Bogotá/Washington.- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) advirtió sobre una iniciativa del Departamento de Defensa de Estados Unidos que, de ser aprobada por el Congreso, podría restringir de forma significativa el acceso público a información actualmente sujeta a obligaciones de transparencia. La organización incluyó el caso en su informe sobre libertad de prensa y señaló que la propuesta otorgaría nuevas facultades al titular de la Secretaría de Defensa para decidir qué información no clasificada puede quedar fuera del alcance ciudadano.
El debate se centra en el uso de la categoría “información controlada no clasificada”, conocida por sus siglas en inglés como CUI. A diferencia de los documentos formalmente clasificados por razones de seguridad nacional, la información CUI no necesariamente contiene secretos militares o de inteligencia. Su designación establece, sin embargo, límites sobre la manera en que puede ser distribuida, almacenada o divulgada por las entidades públicas.
Una nueva facultad para el secretario de Defensa
Según la SIP, la iniciativa permitiría al secretario de Defensa designar unilateralmente una amplia variedad de documentos de interés público como CUI. Esa decisión tendría consecuencias directas sobre la divulgación de información que actualmente debe entregarse en virtud de las leyes estatales de acceso a registros públicos y de la Ley de Libertad de Información, conocida como FOIA.
La propuesta no implicaría necesariamente que todos los documentos pasen a ser secretos en el sentido tradicional. El punto central es que una clasificación administrativa adicional podría impedir o dificultar su entrega, incluso cuando el material no esté formalmente reservado por motivos de defensa nacional. Para la SIP, esa diferencia es decisiva porque ampliaría el margen de discrecionalidad del Gobierno frente a solicitudes de periodistas, investigadores y ciudadanos.
La organización sostiene que, si el cambio entra en vigor sin límites suficientemente claros, prácticamente cualquier información que el Gobierno no quiera divulgar podría ser etiquetada como CUI y mantenerse fuera del escrutinio público. Se trata de una advertencia sobre el alcance potencial de la norma, no de una afirmación de que todos los documentos del Departamento de Defensa vayan a quedar automáticamente ocultos.
El recorrido legal todavía está abierto
La medida mencionada por la SIP aún depende de la acción del Congreso. Mientras no sea aprobada, sus efectos no modifican por sí solos las obligaciones vigentes de acceso a la información. El proceso legislativo será, por tanto, el momento en que deberán definirse el alcance de la autoridad propuesta, los tipos de documentos que podrían ser incluidos y los mecanismos de revisión disponibles para quienes reciban una negativa.
La referencia a las leyes estatales y a la FOIA introduce otra complejidad. En Estados Unidos, el acceso a los registros públicos se apoya en normas federales y estatales que establecen procedimientos, excepciones y vías de impugnación. Una nueva categoría administrativa aplicada desde el Departamento de Defensa podría generar conflictos sobre la relación entre esas obligaciones de transparencia y las facultades internas de la institución militar.
La cuestión no se limita a la publicación inicial de un documento. También puede afectar los plazos de respuesta, la posibilidad de solicitar versiones parcialmente editadas y la capacidad de los tribunales o de los organismos de revisión para evaluar si una reserva está justificada. Cuanto más amplia sea la definición de CUI, mayor será la importancia de esos controles externos.
Transparencia, seguridad y control institucional
El Departamento de Defensa administra información relacionada con operaciones militares, adquisiciones, personal, infraestructura y proveedores. Parte de esos datos puede tener implicaciones legítimas para la seguridad nacional o para la protección de personas y capacidades estratégicas. En ese sentido, cualquier norma sobre divulgación debe conciliar el interés público con la necesidad de impedir que información sensible sea utilizada en perjuicio de la defensa estadounidense.
La preocupación expresada por la SIP se refiere a la posibilidad de que la categoría CUI funcione como una reserva demasiado amplia para materiales que no alcanzan el umbral de clasificación tradicional. La diferencia entre proteger datos concretos y cerrar el acceso a conjuntos enteros de documentos será uno de los aspectos más relevantes del debate. También será determinante saber si la designación requiere una justificación escrita, si tiene una duración limitada y si puede ser revisada por una autoridad independiente.
Desde la perspectiva de la prensa, el acceso a documentos no clasificados permite comprobar decisiones públicas, examinar el uso de recursos y evaluar la actuación de las instituciones. Cuando la información se mantiene fuera del alcance de los medios, la rendición de cuentas depende en mayor medida de comunicados oficiales y declaraciones autorizadas. Ese desplazamiento puede reducir la capacidad de contrastar versiones y de identificar errores, conflictos de interés o decisiones que afectan a la sociedad.
Una alerta con alcance regional
La SIP presentó el caso dentro de su evaluación continental sobre libertad de prensa, por lo que lo considera parte de una tendencia más amplia: el uso de normas administrativas, excepciones de seguridad y restricciones procedimentales para limitar el acceso a fuentes oficiales. La organización no sostiene que la propuesta haya sido aprobada ni que la información del Pentágono se encuentre actualmente sometida a una prohibición general, sino que advierte sobre el riesgo que supondría ampliar la autoridad para reservarla.
El resultado dependerá ahora del texto definitivo que analice el Congreso y de las salvaguardas que acompañen la eventual reforma. La precisión de las categorías, la obligación de explicar cada negativa y la existencia de recursos efectivos serán elementos esenciales para determinar si la medida protege información verdaderamente sensible o si crea un espacio excesivo para el secreto gubernamental. Mientras el trámite no concluya, el principal efecto de la iniciativa es haber abierto un nuevo debate sobre los límites de la transparencia en la institución militar más poderosa de Estados Unidos.
