El mundo está gastando más que nunca en defensa, pero eso no está produciendo una sensación equivalente de seguridad. Esa es la paradoja que ha señalado Karim Haggag, director del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, el Sipri, durante un encuentro organizado por el Cidob en Barcelona. En 2025, el gasto militar mundial alcanzó los 2,9 billones de dólares, una cifra récord. Europa concentró una parte importante de ese aumento: los países europeos de la OTAN incrementaron su desembolso un 14% en un solo año y llegaron conjuntamente a 559.000 millones de dólares.
La pregunta relevante para cualquier ciudadano no es únicamente cuánto dinero se destina a defensa, sino qué recibe a cambio. La respuesta que ofrece el Sipri es incómoda: disponer de más armas puede mejorar ciertas capacidades militares, pero no garantiza por sí mismo que disminuyan las amenazas, que terminen las guerras o que la población viva con mayor tranquilidad.
La factura no desaparece: cambia de sitio
Un aumento sostenido del presupuesto militar implica decisiones concretas sobre el uso de los recursos públicos. El dinero destinado a armamento, munición, infraestructuras, inteligencia o tecnología no puede emplearse simultáneamente en sanidad, vivienda, educación, transporte o adaptación climática. Esto no significa que el gasto en defensa sea innecesario. En un contexto de guerra en Ucrania, presión rusa y dudas sobre la fiabilidad futura de Estados Unidos como aliado, los gobiernos europeos afrontan riesgos que no pueden ignorar.
El problema aparece cuando el rearme se presenta como una respuesta suficiente. Para financiarlo, los Estados pueden aumentar los impuestos, endeudarse, reducir otras partidas o aceptar durante años una menor capacidad de inversión social. Las consecuencias no siempre se perciben como una subida inmediata de precios, pero sí pueden reflejarse en servicios públicos más limitados, presupuestos familiares sometidos a mayor presión y una economía que prioriza la preparación militar frente a otras necesidades.
Además, una parte considerable del gasto se dirige a contratos de largo plazo con la industria de defensa. Eso puede generar empleo y desarrollar capacidades tecnológicas, pero también crea dependencias: cuando una economía y determinados territorios se acostumbran a esos pedidos, resulta políticamente más difícil revisar programas costosos aunque cambien las amenazas. Para el contribuyente, la cuestión esencial es si cada adquisición responde a una estrategia verificable o si se decide por inercia, presión industrial o temor político.
Más capacidad militar no equivale a menos peligro
Los datos citados por Haggag ilustran el límite de medir la seguridad únicamente en términos de volumen. Los 22 socios europeos de la OTAN gastaron el año pasado 559.000 millones de dólares, muy por encima de los 190.000 millones desembolsados por Rusia. Sin embargo, esa diferencia no ha eliminado la inquietud en Europa. La amenaza parece más intensa y la llamada guerra híbrida, que combina ciberataques, desinformación, sabotajes, presión económica y operaciones encubiertas, ya forma parte del entorno cotidiano.
La explicación es que la seguridad no depende solo de la capacidad de responder a un ataque, sino también de la probabilidad de que ese ataque llegue a producirse. Un arsenal puede reforzar la disuasión, pero también alimentar una dinámica de sospecha: cada país interpreta el rearme del otro como una amenaza, acelera sus propios planes y reduce el espacio para el diálogo. Sin canales diplomáticos eficaces, acuerdos de control de armas y mecanismos para gestionar incidentes, la acumulación militar puede elevar el riesgo de errores de cálculo.
Para la población, esto se traduce en una paradoja visible: los gobiernos pueden anunciar inversiones históricas en defensa mientras se mantiene o incluso aumenta la sensación de vulnerabilidad. La seguridad que se compra con un nuevo sistema de armas no cubre necesariamente los riesgos que afectan a los ciudadanos, como un ciberataque contra un hospital, una campaña de manipulación electoral o una interrupción prolongada del suministro energético.
Lo que debería exigir un ciudadano
La advertencia del Sipri no implica desarmarse unilateralmente ni ignorar la amenaza rusa. Plantea una exigencia más concreta: que los gobiernos expliquen qué riesgos pretenden reducir, con qué instrumentos y en qué plazo. Un presupuesto mayor debería ir acompañado de evaluaciones públicas sobre sus resultados, controles parlamentarios, transparencia en la contratación y una comparación clara entre las necesidades militares y las prioridades sociales.
También conviene distinguir entre defensa, seguridad y militarización. Proteger infraestructuras críticas requiere fuerzas armadas preparadas, pero también redes digitales resistentes, servicios de inteligencia coordinados, protección civil, reservas energéticas, diplomacia y capacidad para combatir la desinformación. En algunos casos, invertir en prevención puede ser menos visible que comprar equipamiento, aunque reduzca más eficazmente el riesgo para la población.
La ciudadanía puede observar si el debate político se limita a anunciar porcentajes de gasto o si incorpora preguntas sobre objetivos y consecuencias. ¿Se están reforzando los sistemas de alerta? ¿Existen canales para evitar una escalada accidental? ¿Se están protegiendo los servicios esenciales? ¿Las nuevas capacidades responden a amenazas identificadas o a una carrera entre gobiernos? Estas preguntas son más útiles que asumir que todo aumento presupuestario equivale automáticamente a mayor protección.
La seguridad también se construye fuera del cuartel
El punto central de la advertencia es que la paz no depende exclusivamente de tener más medios para combatir. También exige resolver conflictos, mantener instituciones multilaterales y conservar espacios de negociación en un momento en que predominan las relaciones transaccionales y la búsqueda de victorias rápidas. Cuando esos marcos se debilitan, incluso una superioridad militar considerable puede convivir con una inseguridad creciente.
Para los europeos, la discusión no consiste en elegir entre defensa y paz como si fueran opciones incompatibles. Consiste en decidir qué combinación de disuasión, diplomacia, cooperación, resiliencia civil y control democrático puede reducir de verdad los riesgos. El coste de esa decisión aparecerá en los presupuestos públicos, pero el coste de no tomarla puede aparecer en forma de conflictos más largos, sociedades más polarizadas y amenazas difíciles de contener. La advertencia del Sipri invita a medir la seguridad no por lo que se gasta, sino por los peligros que efectivamente se consigue evitar.
