Dos cuerpos fueron localizados en una zona boscosa del municipio de Huauchinango, Puebla, y las autoridades investigan si corresponden a Adolfo López, de 40 años, y Marco Antonio Sarmiento, de 60, trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) desaparecidos desde el 26 de junio en la región limítrofe entre Puebla e Hidalgo. La identidad de las víctimas deberá ser confirmada mediante los procedimientos forenses correspondientes.
El hallazgo se produjo en el área de Texcapa y Nuevo Necaxa, cerca de la autopista México-Tuxpan, un corredor que comunica distintos municipios de la Sierra Norte de Puebla con localidades del estado de Hidalgo. Al sitio acudieron elementos de diversas corporaciones de seguridad y personal de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, quienes participaron en las diligencias iniciales.
Reportes policiacos señalaron que las características del lugar y de los cuerpos permiten establecer una posible relación con la desaparición de los dos empleados de la CFE. Sin embargo, hasta que concluyan las labores de identificación y se emitan los dictámenes periciales, la correspondencia entre los restos encontrados y los trabajadores permanece como una hipótesis de investigación.
Una desaparición vinculada con un percance en carretera
De acuerdo con la información difundida tras la desaparición, López y Sarmiento regresaban de Huauchinango, donde habían realizado actividades laborales. Durante el trayecto, uno de ellos habría sufrido un percance con la unidad en la que viajaba y detuvo el vehículo a la altura de Acaxochitlán, municipio hidalguense ubicado cerca de la frontera estatal, para intentar repararlo.
Uno de sus compañeros habría llegado posteriormente al lugar para auxiliarlo. Después de ese momento se perdió contacto con ambos. Las primeras versiones indicaron que los trabajadores habrían sido despojados de los vehículos oficiales en los que se desplazaban, una circunstancia que orientó las investigaciones hacia un posible delito patrimonial acompañado de privación ilegal de la libertad.
Las unidades fueron encontradas más tarde en las inmediaciones de Acaxochitlán. Según los reportes, los vehículos habían sido modificados para retirarles los logotipos de la CFE, un elemento que reforzó la línea relacionada con la desaparición de los trabajadores y con un posible intento de dificultar su identificación o la vinculación de las unidades con la empresa pública.
La investigación quedó bajo competencia federal
La Fiscalía General de la República atrajo las indagatorias, por lo que el caso dejó de estar únicamente bajo la atención de las autoridades locales. La participación federal responde a la naturaleza de los hechos investigados, a la posible afectación de bienes y personal de una empresa pública y a la conexión territorial entre Puebla e Hidalgo.
La atracción de la carpeta permite concentrar en una misma investigación las diligencias relacionadas con la desaparición, la localización de los vehículos y el hallazgo de los cuerpos. También deberá establecerse qué ocurrió durante el trayecto de los empleados, quiénes tuvieron contacto con ellos después del percance y si existe relación entre el abandono de las unidades y la ubicación donde fueron encontrados los restos.
Entre las tareas pendientes se encuentran la identificación genética, la práctica de estudios forenses y la reconstrucción de la ruta seguida por los trabajadores. La información disponible no permite determinar todavía la causa de muerte ni el tiempo exacto que los cuerpos permanecieron en la zona. Esos datos serán relevantes para precisar la secuencia de los hechos y definir las responsabilidades penales.
Una región clave para esclarecer los hechos
La zona donde se produjo el hallazgo combina áreas boscosas, caminos secundarios y vías de comunicación de tránsito regional. Esa configuración puede complicar las labores de búsqueda y, al mismo tiempo, vuelve relevantes los registros de desplazamiento, las cámaras disponibles en carreteras y localidades cercanas, así como los testimonios de personas que hayan observado los vehículos o a los trabajadores el día de la desaparición.
La proximidad entre el punto donde fueron localizadas las unidades y el área de Huauchinango será uno de los elementos que deberán analizar los investigadores. La distancia, los tiempos de traslado y las condiciones de los vehículos podrían ayudar a determinar si ambos lugares forman parte de una misma secuencia delictiva o si existen etapas aún no esclarecidas.
Para los familiares, la localización de los cuerpos abre la posibilidad de concluir una búsqueda que se extendió desde finales de junio, pero también plantea la necesidad de contar con respuestas verificables sobre lo sucedido. La confirmación de las identidades y la determinación de las causas de muerte serán pasos indispensables antes de establecer públicamente que se trata de los trabajadores desaparecidos.
Mientras avanzan las diligencias, las autoridades mantienen bajo reserva los detalles que puedan afectar la investigación. El caso permanece abierto y su esclarecimiento dependerá de la coordinación entre las instituciones de búsqueda, los servicios periciales y la Fiscalía General de la República.
