La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) advirtió este domingo que un proyecto impulsado por el Gobierno de Javier Milei podría utilizarse para intimidar a periodistas y medios al establecer penas de cárcel por actividades vinculadas con la “desinformación masiva”. El organismo expresó además preocupación por los ataques públicos del presidente contra la prensa, las restricciones al acceso a información oficial y decisiones judiciales que, a su juicio, afectan el trabajo periodístico en Argentina.
La advertencia figura en un informe aprobado en Bogotá durante la 82ª Asamblea General de la SIP, que reunió a representantes de medios de América y España entre el jueves y este domingo. El documento describe un escenario de tensión persistente entre el poder político y el periodismo, y sostiene que la discusión sobre el proyecto debe observarse no sólo por sus objetivos declarados, sino también por el alcance de los conceptos que incorpora y por el contexto en el que sería aplicado.
Una iniciativa centrada en la soberanía nacional
La SIP se refirió al proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que contempla penas de prisión para quienes, por cuenta, orden o financiamiento extranjero, desarrollen actividades destinadas a alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de “desinformación masiva”. El texto, según el informe, busca responder a eventuales operaciones externas capaces de influir en la vida política argentina.
El organismo no cuestiona únicamente la posibilidad de que el Estado investigue interferencias extranjeras. Su principal objeción se concentra en la amplitud de expresiones como “desinformación”, “manipular la opinión pública” y “campaña coordinada”. En ausencia de definiciones precisas y de salvaguardas explícitas para la labor de la prensa, esas categorías podrían abarcar desde operaciones deliberadas de propaganda hasta publicaciones periodísticas controvertidas, errores de información o investigaciones que incomoden a las autoridades.
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), cuyas observaciones fueron recogidas por la SIP, sostiene que esa indeterminación puede producir un efecto inhibitorio. El riesgo no se limita a una eventual condena judicial: la posibilidad de enfrentar una causa penal o una pena de prisión podría llevar a periodistas y medios a evitar determinados temas, fuentes o investigaciones antes incluso de que exista una decisión definitiva sobre la legalidad de una publicación.
El antecedente de agosto y la disputa por la información
El informe vincula la iniciativa con una controversia ocurrida el 25 de agosto, cuando el ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que la Justicia debía actuar frente a una publicación periodística que consideraba falsa y planteó la necesidad de una ley para castigar ese tipo de conductas. Milei respaldó posteriormente esa posición. Para la SIP, la secuencia alimenta la preocupación de que una herramienta concebida para proteger la soberanía pueda terminar empleándose contra contenidos periodísticos que el Gobierno considere perjudiciales o inexactos.
La frontera entre una campaña coordinada de desinformación y una cobertura periodística legítima exige, en cualquier sistema democrático, criterios verificables, procedimientos independientes y una clara protección de la libertad de expresión. La existencia de información falsa puede causar daños públicos, especialmente durante procesos electorales, pero convertir la valoración de su falsedad en un asunto penal plantea preguntas sobre quién decide, con qué pruebas y bajo qué controles. El informe de la SIP no ofrece una conclusión judicial sobre el proyecto, pero alerta sobre las consecuencias de una redacción amplia en un entorno político ya marcado por la confrontación.
El acceso a la información pública constituye otro de los ejes del documento. La SIP señaló que continúan las controversias por las restricciones al ingreso de periodistas acreditados a la Casa Rosada y que también se han denunciado limitaciones en la Cámara de Diputados y en el Ministerio de Economía. Para los medios, esas barreras afectan la posibilidad de formular preguntas, contrastar decisiones oficiales y mantener una cobertura regular de las instituciones del Estado.
Arrestos, ataques y presión sobre los periodistas
Entre los hechos considerados graves, la organización recordó un episodio ocurrido en septiembre en la provincia de Formosa. Un juez condenó a cinco días de arresto, sustituibles por una multa, a cuatro integrantes del equipo del programa “Hambre de Futuro”, de La Nación+, por realizar entrevistas y filmar en la comunidad de San José. La SIP incorporó el caso a su informe a petición de ADEPA y lo presentó como una señal de preocupación sobre el uso de decisiones judiciales frente a actividades informativas.
El organismo también documentó la intensidad de los ataques de Milei contra periodistas. De acuerdo con datos proporcionados por ADEPA, entre el 17 y el 23 de agosto el mandatario republicó 335 mensajes contra la prensa, publicó otros 26 mensajes propios y realizó 21 alusiones despectivas al periodismo durante intervenciones públicas. El informe contabilizó señalamientos contra al menos 16 periodistas identificados por nombre y contra nueve medios de comunicación.
La SIP recordó asimismo un discurso pronunciado por Milei a finales de agosto en una escuela secundaria de Buenos Aires. En ese acto, el presidente provocó un “abucheo” de los estudiantes contra la prensa, un episodio que generó un amplio escándalo en Argentina. Para las organizaciones periodísticas, la repetición de descalificaciones desde la máxima autoridad política puede deteriorar las condiciones de trabajo de los reporteros y aumentar la hostilidad hacia los medios, incluso cuando las críticas presidenciales se presenten como parte de una disputa política.
El debate que queda abierto
La discusión combina dos problemas distintos que el proyecto pretende abordar: la defensa frente a posibles operaciones extranjeras y la regulación de contenidos considerados falsos o manipuladores. La SIP sostiene que ambos asuntos no deberían resolverse mediante fórmulas penales imprecisas ni sin garantías suficientes para la prensa. El desafío institucional consiste en proteger los procesos electorales y la seguridad nacional sin convertir la crítica, la investigación o la discrepancia informativa en conductas susceptibles de persecución.
La 82ª Asamblea General de la SIP cerró sus sesiones en Bogotá con la libertad de prensa, la inteligencia artificial, la sostenibilidad económica y el futuro del periodismo independiente como temas centrales. En ese marco, el caso argentino fue presentado como un ejemplo de cómo las nuevas amenazas informativas pueden abrir conflictos entre la necesidad de combatir campañas coordinadas y la obligación democrática de preservar el escrutinio público sobre quienes ejercen el poder.
