
La afectación también alcanza a las compañías que ya operan en el país. El robo de carga, la contaminación de contenedores y la presión sobre transportistas pueden generar interrupciones, mayores gastos de vigilancia y dificultades para acreditar el cumplimiento de controles internacionales. Sin embargo, la existencia de estos riesgos no implica que toda inversión esté paralizada ni que el comercio formal haya perdido su capacidad de crecimiento. El desafío consiste en impedir que la criminalidad convierta las ventajas logísticas en una fuente permanente de vulnerabilidad.
Seguridad, frontera y revisión comercial
La dimensión internacional del problema se ha hecho más visible en la relación con Washington. Estados Unidos ha designado a varios cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, una decisión que amplía las herramientas legales y financieras disponibles para perseguir sus operaciones. También refuerza la conexión entre la agenda de seguridad y la relación comercial bilateral.
En la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, prevista para 2026, los controles fronterizos y la trazabilidad de mercancías pueden adquirir un peso mayor. Cada cargamento ilícito detectado, así como el contrabando de combustible, ofrece argumentos a los sectores estadounidenses que defienden una supervisión más estricta de la frontera. México, por su parte, enfrenta la necesidad de demostrar que puede proteger sus corredores comerciales sin convertir la cooperación en una fuente adicional de obstáculos para el intercambio legítimo.
La respuesta institucional requiere algo más que operativos visibles. La captura de un dirigente puede debilitar una estructura, pero no elimina los mercados que la financian ni la demanda que los sostiene. El combate debe incluir inteligencia financiera para rastrear el dinero, aduanas con controles confiables, fiscalías capaces de investigar redes empresariales y patrimoniales, y mecanismos de protección para municipios y sectores productivos expuestos a la extorsión.
El índice plantea, en última instancia, una cuestión de autoridad estatal. Cuando un grupo criminal cobra de manera sistemática, impone reglas comerciales, decide quién puede operar y resuelve disputas mediante la violencia, su actividad deja de ser únicamente un problema policial. Se convierte en una competencia por el control del territorio y por la capacidad de recaudar y regular. Para México, consolidarse como plataforma industrial de Norteamérica dependerá también de evitar que esa autoridad paralela se afiance en las mismas rutas, ciudades y comunidades que sostienen su economía formal.
