A menos de 48 horas del desenlace de las elecciones presidenciales en Brasil, Lula da Silva y Flávio Bolsonaro han elevado el tono de una campaña marcada por la confrontación personal, la presión económica y las promesas de mano dura. El presidente y candidato a la reelección acusó a su rival de «lamer las botas» de Donald Trump y de haber influido en la decisión del mandatario estadounidense de imponer un arancel del 25 % a las importaciones brasileñas. Bolsonaro rechazó de nuevo esa acusación, mientras trataba de presentar a Lula como el responsable del deterioro que, según sostiene, afecta al campo y a la seguridad pública.
El intercambio no fue una disputa aislada entre dos candidatos. En la fase decisiva de la elección, ambos intentan asociar al adversario con el riesgo que más puede movilizar a sus respectivos electorados: Lula vincula a Bolsonaro con una dependencia perjudicial de Washington; el senador conservador relaciona al actual Gobierno con los problemas cotidianos de los agricultores y con una respuesta insuficiente frente al crimen organizado.
Un arancel convertido en argumento nacional
Lula responsabilizó a Flávio Bolsonaro de estar detrás de la medida arancelaria adoptada meses atrás por Trump, una imputación que el senador ha negado categóricamente en reiteradas ocasiones. La acusación tiene una utilidad política evidente: transforma una decisión comercial externa en un asunto de soberanía nacional y coloca a Bolsonaro ante la necesidad de explicar hasta dónde llegan sus vínculos políticos con el presidente estadounidense.
El mandatario brasileño también intentó contener la preocupación por las consecuencias económicas del gravamen. Aseguró que, si Estados Unidos deja de comprar productos brasileños, Brasil buscará otros mercados, y destacó la apertura de «cientos de nuevos destinos comerciales» durante su mandato. El mensaje busca transmitir capacidad de resistencia y diversificación, aunque la sustitución de un socio comercial de gran peso no depende únicamente de una declaración política: exige compradores alternativos, acuerdos logísticos y condiciones de precio capaces de sostener las exportaciones.
El campo como territorio de disputa
Bolsonaro respondió desde una posición que considera especialmente favorable: la defensa del sector agrícola y de las zonas rurales. El candidato acusó a Lula de «masacrar» al campo mediante unas tasas de interés elevadas y reprochó al presidente unas declaraciones recientes en las que, según su versión, habría dicho que los agricultores debían «arrodillarse» ante él por las inversiones realizadas por su Gobierno.
La controversia revela dos formas distintas de presentar la política económica. Lula reivindica la intervención pública y la inversión estatal como instrumentos de desarrollo; Bolsonaro trata de convertir el coste de la financiación y la presión sobre la actividad productiva en una prueba de que esas políticas perjudican a quienes generan empleo y exportaciones. La discusión, por tanto, no se limita a una frase ofensiva: refleja la pugna por definir quién representa al Brasil productivo y quién carga con la responsabilidad de sus dificultades.
La promesa que desplaza el debate hacia el castigo
Durante el debate electoral, Flávio Bolsonaro introdujo además una propuesta de gran impacto: eliminar la edad mínima de responsabilidad penal en los casos de violación. Afirmó que lo ideal sería que no existieran límites de edad para que quien cometa una agresión sexual «pague» por sus crímenes. En la misma línea, defendió reducir a los catorce años la responsabilidad penal para que los adolescentes acusados respondan «como adultos» y planteó la castración química como castigo.
La propuesta combina indignación social ante delitos especialmente graves con una ampliación radical del poder punitivo del Estado. Su fuerza electoral reside en la simplicidad del mensaje: ante un problema doloroso, la respuesta debe ser más severa. Sin embargo, también desplaza cuestiones complejas, como la edad de responsabilidad, las garantías procesales, la proporcionalidad de las penas y la reinserción de los menores, hacia una lógica de castigo inmediato. El debate electoral ha priorizado así la contundencia de la promesa sobre la explicación de cómo se aplicaría y qué efectos produciría.
Dos narrativas para una elección polarizada
Bolsonaro completó su discurso con la promesa de una «mano dura» contra el crimen organizado y acusó a Lula de situarse del lado de las principales facciones criminales del país. Su intención de calificarlas como organizaciones «narcoterroristas» refuerza una visión de seguridad basada en la confrontación directa y en la ampliación de las herramientas penales.
Lula, por su parte, busca que la elección se interprete como una decisión entre una política exterior capaz de proteger los intereses brasileños y una oposición demasiado cercana a Trump. Bolsonaro intenta que el voto se decida por la seguridad, el orden y la defensa del campo. La recta final queda así estructurada alrededor de acusaciones difíciles de separar de la identidad política de cada bloque: dependencia frente a soberanía, inversión pública frente a presión sobre el productor y prevención institucional frente a castigo ejemplar.
El efecto más profundo de este enfrentamiento es que reduce el margen para una discusión reposada sobre los costes reales de los aranceles, la política de tipos de interés o la eficacia de las medidas contra el crimen. En las últimas horas de campaña, cada candidato necesita fijar una imagen del rival antes de que los votantes decidan. Lula procura presentar a Bolsonaro como un intermediario de intereses externos; Bolsonaro intenta retratar a Lula como un dirigente hostil al campo y débil ante la delincuencia. El resultado electoral dependerá también de cuál de esas imágenes consiga imponerse sobre la experiencia concreta de los electores.
