El terremoto de magnitud 7,7 que sacudió Panamá este viernes 9 de octubre convirtió a Penonomé, en la provincia de Coclé, en el principal escenario visible de una emergencia que todavía está en fase de evaluación. La caída de una de las torres de la iglesia San Juan Bautista, particularmente la estructura ubicada en el costado derecho del templo, concentró la atención pública por el valor histórico, religioso y urbano del inmueble. Sin embargo, el derrumbe no constituye un hecho aislado: forma parte de un conjunto de daños reportados en edificaciones residenciales, comerciales, administrativas y sanitarias de varias provincias centrales.
El movimiento se registró a las 12:56 p. m., con epicentro señalado cerca de Pitaloza Arriba, en la provincia de Herrera, y una profundidad aproximada de entre 10 y 13 kilómetros, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. Esa combinación entre una magnitud considerable y una profundidad relativamente baja ayuda a explicar la intensidad con la que fue percibido en Penonomé, Ciudad de Panamá, Herrera, Los Santos y Veraguas, así como en sectores de países vecinos. La información inicial debe interpretarse con cautela: la magnitud describe la energía liberada por el sismo, pero no determina por sí sola el daño en cada localidad, que también depende del suelo, la distancia, la calidad constructiva y el estado previo de los edificios.
Los videos difundidos en redes sociales muestran que la Catedral San Juan Bautista no sufrió, al menos en los primeros reportes, un colapso total. El daño se concentra en una de sus torres, mientras otras partes del templo permanecen en pie. Esa diferencia es crucial para la respuesta de emergencia. Una estructura parcialmente dañada puede presentar riesgos menos visibles que un edificio completamente derrumbado: desprendimientos, grietas progresivas, elementos inestables y fallas en las conexiones entre muros, cubiertas y torres pueden producir nuevos accidentes durante las réplicas o durante las labores de inspección.
La imagen de la torre caída no cuenta toda la historia
El valor noticioso de la iglesia San Juan Bautista puede llevar a una lectura incompleta de la emergencia. Los edificios religiosos suelen ocupar un lugar central en la memoria colectiva y cualquier daño visible adquiere una dimensión simbólica inmediata. Pero la prioridad técnica no debe establecerse únicamente por la relevancia patrimonial o por el impacto de las imágenes. El Hotel Dos Continentes, cuyo colapso fue reportado en Penonomé, y el edificio de la Gobernación, que presentó afectaciones en una de sus paredes, plantean riesgos potencialmente más amplios porque combinan circulación de personas, actividad laboral y posibles problemas de acceso en zonas urbanas.
La situación del Hospital Aquilino Tejeira añade una variable especialmente sensible. El reporte de grietas llevó a evacuar preventivamente a pacientes y bebés, una decisión que muestra cómo un daño que aún no equivale a una falla estructural total puede obligar a interrumpir servicios esenciales. En un hospital, la evaluación no se limita a determinar si los muros resisten. También debe revisar instalaciones eléctricas, tuberías, sistemas de gases medicinales, equipos, rutas de evacuación y capacidad de continuar atendiendo a personas vulnerables.
La primera conclusión operativa es que Penonomé necesita una clasificación rápida y homogénea de los inmuebles afectados. No basta con enumerar edificios dañados en comunicados separados. Las autoridades deben distinguir entre construcciones seguras, aquellas cuyo acceso requiere restricciones y las que deben permanecer cerradas hasta completar una evaluación especializada. Esa clasificación permite proteger a la población, ordenar la movilidad y evitar que propietarios, comerciantes o trabajadores regresen por presión económica a espacios que todavía no han sido declarados habitables.
El terremoto pone a prueba la arquitectura de la prevención
El sismo también expone una debilidad frecuente en las ciudades latinoamericanas: la distancia entre la normativa de construcción y la realidad del parque inmobiliario. Un edificio puede haber sido diseñado con criterios adecuados y, aun así, degradarse por falta de mantenimiento, modificaciones no supervisadas, humedad, corrosión o intervenciones que alteran la distribución de cargas. En templos y edificios históricos, el problema suele ser más complejo porque las torres, fachadas y elementos ornamentales pueden tener comportamientos distintos al del cuerpo principal de la edificación.
La caída de una torre no permite atribuir automáticamente el daño a una sola causa. Sería prematuro afirmar que se debió exclusivamente a la magnitud del terremoto, a una supuesta deficiencia de diseño o a la antigüedad del inmueble. Para establecerlo se requiere una inspección que revise los materiales, las uniones, la cimentación, la trayectoria de las grietas y la forma en que se propagaron las cargas durante el movimiento. También será necesario comparar los planos disponibles con el estado real de la estructura y documentar reparaciones anteriores.
Mi primer planteamiento es que el episodio puede convertirse en un punto de inflexión para la gestión de edificios vulnerables, pero solo si las inspecciones producen información pública y utilizable. Después de una emergencia, es común concentrarse en retirar escombros y reabrir vías. Esa respuesta es necesaria, pero insuficiente. Un inventario georreferenciado de inmuebles críticos, acompañado por niveles de vulnerabilidad y protocolos de acceso, permitiría priorizar recursos antes del próximo evento. Sin esa base, cada terremoto vuelve a comenzar con la misma incertidumbre: qué edificios revisar primero, quién puede ingresar y qué daños son realmente peligrosos.
El segundo planteamiento es que el riesgo no se distribuye de manera uniforme entre los propietarios. Los hogares de menores ingresos, los pequeños comercios y los trabajadores informales suelen tener menos capacidad para financiar diagnósticos estructurales, alquileres temporales o reparaciones. Una orden de desalojo puede proteger vidas, pero también puede dejar a una familia sin vivienda o a un negocio sin ingresos. Por ello, la política de recuperación debe combinar control técnico con apoyo económico, seguros, créditos de emergencia y asistencia para la reubicación. De lo contrario, la presión por reabrir puede debilitar las medidas de seguridad.
Una emergencia con varias autoridades y una sola responsabilidad pública
El Sistema Nacional de Protección Civil mantiene labores de monitoreo y pidió conservar la calma, consultar los canales oficiales y evitar acercarse a construcciones con daños visibles. Ese mensaje es fundamental, especialmente cuando las redes sociales difunden imágenes sin contexto, rumores sobre nuevos derrumbes o versiones contradictorias sobre la magnitud del desastre. La comunicación pública, sin embargo, debe evolucionar rápidamente desde la advertencia general hacia instrucciones concretas: qué calles están cerradas, cuáles edificios fueron evacuados, dónde acudir por atención médica y cómo reportar daños.
La gestión también exige coordinación entre autoridades municipales, organismos de protección civil, ingenieros estructurales, responsables del patrimonio, administradores de edificios, empresas de servicios y comunidades religiosas. Cada actor observa una parte del problema. El propietario conoce el historial de mantenimiento; el municipio tiene información sobre permisos y uso del suelo; los ingenieros pueden interpretar los daños; los servicios públicos deben verificar redes; y los residentes identifican cambios que una inspección breve podría no registrar.
Aquí aparece una tensión difícil de resolver. Los administradores y comerciantes buscarán recuperar la actividad cuanto antes para reducir pérdidas. Las autoridades, en cambio, tienen incentivos para mantener restricciones amplias hasta contar con certeza suficiente. Ninguna de las dos posiciones es automáticamente irresponsable. Una reapertura apresurada puede exponer a la población, pero un cierre indefinido sin cronograma ni explicación puede generar pérdidas económicas, desplazamiento de usuarios y desconfianza. La salida razonable es publicar criterios de reapertura por fases, con inspecciones firmadas, fechas de revisión y responsabilidades claramente asignadas.
La Catedral San Juan Bautista representa además un debate sobre patrimonio y seguridad. Reparar una torre histórica no consiste simplemente en reconstruir el volumen que cayó. Las autoridades deberán decidir cuánto conservar, qué materiales utilizar, cómo documentar el estado previo y si resulta necesario reforzar elementos sin alterar el valor arquitectónico del templo. La preservación patrimonial no puede justificar la exposición de feligreses, turistas o trabajadores, pero la seguridad tampoco debería utilizarse como argumento automático para demoler estructuras que pueden estabilizarse y restaurarse.
Las réplicas cambian la prioridad: primero estabilizar, después reconstruir
La preocupación por las réplicas modifica la secuencia normal de respuesta. Mientras las evaluaciones avanzan, los edificios con daños visibles deben tratarse como zonas potencialmente inestables. La inspección visual inicial debe complementarse, cuando sea necesario, con mediciones de desplazamiento, revisión de cimentaciones y análisis de elementos no estructurales. En el caso de la iglesia, la torre que permanece en pie no debería considerarse segura solo por contraste con la que colapsó. La vibración pudo haber afectado ambas estructuras de manera desigual.
El mismo principio aplica al Hotel Dos Continentes y al edificio de la Gobernación. Un colapso parcial puede modificar la distribución de cargas y ejercer presión sobre muros o pisos que inicialmente parecen intactos. El perímetro de seguridad debe mantenerse hasta que los especialistas determinen si existe riesgo de desprendimiento secundario. Las labores de búsqueda, limpieza o recuperación de pertenencias deben realizarse con equipos capacitados y bajo autorización técnica, no mediante ingresos improvisados de propietarios o empleados.
Un tercer planteamiento surge de la reacción de los hospitales y edificios públicos: la resiliencia no se mide solo por la capacidad de una construcción para mantenerse en pie. También se mide por la posibilidad de mantener funciones esenciales durante y después del sismo. Un hospital parcialmente operativo puede ser más útil que una estructura sin daños que carezca de energía, agua o personal disponible. La planificación urbana debe incorporar esa dimensión funcional mediante simulacros, rutas alternativas, reservas logísticas y acuerdos para trasladar servicios cuando un inmueble crítico quede fuera de operación.
Qué puede cambiar en Penonomé después de la emergencia
En las próximas semanas, la atención se concentrará en determinar el alcance real de los daños y en decidir qué edificios pueden reabrir. Esa etapa ofrecerá una oportunidad para revisar permisos de construcción, registros de mantenimiento y protocolos de inspección. También será importante diferenciar los daños directamente asociados con el terremoto de aquellos que ya existían, porque esa distinción influirá en seguros, responsabilidades legales y asignación de fondos públicos.
La reconstrucción probablemente generará disputas sobre costos, plazos y criterios técnicos. Los propietarios pueden reclamar compensaciones; las aseguradoras solicitarán peritajes; las instituciones públicas enfrentarán restricciones presupuestarias; y las comunidades exigirán que la restauración no se limite a los inmuebles más visibles. El riesgo es que los recursos se concentren en la fachada de la catedral mientras quedan pendientes viviendas, escuelas, pequeños negocios o edificios con daños menos fotogénicos pero más peligrosos para quienes los ocupan a diario.
La experiencia internacional muestra que la recuperación sísmica suele prolongarse mucho más que la cobertura informativa de la emergencia. Las réplicas desaparecen de los titulares, pero las familias desplazadas, los negocios cerrados y los edificios pendientes de reparación permanecen. Por eso, las autoridades deberían establecer un calendario público de evaluaciones, publicar los resultados técnicos en un lenguaje comprensible y crear un mecanismo para impugnar decisiones cuando los afectados consideren insuficiente una inspección.
El terremoto de Panamá deja una advertencia concreta: la vulnerabilidad no se revela únicamente cuando un edificio colapsa. También aparece en la evacuación de un hospital, en una pared agrietada, en una torre que pierde estabilidad y en la falta de información sobre quién puede declarar seguro un inmueble. La Catedral San Juan Bautista se ha convertido en el símbolo de la emergencia, pero la dimensión real del desafío está en la red de edificios y servicios que sostiene la vida cotidiana de Penonomé. La respuesta más responsable será aquella que proteja a la población ahora y transforme la información obtenida en normas, inspecciones y decisiones urbanas capaces de reducir el próximo riesgo.
