El asesinato de dos estudiantes de 17 años en Cuernavaca reabrió el debate sobre la seguridad en Morelos y elevó la presión sobre las autoridades estatales y universitarias. Familiares, compañeros y organizaciones estudiantiles exigieron justicia, protección efectiva y resultados concretos después del ataque armado ocurrido la noche del sábado en la colonia Chulavista, donde también resultó herido un tercer joven.
Los dos adolescentes pertenecían a la Preparatoria Número 2 de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). Su muerte provocó protestas y pronunciamientos de alumnos de la Facultad de Medicina y de integrantes de la Resistencia Estudiantil, quienes señalaron que la violencia ya no puede considerarse un problema ajeno a la vida académica: afecta los trayectos, los espacios próximos a las unidades educativas y la confianza de toda la comunidad universitaria.
Una exigencia que va más allá de la investigación penal
Rogelio Arce, padre de Christian, uno de los jóvenes asesinados, reclamó que el doble homicidio no termine archivado o paralizado, como, según dijo, ha ocurrido con otros casos. Su cuestionamiento resume una de las principales preocupaciones de las familias: que la apertura de una carpeta de investigación no se traduzca en esclarecimiento, detenciones y sanciones.
“Si están hablando de seguridad, ¿dónde está la seguridad?”, preguntó Arce ante los medios. La frase expresa una ruptura entre el discurso oficial y la experiencia cotidiana de los habitantes. Para los estudiantes y sus familias, el problema no se limita a identificar a los responsables del ataque, sino a determinar por qué las medidas de prevención no evitaron que dos jóvenes fueran asesinados en una zona urbana y qué acciones pueden impedir nuevos hechos.
Seis estudiantes asesinados durante el año
La dimensión del reclamo se amplía por un dato señalado por la comunidad universitaria: seis jóvenes de ese centro de estudios han sido asesinados en Morelos en lo que va del año. La cifra convierte el caso de Cuernavaca en parte de una secuencia y no en un episodio aislado. Aunque los hechos pueden tener causas y responsables distintos, su acumulación produce un efecto común: modifica la manera en que los estudiantes se desplazan, asisten a clases y valoran las condiciones de seguridad alrededor de la universidad.
Los alumnos demandaron acciones concretas fuera de las unidades académicas. Esa precisión es relevante porque la protección dentro de los planteles no resuelve los riesgos en calles, paradas de transporte, zonas comerciales o rutas habituales. La seguridad universitaria, por tanto, requiere coordinación entre la UAEM, el gobierno estatal, los municipios y las instituciones de procuración de justicia. También exige que las medidas anunciadas sean verificables y que la comunidad conozca sus alcances.
La respuesta de las autoridades
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que pidió a la Secretaría de Gobernación establecer comunicación inmediata con la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, así como con la rectora de la universidad y representantes de la comunidad estudiantil. La intervención federal muestra que el caso alcanzó una relevancia política que rebasa el ámbito local, pero el contacto institucional deberá traducirse en decisiones operativas para responder a la demanda de protección.
La Fiscalía General de Morelos comunicó que agentes del Ministerio Público, personal de investigación y peritos realizaron las diligencias iniciales y el levantamiento de los cuerpos. La dependencia aseguró que agotará todas las líneas de investigación para esclarecer el doble homicidio. La UAEM, por su parte, confirmó que las víctimas formaban parte de su comunidad y reclamó una investigación pronta y exhaustiva.
En este punto, la credibilidad de las autoridades dependerá de la información que puedan ofrecer sobre los avances del expediente sin comprometer la investigación. La identificación de los agresores, la reconstrucción de la ruta del ataque y la determinación de posibles móviles serán elementos centrales, pero también lo será explicar qué medidas inmediatas se adoptarán para reducir los riesgos que estudiantes y familias enfrentan fuera de los campus.
Un contexto marcado por otro feminicidio
El doble asesinato ocurre apenas dos semanas después del feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera, una estudiante española de 21 años y originaria de Canarias que cursaba una estancia en la UAEM. Tacoronte llegó a Morelos en agosto y murió el 12 de septiembre en Cuautla tras ser atacada con un arma blanca.
La cercanía temporal entre ambos casos vuelve a colocar a Morelos bajo observación por la violencia que afecta a jóvenes vinculados con la universidad, aunque se trate de investigaciones distintas. Para la comunidad estudiantil, la coincidencia refuerza la percepción de vulnerabilidad y la necesidad de revisar las condiciones de seguridad en los municipios donde se desarrollan actividades académicas.
El desafío: pasar de los anuncios a la protección comprobable
La crisis plantea dos obligaciones simultáneas. La primera es esclarecer los asesinatos y garantizar que las víctimas tengan acceso a la justicia. La segunda consiste en prevenir nuevos ataques mediante una estrategia que no dependa únicamente de operativos posteriores a una tragedia. Esa estrategia debería incluir un diagnóstico de las rutas y zonas de riesgo, canales de alerta eficaces, coordinación con el transporte y comunicación periódica con los estudiantes.
La exigencia de la UAEM y de las familias también pone a prueba la capacidad de las instituciones para recuperar la confianza. Cada caso sin resolver profundiza la idea de que denunciar no basta y que la presencia de las autoridades no garantiza protección. En Morelos, la respuesta a los asesinatos de Cuernavaca será medida tanto por el avance de la investigación como por la capacidad de impedir que la violencia vuelva a cobrar víctimas entre quienes acuden diariamente a estudiar.
