El deterioro de la popularidad de Donald Trump está llevando a candidatos republicanos a marcar distancias con el presidente a menos de un mes de las elecciones legislativas del 3 de noviembre. La preocupación es que su agenda y sus decisiones arrastren al partido a perder el control de la Cámara de Representantes y el Senado. Una encuesta reciente del Pew Research Center sitúa su aprobación en el 30% y su desaprobación en el 68%, cuatro puntos más alta que en julio.
El malestar no se limita a la campaña electoral. Senadores de ambos partidos condenaron el acuerdo de Trump con Vladímir Putin para permitir importaciones de gasóleo ruso, y reclamaron que la Administración lo revoque. La declaración sostiene que la medida contradice la prohibición aprobada por el Congreso en 2022 y podría proporcionar recursos a Moscú mientras continúa la guerra contra Ucrania.
El coste político de las decisiones presidenciales
La disputa sobre el combustible ruso reúne varias inquietudes electorales: el coste de la vida, el precio de la energía y la política exterior. Trump presentó el acuerdo como una vía para contener el precio del diésel, pero expertos citados en la información estiman que las importaciones equivalen a apenas un día y medio de demanda estadounidense, por lo que su efecto en el precio al consumidor sería limitado. A cambio, la decisión reabre el debate sobre las sanciones a Rusia y la relación de Washington con Putin.
Entre los firmantes de la condena figuran las republicanas Susan Collins, de Maine, y Lisa Murkowski, de Alaska, además de Thom Tillis, de Carolina del Norte, y John Curtis, de Utah. Se sumaron los demócratas Jeanne Shaheen, Richard Blumenthal y Ron Wyden. La amplitud partidista de la protesta muestra que el choque no es solo una discrepancia entre Trump y sus adversarios: también plantea un conflicto sobre la autoridad del Congreso y el cumplimiento de la ley.
Campañas que buscan autonomía
En Maine, Collins ha usado sus debates con el demócrata Troy Jackson para destacar sus votos contra Trump y su disposición a colaborar con la oposición. Afirmó que este año ha votado contra el presidente 137 veces. También cuestionó la guerra en Irán por su planteamiento y sus efectos sobre los precios mundiales del petróleo, y criticó los aranceles a Canadá, cuya economía está estrechamente ligada a la de Maine.
Otros candidatos han moderado o cambiado su relación pública con el presidente. En Michigan, el republicano John James pidió que la guerra en Irán termine cuanto antes. En Georgia, Rick Jackson, que había hecho campaña como el gobernador favorito de Trump, evitó mencionar al mandatario en un debate y reivindicó como modelo al gobernador saliente Brian Kemp, conocido por cooperar con ambos partidos.
Inmigración, otro punto de fricción
La política migratoria también genera reservas entre republicanos. La congresista María Elvira Salazar ha cuestionado las medidas de la Casa Blanca, mientras el senador John Cornyn considera que deportar a personas asentadas durante años sin incidentes entra en una zona de fuerte desacuerdo. Mike Rounds, que busca la reelección, defendió concentrar los recursos en migrantes que hayan cometido otros delitos y pidió más indulgencia con quienes cuentan con una resolución judicial que les permite permanecer en el país.
Una encuesta de Fox realizada en septiembre a 1.211 votantes registrados aporta una medida del riesgo: el 53% opinó que la aplicación de las leyes migratorias había ido demasiado lejos. Entre ese grupo, el 45% señaló un uso excesivo de la fuerza y el 49% dijo que se estaba actuando contra las personas equivocadas. Tillis calificó de excesivas las deportaciones masivas y sostuvo que la dureza puede eclipsar los avances en seguridad fronteriza. La distancia que toman estos republicanos no supone necesariamente una ruptura con Trump, pero sí revela un cálculo electoral: en contiendas ajustadas, defender límites a sus políticas puede resultar menos costoso que asumirlas sin matices.
