La líder opositora venezolana María Corina Machado advirtió que Colombia no podrá alcanzar una paz duradera ni consolidar su prosperidad mientras Venezuela permanezca sin democracia y libertad. En una entrevista publicada este domingo por el diario colombiano El Tiempo, la dirigente planteó una transición política en su país como condición para reducir la presión migratoria, fortalecer la seguridad en la frontera y reactivar la cooperación económica bilateral.
“Solamente habrá paz y prosperidad en Colombia con democracia y libertad en Venezuela”, afirmó Machado, quien sostuvo que ambos países comparten “pasado, presente y futuro”. Su argumento coloca la crisis venezolana en el centro de los desafíos colombianos de seguridad, migración y energía, y propone que la relación bilateral deje de gestionarse únicamente como un problema fronterizo para convertirse en una estrategia común de estabilización regional.
Seguridad compartida en una frontera porosa
Machado propuso coordinar a las fuerzas armadas de Venezuela y Colombia para enfrentar a los grupos ilegales que operan en la zona limítrofe. Según explicó, los militares venezolanos han sido “forzados” a compartir territorio con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, una situación que, a su juicio, debilita el control estatal y aumenta los riesgos para las comunidades de ambos lados de la frontera.
La opositora aseguró que una futura Fuerza Armada venezolana debería estar “al servicio de la República” y de la Constitución, y colaborar de manera coordinada con el Ejército colombiano. La propuesta parte de una premisa concreta: la cooperación militar solo podría ser estable si existe confianza institucional y si las fuerzas de seguridad actúan bajo autoridades civiles reconocidas. Sin una transformación política en Venezuela, cualquier acuerdo fronterizo estaría expuesto a cambios de orientación, falta de coordinación o cuestionamientos sobre su legitimidad.
Machado consideró que la frontera podría convertirse en una zona de seguridad y prosperidad económica. Para ello, no bastaría con incrementar la presencia militar. También serían necesarios controles aduaneros eficaces, protección para las poblaciones locales, servicios públicos y canales legales de comercio. La inseguridad y la informalidad se alimentan de la debilidad institucional; por eso, la dirigente vinculó explícitamente la pacificación con una recuperación más amplia de la capacidad del Estado venezolano.
Migración y retorno como efecto de la transición
Colombia acoge a más de 2,8 millones de venezolanos, recordó Machado. La magnitud de esa población convierte cualquier cambio político en Venezuela en un asunto de impacto directo para Colombia, que enfrenta costos fiscales, presión sobre sus servicios públicos y retos de integración laboral y social. La opositora afirmó que muchos venezolanos desean regresar, pero que el retorno dependerá de condiciones de seguridad, oportunidades económicas y garantías políticas.
Machado, que prepara su regreso a Venezuela desde Panamá, insistió en la necesidad de fijar cuanto antes una fecha para las elecciones. Su planteamiento vincula la convocatoria electoral con una posible reducción de los flujos migratorios: si los ciudadanos perciben que existe una transición creíble y un horizonte de reconstrucción, el retorno podría comenzar a aliviar la presión sobre los países receptores. Sin embargo, ese resultado dependería de que el proceso electoral sea competitivo, verificable y acompañado por garantías para la oposición.
Gas, inversiones y recuperación económica
En el campo energético, la dirigente propuso reparar el gasoducto Antonio Ricaurte, de 225 kilómetros, que conecta a Venezuela y Colombia, y ampliar el suministro de gas venezolano para atender las necesidades colombianas. La iniciativa refleja la interdependencia que todavía existe entre las dos economías, pese al deterioro de la infraestructura, las interrupciones comerciales y las tensiones políticas de los últimos años.
La reactivación del gasoducto podría ofrecer beneficios a ambos países, pero requeriría resolver obstáculos técnicos, financieros y jurídicos. La infraestructura debe ser rehabilitada, los contratos tendrían que contar con respaldo institucional y los operadores necesitarían reglas claras para evitar que el suministro quede subordinado a decisiones políticas. Machado defendió precisamente la creación de garantías jurídicas y normas transparentes para atraer capital a los sectores energético, agrícola, minero y de infraestructura.
Su enfoque busca presentar la transición democrática no solo como una demanda política, sino también como una condición para recuperar inversiones y reconstruir cadenas productivas. Colombia aparece en ese esquema como el socio más cercano y lógico para impulsar una integración económica gradual. La proximidad geográfica puede reducir costos y facilitar el comercio, aunque no elimina los riesgos asociados a la seguridad, la regulación y la capacidad de pago venezolana.
Una relación condicionada por la política
Machado calificó al presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, de “aliado del pueblo venezolano y de la democracia”, y sostuvo que una transición en Venezuela beneficiaría especialmente a Colombia por la situación de seguridad en la frontera. La declaración también revela la dimensión política de su propuesta: la dirigente busca que Bogotá interprete el futuro venezolano como una prioridad propia y no únicamente como un asunto interno de su vecino.
El desafío será convertir esa visión en acuerdos verificables y sostenibles. La coordinación militar deberá respetar la soberanía de ambos países; la cooperación energética necesitará controles financieros y técnicos; y cualquier proceso electoral tendrá que ofrecer garantías suficientes para generar confianza. La advertencia de Machado resume una interdependencia difícil de ignorar: mientras persistan la inestabilidad política y la debilidad institucional en Venezuela, Colombia seguirá enfrentando consecuencias migratorias, económicas y de seguridad que ningún país puede resolver por separado.
