El registro de ataques con armas de fuego y otros artefactos violentos en escuelas de México llegó a 157 casos entre 2000 y septiembre de 2026, de acuerdo con una investigación del académico Víctor Manuel Sánchez Valdés, de la Universidad Autónoma de Coahuila. El recuento, presentado durante una entrevista con Luis Chaparro en el segmento Panorama Criminal de Pie de Nota, señala que 2026 ya superó a todos los años anteriores, con 31 incidentes documentados.
La actualización del registro ocurrió después del ataque del 1 de octubre en la Secundaria General número 13, ubicada en el ejido La Unión, en Torreón, Coahuila. Dos hermanos gemelos de 18 años y exalumnos del plantel ingresaron durante un cambio de clases con machetes y petardos. El hecho causó la muerte de la subdirectora Nery Edith Nevárez González, de 56 años. Las autoridades detuvieron a los presuntos responsables y anunciaron que las investigaciones continuarían hasta determinar las responsabilidades correspondientes.
Un cambio visible desde 2017
Sánchez Valdés explicó que el fenómeno era poco frecuente durante los primeros años del periodo analizado. Entre 2000 y 2013 se registraron episodios aislados, con lapsos de hasta tres años sin incidentes reportados. El punto de inflexión, según su análisis, se produjo en enero de 2017, cuando un alumno de 15 años disparó en el Colegio Americano del Noreste de Monterrey contra una maestra y varios compañeros antes de quitarse la vida.
Desde entonces, la tendencia comenzó a crecer de manera sostenida. El investigador señaló que únicamente 2021 no registró casos, una interrupción que atribuyó al cierre de los planteles y a las restricciones provocadas por la pandemia de covid-19. La reanudación de las actividades escolares coincidió con el retorno de los incidentes, lo que dificulta interpretar la caída de ese año como una mejora estructural en las condiciones de seguridad.
El comportamiento de 2026 ya había encendido las alertas antes de los hechos de Torreón. En abril, Sánchez Valdés había contabilizado 143 ataques desde el inicio de su registro, incluidos 17 durante los primeros tres meses del año. Para entonces, 2025 aparecía como el periodo con más casos, con 30. La nueva actualización elevó el total a 157 y colocó a 2026 en el primer lugar histórico, aunque el año todavía no ha concluido.
Armas disponibles y atención insuficiente
El académico relacionó el aumento con la combinación de tres elementos: la disponibilidad de armas en los hogares, la exposición a contenidos violentos y la falta de atención oportuna a problemas de salud mental entre estudiantes. Su argumento central es que las expresiones de violencia no producen por sí solas un ataque; requieren también medios materiales y, en algunos casos, ausencia de mecanismos capaces de detectar señales de riesgo.
Sánchez Valdés rechazó atribuir el fenómeno exclusivamente a las redes sociales o a los videojuegos, una explicación que ha sido planteada por autoridades federales. A su juicio, esos factores pueden influir en determinados comportamientos, pero no sustituyen el análisis de la circulación de armas ni de las condiciones familiares y escolares en las que se desarrollan los episodios violentos.
Durante la entrevista, el investigador estimó que en México existen alrededor de 15 millones de armas ilegales y advirtió que una parte de ellas permanece en viviendas al alcance de niños y jóvenes. Esa afirmación coloca el almacenamiento doméstico y el tráfico de armas en el centro del debate preventivo, aunque el recuento de ataques no permite establecer por sí solo qué proporción de los casos provino de armas guardadas en los hogares.
Entidades con mayor concentración de casos
El mapa elaborado por Sánchez Valdés ubica a Puebla y Nuevo León como las entidades con más incidentes acumulados desde 2000, con 11 casos cada una. Ciudad de México y Tamaulipas registran 10, mientras Chiapas suma nueve. En Puebla, los hechos se distribuyeron entre Tehuacán, Mihuatlán, la capital estatal, Tlapalana, San Martín Texmelucan y Chietla; los primeros registros de esa entidad corresponden a 2014.
En el recuento anual de 2026, Nuevo León encabeza la lista con cuatro eventos, seguido de Baja California con tres. Aguascalientes aparece como la única entidad sin incidentes documentados desde el comienzo de la serie. Estas diferencias territoriales no permiten concluir que exista una sola causa nacional: pueden reflejar variaciones en la disponibilidad de armas, la denuncia, la cobertura mediática, las condiciones sociales y la capacidad de registro en cada estado.
Casos que anteceden al nuevo máximo
La violencia escolar reciente también quedó marcada por el ataque ocurrido en enero de 2020 en el Colegio Cervantes de Torreón. Un alumno de 11 años disparó dentro del plantel, mató a una maestra e hirió a seis personas antes de quitarse la vida, según el registro citado por el investigador. En marzo de 2026, un estudiante de 15 años atacó con un fusil semiautomático tipo AR-15 a dos trabajadoras del Instituto Antón Makárenko, en Lázaro Cárdenas, Michoacán. María del Rosario Sagrero y Tatiana Bedolla murieron después de negarle el acceso al aula por llegar tarde.
Hasta el corte de abril, 35 de los 143 incidentes documentados habían tenido consecuencias directas para personas, con 30 lesionados y 30 fallecidos. La cifra evidencia que el número total de eventos no equivale automáticamente al número de víctimas, pero también muestra que una minoría de ataques concentra efectos letales y puede alterar de manera profunda la percepción de seguridad en las comunidades educativas.
Prevención y respuesta institucional
Entre las medidas propuestas por Sánchez Valdés se encuentran reforzar el control del ingreso de armas procedentes de Estados Unidos, sancionar con mayor rigor a quienes no las resguarden adecuadamente y establecer protocolos de reacción dentro de las escuelas. También pidió ampliar la presencia de psicólogos en los planteles para identificar conductas de riesgo y canalizar a los estudiantes hacia servicios especializados antes de que una crisis escale.
La Secretaría de Educación Pública condenó el ataque de Torreón, mientras el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, expresó sus condolencias a la familia de la subdirectora y aseguró que el caso se investigaría hasta sus últimas consecuencias. La discusión que deja el registro no se limita a la vigilancia en las entradas escolares: exige coordinar seguridad, salud mental, protección infantil y control de armas. Sin esa respuesta conjunta, el récord de 2026 corre el riesgo de convertirse en una referencia temporal dentro de una tendencia que todavía no muestra señales claras de retroceso.
