Felipe VI y la reina Letizia viajarán el martes 13 de octubre a Ceuta, por primera vez desde que el monarca asumió el trono en 2014. El desplazamiento, seguido al día siguiente por una visita a Melilla, combina un gesto de respaldo a las dos ciudades autónomas con una afirmación de soberanía española. Llega, además, en un momento de especial sensibilidad: menos de tres meses después de la entrada masiva de migrantes desde Marruecos y a mes y medio de las elecciones generales anticipadas.
Un gesto institucional bajo presión humanitaria
El programa incluye una visita al ayuntamiento y a colegios, un encuentro con representantes de la sociedad civil y una ceremonia religiosa en memoria de los migrantes fallecidos. La presencia de los reyes busca acompañar a una población que afronta las consecuencias de una crisis que ha puesto a prueba los servicios locales y la coordinación con el Gobierno central, en particular ante la situación de los menores no acompañados.
La dimensión de la llegada inicial fue excepcional: más de 70.000 personas procedentes de Marruecos entraron en la ciudad, aunque la mayoría salió o fue devuelta en las horas siguientes. Varios miles permanecieron en Ceuta, un territorio de apenas 18 kilómetros cuadrados. El Gobierno habilitó centros de acogida para despejar los campamentos de las playas; aun así, la presencia policial sigue siendo visible. El domingo, agentes y soldados desmantelaron el último campamento del centro histórico, dos días antes de la llegada de los monarcas.
La soberanía, un mensaje con destinatario en Rabat
Ceuta y Melilla son motivo de desacuerdo entre España y Marruecos desde la independencia marroquí en 1956. Por eso, una visita del jefe del Estado no es solo un acto local: también proyecta la posición española sobre ambos enclaves. En Marruecos, el viaje ha suscitado críticas; un residente de Casablanca lo calificó de provocación. La visita de Juan Carlos I en 2007 ofrece un precedente elocuente: Rabat retiró entonces a su embajador en Madrid para consultas.
El riesgo de que el desplazamiento abra una nueva crisis diplomática, sin embargo, no está confirmado. El País, citando fuentes diplomáticas y militares, informó de que Mohammed VI habría dado su aprobación, pero ni Madrid ni Rabat lo han corroborado. El 9 de octubre, el monarca marroquí defendió la colaboración con España y rechazó que esta pudiera someterse a presiones o amenazas. La visita transcurre, por tanto, entre señales públicas de cooperación y desacuerdos sobre la gestión de la frontera.
La crisis migratoria, convertida en disputa política
La llegada de los reyes también ocurre en un clima electoral. La víspera, Jordan Bardella, de Agrupación Nacional, y Santiago Abascal, de Vox, visitaron Ceuta y acusaron al Gobierno de Pedro Sánchez de provocar un “efecto llamada” con la regularización extraordinaria de inmigrantes. Esa explicación no encaja con el calendario descrito: el proceso ya había concluido cuando se produjo la llegada masiva y solo beneficiaba a personas residentes en España antes del 31 de diciembre de 2025; la mayoría de quienes se acogieron procedía de Latinoamérica.
Las acusaciones sobre la actuación marroquí también siguen siendo controvertidas. Informes policiales españoles señalaron a las autoridades de Marruecos tras la oleada de julio, mientras Rabat y Sánchez rechazaron esas imputaciones. Con la visita real, la atención se desplaza así de la emergencia inmediata a una cuestión más amplia: si ambos países pueden mantener su cooperación fronteriza sin que la migración se convierta en instrumento de presión ni en munición electoral. El viaje no resuelve ese equilibrio, pero lo expone ante las dos sociedades.
