Familiares y estudiantes exigieron justicia y protección en Morelos después del asesinato de dos alumnos de 17 años de la Preparatoria Número 2 de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), ocurrido la noche del sábado en la colonia Chulavista, en Cuernavaca. Un tercer joven resultó herido durante el ataque armado.
El doble homicidio reavivó la preocupación dentro de la comunidad universitaria y colocó nuevamente a la entidad en el centro del debate sobre la seguridad de estudiantes y jóvenes. Los reclamos se producen apenas dos semanas después del asesinato de Claudia Tacoronte Aguilera, una estudiante española de 21 años que murió en Cuautla tras ser atacada con un arma blanca.
El reclamo de una familia ante la falta de respuestas
Rogelio Arce, padre de Christian, uno de los estudiantes asesinados, pidió que el caso no quede archivado ni se sume a una larga lista de investigaciones inconclusas. “La exigencia es que no se quede como se han quedado muchos casos parados”, afirmó ante medios, al subrayar que se trataba de dos jóvenes con proyectos de futuro.
Su testimonio expresó una de las principales inquietudes de las familias: que la respuesta institucional se limite a declaraciones posteriores al crimen, sin traducirse en resultados judiciales ni en medidas capaces de evitar nuevos ataques. La pregunta planteada por Arce, “¿dónde está la seguridad?”, resume la distancia entre el discurso oficial y la percepción cotidiana de quienes deben desplazarse por zonas consideradas vulnerables.
El padre también cuestionó quién representa hoy la principal amenaza para los ciudadanos, al señalar tanto a los grupos criminales como a las autoridades que, a su juicio, no cumplen adecuadamente con su responsabilidad de proteger a la población. El reclamo no se limita al esclarecimiento de este doble homicidio: apunta a una crisis de confianza más amplia.
Seis estudiantes asesinados en lo que va del año
Alumnos de la Facultad de Medicina y miembros de la Resistencia Estudiantil de la UAEM condenaron los asesinatos y demandaron medidas concretas de seguridad fuera de las unidades académicas. Según los estudiantes, los dos nuevos casos demuestran que las estrategias aplicadas hasta ahora no han sido suficientes para proteger a quienes salen de los campus y regresan a sus hogares.
La organización estudiantil señaló que seis jóvenes vinculados con ese centro de estudios han sido asesinados en Morelos durante el año. El dato transforma el ataque del sábado en algo más que un hecho aislado: revela una sucesión de homicidios que afecta a una comunidad identificable y que puede alterar la asistencia a clases, la movilidad de los alumnos y la confianza de las familias en las instituciones educativas.
La demanda de reforzar la seguridad en los alrededores de las facultades también pone de manifiesto un límite de las medidas centradas exclusivamente en el interior de los planteles. Para los estudiantes, el riesgo comienza en los trayectos, en las calles cercanas y en los puntos de conexión con el transporte, espacios donde la universidad no tiene control directo y donde la coordinación con las autoridades estatales resulta indispensable.
Gobierno estatal y universidad, bajo presión
Durante su conferencia diaria, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que instruyó a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, a comunicarse de inmediato con la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, así como con la rectora de la UAEM y la comunidad estudiantil. Sheinbaum reconoció la gravedad del caso y afirmó que son varios los estudiantes que han perdido la vida.
La Fiscalía General de Morelos comunicó que agentes del Ministerio Público, policías de investigación y peritos realizaron las primeras diligencias y el levantamiento de los cuerpos. La institución aseguró que agotará todas las líneas de investigación para esclarecer el doble homicidio. La UAEM confirmó que las víctimas pertenecían a su comunidad y reclamó una investigación pronta y exhaustiva.
El desafío para las autoridades será convertir esos anuncios en avances verificables. La investigación deberá establecer las circunstancias del ataque, identificar a los responsables y determinar si existían amenazas previas o patrones relacionados con otros hechos violentos. La exigencia de resultados tiene además una dimensión preventiva: cada caso sin esclarecer puede reforzar la percepción de impunidad y reducir la disposición de las víctimas o sus familias a denunciar.
Un contexto que amplía la alarma
El asesinato de los dos adolescentes ocurre en un periodo especialmente sensible para Morelos. El 12 de septiembre, Claudia Tacoronte Aguilera fue atacada con un arma blanca en Cuautla. La joven, originaria de Canarias y estudiante de la Universidad de Granada, había llegado al estado en agosto para realizar una estancia académica en la UAEM.
La coincidencia temporal entre ambos episodios ha profundizado la preocupación de estudiantes nacionales y extranjeros, así como de sus familias. Aunque se trata de investigaciones distintas y no existe información que permita vincular los crímenes, su proximidad ha colocado la seguridad universitaria en el debate público y ha incrementado la presión para que las autoridades expliquen qué medidas específicas se aplicarán.
La prioridad inmediata es esclarecer el ataque de Chulavista y atender al joven herido, pero la respuesta institucional no puede limitarse a la reacción posterior a cada homicidio. La comunidad universitaria está reclamando una política coordinada que incluya vigilancia en los entornos escolares, rutas de traslado más seguras, comunicación permanente con los estudiantes y mecanismos de seguimiento público. Sin avances concretos en esas áreas, la pregunta de las familias seguirá abierta: cómo estudiar y construir un proyecto de vida cuando ni siquiera está garantizado el regreso a casa.
