Guadalupe Lucero Bárcenas, ex presidenta municipal de Acatlán de Osorio, Puebla, rechazó los señalamientos formulados por el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, quien la identificó públicamente como una autoridad presuntamente relacionada con grupos de la delincuencia organizada en la zona limítrofe entre ambos estados. La exfuncionaria negó cualquier vínculo con organizaciones delictivas, invocó su derecho de réplica y pidió que se respete la presunción de inocencia mientras continúan las investigaciones.
En un posicionamiento público difundido este jueves 1 de octubre de 2026, Bárcenas afirmó: “Niego rotundamente tener o haber tenido nexo alguno con delincuencia organizada o célula delictiva”. Su respuesta se produjo después de que Jara sostuviera que el Gobierno de Oaxaca había advertido con anterioridad a las autoridades de Puebla sobre la presunta relación de una autoridad municipal con grupos criminales y señalara directamente a la exalcaldesa.
Una acusación pública sin expediente presentado
De acuerdo con las declaraciones del mandatario oaxaqueño, los señalamientos estarían vinculados con asaltos, extorsiones y robos que afectaban a comerciantes y transportistas en la carretera federal 190, una vía estratégica para la comunicación regional. Jara también afirmó que esos delitos disminuyeron después de la salida de Bárcenas del Ayuntamiento de Acatlán de Osorio.
Sin embargo, al formular sus acusaciones, el gobernador no hizo pública una carpeta de investigación, una resolución judicial ni un elemento ministerial específico que acreditara de manera individual la imputación contra la exalcaldesa. Esa ausencia no determina por sí misma la inexistencia de una investigación, pero sí mantiene la acusación en el terreno de los señalamientos públicos mientras las autoridades competentes no informen sobre actuaciones formales, pruebas o resoluciones.
Bárcenas rechazó asimismo que una eventual reducción de los delitos pudiera atribuirse directamente a su salida del gobierno municipal. Según su versión, durante su administración la seguridad pública local se encontraba bajo responsabilidad del Gobierno de Puebla y de la Secretaría de Marina, por lo que consideró que cualquier evaluación sobre la evolución delictiva debe tomar en cuenta la distribución institucional de esas funciones y no únicamente el cambio en la presidencia municipal.
La exalcaldesa afirma haber sido víctima de amenazas
La exfuncionaria sostuvo que su relación con los grupos criminales fue opuesta a la descrita por el gobernador. “El crimen organizado no operó conmigo, sino en mi contra”, afirmó. Como respaldo de esa versión, aseguró haber recibido amenazas de muerte, enfrentar presiones dentro del Cabildo y ser víctima de un ataque con un artefacto explosivo en su domicilio.
Esos hechos, de acuerdo con lo expuesto por Bárcenas, formarían parte del contexto en el que ejerció el cargo, aunque en la información difundida no se detallan las denuncias presentadas, las fechas de los incidentes ni el estado procesal de las investigaciones relacionadas con las amenazas o el ataque. La determinación de si existieron responsabilidades por esos hechos corresponde a las fiscalías y a los tribunales, conforme avance la integración de los expedientes.
Bárcenas dejó la presidencia municipal en septiembre, después de presentar su renuncia junto con integrantes del Cabildo. Posteriormente comenzó el proceso para instalar un Concejo Municipal encargado de asumir las funciones del Ayuntamiento. La salida de la administración local ocurrió en un momento de atención creciente sobre la seguridad en la región y sobre la posible penetración de estructuras delictivas en gobiernos municipales.
Puebla reporta investigaciones aún abiertas
José Luis García Parra, coordinador de Gabinete del Gobierno de Puebla, informó que permanecen abiertas investigaciones relacionadas con servidores públicos y representantes que formaron parte del Ayuntamiento de Acatlán de Osorio. Explicó que las mesas de inteligencia habían detectado indicios de que un grupo delictivo pretendía avanzar en el municipio y ocupar espacios dentro de la estructura administrativa local.
El funcionario no estableció, según la información disponible, una responsabilidad penal individual contra Bárcenas ni detalló qué personas son objeto de las indagatorias. La existencia de investigaciones, reportes de inteligencia o indicios tampoco equivale a una sentencia. Para que haya responsabilidad penal debe acreditarse la participación concreta de cada persona mediante las etapas previstas por la ley y una resolución judicial firme.
La diferencia entre una alerta de inteligencia, una investigación ministerial y una condena resulta central en este caso. Mientras las autoridades pueden utilizar información preliminar para orientar operaciones y abrir expedientes, la imputación formal y la eventual sentencia requieren pruebas sometidas a control judicial. La controversia entre Jara y Bárcenas se mantiene, por ahora, en la intersección de esos distintos niveles de información pública.
El antecedente de Juchitán eleva la tensión política
El intercambio ocurre pocos días después de la detención de Miguel Sánchez Altamirano, entonces presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, acusado de delitos relacionados con extorsión y seguridad del Estado. Tras esa captura, Jara solicitó al Congreso local la desaparición de poderes en el Ayuntamiento de Juchitán. El Congreso aprobó la medida por unanimidad y posteriormente designó a un comisionado municipal.
Las investigaciones sobre Juchitán han puesto bajo escrutinio los presuntos vínculos entre estructuras delictivas y autoridades municipales en el Istmo de Tehuantepec. No obstante, la vinculación a proceso de Sánchez Altamirano no equivale a una sentencia condenatoria, por lo que el procedimiento penal continúa y su responsabilidad deberá definirse en las instancias correspondientes.
El conflicto también alcanzó el ámbito federal. Legisladores del Partido del Trabajo solicitaron al Senado de la República examinar hechos que, según su planteamiento, podrían configurar una eventual desaparición de los poderes constitucionales en Oaxaca. La petición fue presentada por los diputados federales Maribel Martínez Ruiz y José Alejandro López Sánchez, junto con el dirigente del PT en Oaxaca, Benjamín Robles Montoya, y el legislador local Dante Montaño.
La presentación de esa solicitud no significa que el Senado haya determinado la desaparición de poderes en Oaxaca. En su caso, abre la posibilidad de que la Cámara alta analice si existen elementos jurídicos para iniciar un procedimiento de esa naturaleza. Mientras tanto, los casos de Juchitán y Acatlán de Osorio deben distinguirse: uno cuenta con una detención y un proceso penal en curso; el otro combina acusaciones políticas, una defensa pública y pesquisas reportadas por el Gobierno de Puebla.
La definición de responsabilidades dependerá finalmente de las investigaciones ministeriales, las pruebas que puedan incorporarse a los expedientes y las resoluciones de las autoridades judiciales. Hasta que esos procesos concluyan, los señalamientos contra Bárcenas no pueden presentarse como una condena, del mismo modo que sus afirmaciones sobre amenazas y ataques deberán ser esclarecidas mediante las denuncias y diligencias correspondientes.
