Morelos registró entre enero y agosto de 2026 la tasa más alta del país de homicidios dolosos contra personas de 13 a 29 años, de acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En ese periodo fueron asesinados 179 adolescentes y jóvenes: 18 tenían entre 13 y 17 años y 161 se encontraban en el grupo de 18 a 29.
Al contrastar los casos con la población de esas edades, la entidad alcanzó una tasa de 0,91 homicidios por cada 100 mil habitantes. El resultado coloca a Morelos por encima de los demás estados en un indicador que permite observar una violencia que puede quedar oculta cuando se examinan únicamente los totales generales.
Una alerta que los promedios estatales no alcanzan a explicar
La cifra juvenil convive con una narrativa oficial de descenso de la violencia. En julio, Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo, informó que el promedio diario de homicidio doloso en Morelos había disminuido 54 por ciento entre septiembre de 2024 y junio de 2026, al pasar de 3,1 a 1,6 casos diarios. También reportó reducciones en robo de vehículo con violencia, robo a transportista y feminicidio durante la comparación de los primeros semestres de 2025 y 2026.
Sin embargo, ambos indicadores no describen exactamente el mismo fenómeno. Un promedio estatal puede bajar mientras determinados grupos de edad, municipios o comunidades enfrentan una concentración mayor del riesgo. Causa en Común señaló que Morelos registró 514 víctimas de homicidio durante el primer semestre de 2026, nueve por ciento menos que en el mismo periodo del año anterior, aunque los casos clasificados como otros delitos contra la vida aumentaron 114 por ciento. La diferencia entre categorías y metodologías vuelve relevante revisar no solo cuántas personas mueren, sino quiénes son las víctimas y cómo se registran los hechos.
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos, bajo presión
La emergencia también se refleja dentro de la comunidad universitaria. Entre 2025 y los primeros nueve meses de 2026 fueron asesinados nueve estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Cuatro casos son investigados como feminicidio y cinco como homicidios ocurridos en circunstancias distintas; hasta ahora no existe información pública que confirme una relación entre ellos.
Entre las víctimas se encuentran Aylin Rodríguez Fernández, estudiante de Psicología de 20 años, localizada sin vida en Jiutepec en abril de 2025, y David Adrián Gómez, alumno de la Preparatoria Número 1, hallado en Temixco con un disparo en la cabeza tras salir de clases. En 2026 fueron asesinadas Kimberly Joselín Ramos Beltrán, de 18 años; Karol Toledo Gómez, estudiante de Derecho de la misma edad; Michelle Itzayana Fuentes Calderón, de 15 años; y Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española de intercambio de 21 años.
También fueron asesinados a balazos Christian Shamed Arce Díaz y Gael Rojas Pérez, ambos de 17 años, después de asistir a una celebración. Ángel Miguel Hernández Flores, de 17 años, murió mientras trabajaba como repartidor. Los casos provocaron movilizaciones, la toma del campus de Chamilpa y un paro prolongado en varias unidades académicas. A los asesinatos se suman las desapariciones no resueltas de Viridiana Anaid Morales Rodríguez, desaparecida desde 2012, y Dorian Alí Olivo Rodríguez, vista por última vez el 2 de junio de 2026.
Policías municipales debilitadas y responsabilidades fragmentadas
Roberto Salinas, director de Morelos Rinde Cuentas, atribuye parte del deterioro a la reducción de las capacidades policiales. Según el análisis citado por Proceso, Cuernavaca perdió más de 40 por ciento de sus elementos municipales en la última década. Para Salinas, la respuesta exige policías capacitadas, certificaciones de control de confianza y un mayor estado de fuerza, especialmente en los municipios donde ocurren los delitos.
El especialista también cuestionó un proyecto de 800 millones de pesos para instalar cámaras de videovigilancia durante cuatro años. La falta de transparencia sobre el contrato y sobre sus resultados esperados impide saber si la inversión atenderá las causas de la violencia o solo ampliará la capacidad de vigilancia después de los hechos.
Iván Martínez Dunker, profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, sostiene que la violencia contra adolescentes no puede reducirse a un problema policial. Su análisis apunta a una combinación de ausencia estatal, falta de coordinación entre los tres niveles de gobierno, carencias presupuestarias y posibles vínculos históricos entre autoridades y grupos criminales. Bajo esa perspectiva, el debilitamiento municipal no es un asunto administrativo aislado: afecta la prevención, la investigación y la posibilidad de proteger a quienes enfrentan mayor exposición.
La prevención universitaria también enfrenta carencias
La capacidad de las universidades para responder permanece limitada. Un informe de Intersecta publicado en agosto de 2026 encontró que 38 de las 40 instituciones revisadas contaban con unidades de igualdad de género, pero la mitad operaba sin presupuesto propio, incluida la UAEM. Sin recursos estables, esas áreas tienen dificultades para atender denuncias, acompañar a las víctimas y capacitar al personal.
La marcha realizada el 2 de octubre por Resistencia Estudiantil y la Red de Estudiantes de Posgrado llevó la exigencia de justicia desde la Glorieta de Tlaltenango hasta el Tribunal Superior de Justicia. La movilización reunió dos reclamos distintos pero relacionados: esclarecer los asesinatos y localizar con vida a las personas desaparecidas.
El dato que coloca a Morelos en el primer lugar nacional entre adolescentes y jóvenes no demuestra por sí solo una causa única, pero sí delimita dónde debe concentrarse la revisión pública. La caída del promedio general no puede utilizarse para descartar la alarma juvenil; ambos resultados obligan a mejorar la calidad de los registros, identificar los territorios y edades más expuestos y medir si las instituciones cuentan con capacidad real para prevenir, investigar y sancionar los crímenes.
