El decreto firmado por el presidente uruguayo Yamandú Orsi ofrece una alternativa administrativa a decenas de miles de personas con solicitudes de refugio pendientes, entre ellas 27.337 cubanos. La medida puede reducir la incertidumbre de quienes ya viven y trabajan en Uruguay, pero su efecto concreto dependerá de quién reúna los requisitos, de la capacidad de la Dirección Nacional de Migración y de las garantías para quienes deban abandonar su trámite de asilo.
Regularizar también puede favorecer la integración
La nueva vía se dirige a quienes ingresaron regularmente por un punto migratorio habilitado antes del 1 de enero de 2026. También contempla a quienes recibieron una denegación de refugio; quienes aún tienen un expediente abierto deberán renunciar a él para acogerse al programa. Al crear una opción distinta del procedimiento de protección internacional, el decreto podría permitir que personas asentadas en el país pasen de una situación prolongada de espera a un estatus definido.
La regularidad puede tener efectos que van más allá de la documentación. Facilitar el acceso formal al empleo y a los servicios puede mejorar la capacidad de los migrantes para organizar su vida, acreditar su actividad y contribuir al sistema de seguridad social. Según los datos citados en la noticia, a enero de 2026 había más de 104.000 cotizantes migrantes, casi el 7% del total registrado. Esa cifra indica que la población extranjera ya participa de forma relevante en el mercado laboral, aunque no permite determinar cuántos beneficiarios potenciales del decreto cotizan ni cuántos cumplen los requisitos.
Para Uruguay, una regularización efectiva también podría reducir la informalidad y dar mayor previsibilidad a empleadores y trabajadores. El reconocimiento de aportes y medios de vida puede facilitar la continuidad laboral, mientras que una situación migratoria estable podría ayudar a las familias a planificar su residencia. Sin embargo, esos beneficios no son automáticos: dependen de que el permiso se tramite a tiempo, de que sea útil para acceder a derechos y de que no existan obstáculos económicos o documentales que dejen fuera a quienes más necesitan la vía.
La renuncia al asilo concentra el principal riesgo
La condición que obliga a abandonar un expediente de refugio pendiente plantea una decisión delicada. La residencia por arraigo y el reconocimiento de la condición de refugiado responden a fundamentos diferentes: la primera regulariza la permanencia sobre la base de vínculos y requisitos administrativos; el segundo evalúa la necesidad de protección frente a riesgos en el país de origen. Por ello, la alternativa no debería presentarse como equivalente ni como sustituto universal del asilo.
Quienes renuncien podrían perder la posibilidad de que se evalúen las razones específicas que motivaron su solicitud. El alcance de esa decisión dependerá de las normas aplicables y de cómo se informe a cada persona antes de aceptarla. Si los interesados no comprenden las consecuencias o reciben asesoramiento insuficiente, existe el riesgo de que opten por una vía conveniente a corto plazo sin valorar lo que abandonan. También puede haber casos en los que la documentación o los medios de vida requeridos no se consigan, después de haber desistido del procedimiento anterior.
La exigencia de un documento de identidad vigente, antecedentes penales de los últimos cinco años del país de residencia anterior y certificado de vacunación puede ayudar a verificar solicitudes, pero plantea dificultades prácticas. Obtener documentos desde el extranjero puede ser lento, costoso o imposible para algunas personas; los certificados vencidos o las diferencias entre registros también pueden retrasar expedientes. A ello se suma la obligación de acreditar medios de vida propios, que podría resultar más accesible para trabajadores formales que para quienes están empleados informalmente, cuidan a familiares o atraviesan períodos sin ingresos estables.
El volumen de solicitudes pondrá a prueba la ejecución
El universo de 30.715 solicitudes de refugio pendientes señala la escala potencial del desafío, pero no equivale al número de personas que obtendrán residencia. La fecha límite de ingreso, la regularidad de la entrada, la situación de cada expediente y la capacidad de reunir los documentos determinarán quién puede postularse. Esa distancia entre la población interesada y los casos aprobables será crucial para medir el alcance real de la política.
La experiencia de 2024, cuando se estableció una vía limitada a quienes habían ingresado antes del 23 de mayo de ese año, aporta un antecedente de continuidad, según la diputada Leydis Aguilera. El nuevo corte temporal amplía el período de elegibilidad, pero también puede generar confusión si las personas interpretan el decreto como una regularización general. La administración necesitará criterios públicos y consistentes, plazos previsibles y mecanismos para corregir errores; de lo contrario, la espera podría trasladarse del sistema de refugio al trámite de residencia.
Los datos sobre entradas cubanas refuerzan la relevancia del asunto, aunque deben leerse con cautela. Un informe brasileño citado en la noticia registró 11.000 entradas de cubanos entre enero y octubre por el paso fronterizo entre Sant’Ana do Livramento y Rivera, mientras que cifras de El País indicaron más de 22.000 ingresos durante el año anterior, de los cuales 14.900 personas permanecieron en Uruguay. Son cifras de períodos y fuentes distintos, por lo que no describen por sí solas una tendencia comparable ni permiten anticipar cuántas personas solicitarán residencia.
La respuesta medirá el equilibrio entre control y derechos
La política puede ordenar una realidad migratoria ya asentada y reconocer aportes laborales, pero su legitimidad dependerá de que la regularización no se convierta en un filtro inaccesible. Informar de manera clara las diferencias entre residencia y refugio, ofrecer orientación antes de la renuncia y aplicar criterios homogéneos son medidas relevantes para reducir decisiones mal informadas. También será importante observar los tiempos de resolución, la proporción de solicitudes aprobadas y los motivos de rechazo, junto con el acceso efectivo al empleo formal y a la seguridad social.
El decreto no resuelve por sí solo las causas de la migración ni las necesidades de familias que llegan con escasos recursos. Sí abre una oportunidad para transformar la permanencia de miles de personas en una relación más estable con el Estado y la economía uruguayos. El resultado dependerá de que la administración pueda procesar los casos sin demoras excesivas y de que cada solicitante pueda elegir entre las vías disponibles con información suficiente, especialmente cuando esa elección implique renunciar a una petición de protección.
