Los consulados españoles están registrando en hojas de cálculo los datos de ciudadanos que obtuvieron la nacionalidad por la Ley de Memoria Democrática, conocida como ley de nietos, para determinar quiénes quedan afectados por la suspensión cautelar de su derecho al voto. La tarea debe distinguir entre quienes acreditaron ser descendientes de exiliados y quienes accedieron a la nacionalidad bajo un criterio administrativo que presumía el exilio.
Una lista que todavía se construye a mano
Según fuentes diplomáticas citadas por EL PERIÓDICO, cada consulado recibió instrucciones para cotejar y completar distintos campos de los expedientes. La aplicación informática prevista para reunir la información aún no ha llegado; mientras tanto, Madrid ha pedido que los datos se incorporen a un Excel, que después se trasladaría al sistema definitivo. La revisión abarca decenas de miles de casos repartidos por oficinas consulares de todo el mundo.
El criterio que deben aplicar no es meramente documental. Hay que identificar a quienes presentaron pruebas de que sus antepasados se exiliaron por motivos políticos, ideológicos o relacionados con la orientación o identidad sexual, y separarlos de quienes se acogieron a una instrucción del Ministerio de Justicia. Esta permitía presumir el exilio de quienes se marcharon de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955.
La urgencia electoral choca con el volumen de expedientes
La orden inicial de Exteriores llegó a mediados de septiembre, junto con resoluciones de la Junta Electoral Central y del Tribunal Supremo sobre las medidas cautelares. Este lunes, el Supremo rechazó la petición de la Abogacía del Estado y la Fiscalía General para revocar la suspensión del voto de parte de los nacionalizados bajo el criterio de presunción. La Abogacía calcula que la medida afecta a 163.020 personas y sostiene que no hay tiempo material para elaborar una relación detallada antes de las elecciones generales, adelantadas al 29 de noviembre.
Exteriores afirma que cumple y cumplirá las medidas dictadas por el alto tribunal, aunque reconoce que aplicarlas resulta muy complejo para muchos consulados. El calendario puede producir una situación difícil de explicar a los afectados: ciudadanos que votaron en 2023 o en recientes elecciones autonómicas podrían no estar habilitados para hacerlo en los próximos comicios.
La clasificación administrativa, bajo disputa
El Gobierno y organizaciones de españoles en el exterior, entre ellas el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior, han cuestionado la decisión. El Consejo pidió al Defensor del Pueblo que recurra en amparo ante el Tribunal Constitucional. Sus objeciones apuntan al plazo de cinco días para presentar alegaciones o corregir expedientes, a la diferencia de trato entre residentes en España y en el extranjero, y a que la duda sobre el voto se originó en un recurso de Vox e Iustitia Europa.
El Excel es, por tanto, algo más que una solución provisional de oficina: convierte una controversia jurídica sobre los criterios de nacionalidad y sufragio en una clasificación urgente, caso por caso. El desafío no consiste solo en completar una lista antes de la elección, sino en hacerlo con información verificable y criterios coherentes, evitando que los límites de tiempo y capacidad consular determinen quién puede ejercer un derecho fundamental.
