La reconstrucción del skatepark de San Antonio Abad, ubicado debajo del Jardín Flotante de Calzada de Tlalpan, aún no puede comenzar debido a un obstáculo administrativo. La empresa estadounidense California Skateparks, solicitada por los colectivos de patinadores para desarrollar el proyecto, no cuenta con la documentación necesaria para participar en una obra pública dentro de la Ciudad de México.
El secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto Luviano, explicó que el retraso no responde a la falta de recursos. La dependencia, afirmó, dispone del presupuesto para ejecutar los trabajos, pero la empresa debe regularizar primero su situación ante las autoridades capitalinas y cumplir otros trámites que no dependen directamente del Gobierno de la Ciudad de México.
El permiso que dejó el proyecto en espera
California Skateparks fue propuesta por los jóvenes que utilizan estos espacios debido a su reconocimiento internacional en el diseño y desarrollo de infraestructura para skateboarding. Sin embargo, la experiencia técnica de una compañía no sustituye los requisitos legales para intervenir en una obra pública. “Desafortunadamente no cuenta con los papeles en la Ciudad de México, con los que pueda participar para desarrollar una obra pública”, señaló Basulto Luviano.
La diferencia entre la capacidad especializada y la habilitación administrativa es el punto central del caso. La empresa puede haber sido considerada adecuada por los usuarios en términos de diseño, materiales o experiencia, pero la administración no puede iniciar formalmente los trabajos mientras no exista una vía legal para su participación. El retraso, por tanto, se ubica antes de la fase de construcción y no en la disponibilidad presupuestal anunciada por la Sobse.
La dependencia aseguró que orienta y acompaña a la compañía para acelerar los procedimientos. Esa asistencia incluye trámites ante la Ciudad de México, aunque el secretario precisó que también deben resolverse gestiones con otras instancias. Hasta ahora no se ha dado a conocer una fecha actualizada para el inicio de la obra, de modo que el calendario sigue condicionado a la conclusión de esos requisitos.
La demolición dejó pendiente la sustitución
El skatepark anterior fue cerrado y demolido en mayo, durante las obras del Jardín Flotante construido sobre la Línea 2 del Metro. La intervención modificó el entorno de Calzada de Tlalpan y dejó sin funcionamiento el espacio que utilizaban los patinadores. Después de la demolición, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, se comprometió a levantar una instalación nueva, más grande y con mejoras.
Brugada sostuvo entonces que la decisión no fue impuesta. Según explicó, las autoridades hablaron con los jóvenes y acordaron retirar el espacio existente para construir otro conforme a sus necesidades. “Se demolió, pero antes se habló con los jóvenes, y los jóvenes estuvieron de acuerdo en que así fuera para construir otro skatepark mejor, más grande y como los jóvenes lo pidieran”, declaró.
Ese antecedente vuelve especialmente relevante el retraso actual. La demolición y la promesa de sustitución formaron parte de una misma decisión pública: el cierre podía justificarse ante los usuarios si el nuevo equipamiento llegaba con mejoras concretas. Mientras la reconstrucción no avance, el beneficio anunciado permanece como un compromiso futuro y la comunidad continúa sin una fecha cierta para recuperar el espacio.
Un diseño participativo todavía no equivale a una obra
Durante una conferencia de prensa en la Utopía Mixiuhca, Basulto informó que ya existe una primera imagen conceptual del nuevo skatepark. El planteamiento fue avalado y revisado por los jóvenes que dan seguimiento al proyecto y se elaboró junto con California Skateparks. Esta etapa muestra que la participación de los usuarios no quedó limitada a solicitar una empresa, sino que también intervino en la definición inicial del espacio.
La aprobación de un concepto, sin embargo, no resuelve por sí misma los requisitos para construir. El proyecto tiene al menos tres momentos diferenciados: la definición del diseño, la habilitación legal de la empresa y la ejecución física. El primero presenta avances; el segundo continúa pendiente y mantiene bloqueado el tercero. Confundir esas fases podría generar la impresión de que la obra está más cerca de comenzar de lo que realmente está.
El acompañamiento anunciado por la administración busca evitar que el reconocimiento de la empresa y la participación juvenil se pierdan por un trámite. Al mismo tiempo, la autoridad debe mantener las reglas aplicables a cualquier obra pública. Agilizar los procedimientos no significa prescindir de ellos: significa aclarar qué documentos faltan, qué instancia debe revisarlos y cuándo podría completarse cada paso.
El siguiente compromiso será ofrecer un calendario verificable
Para los patinadores, el proyecto no representa únicamente la reposición de una superficie para practicar. También implica recuperar un espacio público diseñado con base en el uso cotidiano de la comunidad. Por eso, la falta de una fecha de inicio afecta tanto la planeación de la obra como la confianza construida durante las conversaciones con los jóvenes.
Para el Gobierno capitalino, el caso evidencia que contar con presupuesto no garantiza por sí solo la ejecución inmediata de un proyecto. La administración eligió atender la petición de los usuarios mediante una empresa especializada, pero esa decisión añadió una ruta administrativa que todavía debe completarse. La solución no consiste en abandonar el diseño participativo, sino en hacer compatible esa elección con la normativa local.
El próximo punto decisivo será la regularización de California Skateparks y la formalización de los pasos que permitan comenzar los trabajos. Mientras eso ocurre, la información más importante para los usuarios será saber qué trámites ya fueron cumplidos, cuáles siguen abiertos y qué fecha puede comprometer realmente la autoridad. A falta de esos datos, el nuevo skatepark continúa siendo una promesa con diseño avanzado, pero sin construcción iniciada.
