Meta vuelve a quedar en el centro de una ofensiva judicial que afecta a dos de los pilares más delicados de su negocio: la gestión de los datos personales y el diseño de productos capaces de captar y retener la atención de los usuarios. Un tribunal de Nuevo México ha fijado en 25.000 millones de dólares la cantidad que la compañía deberá afrontar por haber engañado presuntamente al público sobre la protección de su información, mientras una demanda colectiva presentada en Australia acusa a Facebook e Instagram de exponer a menores a contenido dañino y de favorecer su dependencia mediante algoritmos.
Una cifra excepcional, aunque rebajada frente al cálculo inicial
El juez Francis Mathew, de un tribunal del estado de Nuevo México, calculó inicialmente una multa superior a 219.000 millones de dólares. La cantidad finalmente fijada, 25.000 millones, sigue siendo extraordinaria y refleja la gravedad atribuida a la conducta de la compañía en el caso. Además, la sanción acumulará intereses anuales del 15 % hasta que sea abonada, un elemento que puede elevar de forma significativa el coste final del proceso si el pago se prolonga.
El caso está vinculado a Cambridge Analytica, la consultora británica que trabajó para la campaña presidencial de Donald Trump en 2016. La empresa obtuvo, sin consentimiento, datos de millones de usuarios de Facebook para dirigir publicidad política. El problema no se limita a la filtración o al uso indebido de esa información: la acusación pone el foco en la distancia entre las garantías comunicadas al público y las prácticas que permitieron el acceso y la explotación de los datos.
Ese matiz convierte la condena en un precedente relevante para las grandes plataformas. La cuestión central deja de ser únicamente si una empresa recopila muchos datos, algo inherente a su modelo de negocio, y pasa a ser si informa con precisión sobre quién puede utilizarlos, con qué finalidad y bajo qué controles. Una sanción de esta magnitud puede aumentar la presión para que las compañías documenten mejor sus sistemas de consentimiento, supervisen a terceros y asuman mayores responsabilidades por el uso posterior de la información.
Australia abre otro frente, esta vez centrado en los menores
La presión sobre Meta no termina en el expediente relacionado con Cambridge Analytica. Un juzgado australiano ha registrado una demanda colectiva contra Facebook e Instagram en la que ocho personas sostienen que resultaron perjudicadas por el uso de estas redes cuando eran menores de 18 años. El bufete MinterEllison representa a los demandantes, cuya identidad y declaración de exigencias permanecen protegidas por una prohibición judicial.
La denuncia plantea una cuestión distinta, aunque conectada con la anterior: no se centra principalmente en la privacidad, sino en la arquitectura de las plataformas. Los demandantes sostienen que los algoritmos expusieron a niños y adolescentes a contenido dañino y contribuyeron a mantenerlos enganchados. Si el procedimiento prospera, podría convertirse en uno de los primeros casos en Australia en atribuir responsabilidad a una plataforma por daños relacionados con la forma en que organiza, recomienda y presenta contenidos a usuarios menores.
La relevancia del caso está en el cambio de enfoque. Durante años, el debate sobre las redes sociales se concentró en los mensajes publicados por terceros. La demanda australiana desplaza parte de la atención hacia las decisiones internas de las compañías: qué contenidos recomienda el sistema, con qué frecuencia los muestra, cómo responde ante señales de vulnerabilidad y qué mecanismos ofrece para limitar la exposición. La eventual responsabilidad no dependería solo de un contenido concreto, sino de la interacción entre el diseño del servicio y la edad de sus usuarios.
Los acuerdos anteriores no cierran el debate
En agosto, Meta llegó en Estados Unidos a un acuerdo con casi todos los estados del país y aceptó pagar 18.000 millones de dólares para poner fin a otro proceso judicial. En aquel procedimiento se acusaba a la compañía de crear adicción en niños y adolescentes. La nueva demanda australiana demuestra que los acuerdos alcanzados en una jurisdicción no eliminan necesariamente los riesgos legales en otras, especialmente cuando las reclamaciones se apoyan en normas nacionales diferentes y en grupos de afectados distintos.
La acumulación de litigios también modifica el cálculo empresarial. Una resolución aislada puede tratarse como un coste extraordinario; varias causas sobre privacidad, protección de menores y funcionamiento algorítmico apuntan, en cambio, a un debate estructural sobre el modelo de las plataformas. Para Meta, eso implica revisar no solo campañas de cumplimiento o mensajes corporativos, sino productos, métricas de interacción y criterios utilizados para optimizar el tiempo de permanencia.
Australia endurece el marco para las grandes tecnológicas
La demanda llega en un momento especialmente sensible para la regulación australiana. El país ha aprobado una prohibición pionera del uso de redes sociales por menores de 16 años y estudia nuevas normas que permitirían a los usuarios desactivar el contenido generado por algoritmos en sus perfiles. Ambas medidas reflejan una misma preocupación: reducir la asimetría entre plataformas que controlan la tecnología y usuarios que apenas pueden conocer o modificar las reglas que determinan lo que ven.
El resultado de los procesos judiciales todavía está por determinar, pero la dirección del conflicto ya es clara. Las autoridades y los tribunales están examinando a Meta no solo como una empresa que aloja contenidos, sino como una organización que toma decisiones activas sobre datos, recomendaciones y permanencia. La condena de Nuevo México fija un coste histórico por la gestión de la información personal; el caso australiano puede ayudar a definir hasta dónde llega la responsabilidad de una plataforma cuando sus sistemas afectan especialmente a menores.
