Decenas de miles de trabajadores y estudiantes marcharon este viernes por Bruselas contra la política de ajuste del Gobierno federal belga, en una movilización que los principales sindicatos presentaron como un primer aviso antes de una posible huelga general a finales de noviembre. La policía cifró la asistencia en 30.000 personas, mientras que el sindicato socialista FGTB elevó la estimación a 50.000. La diferencia refleja la habitual disparidad entre los cálculos oficiales y los de las organizaciones convocantes, pero ambas cifras confirman una protesta de gran magnitud.
La marcha partió poco después de las 11:00 de la estación Central y avanzó hacia la estación del Midi. Desde antes de las 10:00, numerosos manifestantes se habían concentrado en los alrededores del punto de salida. El sindicato cristiano CSC se incorporó posteriormente al cortejo, después de visitar las sedes de los cinco partidos que integran la coalición conocida como “Arizona”: la nacionalista flamenca N-VA, el liberal francófono Movimiento Reformador (MR), Los Comprometidos (Les Engagés), Vooruit y los Demócratas Cristianos y Flamencos (CD&V).
Una protesta vinculada a la negociación presupuestaria
La movilización se produce mientras el Ejecutivo del primer ministro Bart De Wever intenta encontrar unos 10.000 millones de euros adicionales para las cuentas federales. Las medidas deben cerrarse en el llamado cónclave presupuestario, una negociación a puerta cerrada entre los líderes de los partidos de la coalición. El calendario añade presión: la Comisión Europea espera recibir el plan presupuestario belga antes del 15 de octubre y De Wever debe pronunciar la próxima semana ante el Parlamento federal su discurso anual sobre el estado de la unión.
Para el Gobierno, la búsqueda de ahorro y nuevos ingresos responde a la necesidad de ajustar las finanzas públicas dentro de los compromisos europeos. Para los sindicatos, sin embargo, la orientación de las medidas traslada el coste de ese esfuerzo a trabajadores, pensionistas y beneficiarios de prestaciones sociales. Esa diferencia no es únicamente retórica: afecta a los elementos centrales de la negociación y dificulta que la coalición alcance un acuerdo sin abrir un nuevo frente social.
La FGTB reclama que no se modifique la indexación automática de los salarios, un mecanismo destinado a compensar el impacto de la inflación, y rechaza una subida del IVA y la introducción del cómputo anual de la jornada laboral. Tanto este sindicato como la CSC defienden una alternativa de unos 21.000 millones de euros basada en una mayor contribución de las rentas del capital y de las grandes fortunas, además de una reducción de gastos que consideran ineficaces.
“No es en el bolsillo de los trabajadores ni de los beneficiarios sociales donde hay que buscar, sino en el de los más ricos”, afirmó Myriam Delmée, presidenta del sindicato de empleados, técnicos y cuadros SETCa, integrado en la FGTB. Delmée atribuyó los ajustes a un “dictado europeo” y advirtió de que la huelga prevista para la semana del 23 de noviembre podría endurecerse si el Ejecutivo no modifica sus propuestas.
Los sindicatos discrepan sobre el siguiente paso
La FGTB cuenta con un mandato para convocar una huelga general durante la semana del 23 de noviembre si el Gobierno traspasa las líneas rojas fijadas por la organización. La CSC, que también participó en la manifestación, prefiere esperar al resultado de las negociaciones presupuestarias antes de comprometerse con una convocatoria de ese alcance. La diferencia muestra que existe una oposición sindical común a determinadas medidas, pero no necesariamente una estrategia idéntica sobre el momento y la intensidad de la presión.
La protesta de este viernes es la cuarta manifestación nacional del año, después de la celebrada en mayo, y se suma a una oleada de movilizaciones contra la política del Ejecutivo. El conflicto ya había alcanzado una dimensión relevante el pasado noviembre, cuando se produjo una huelga de tres días. La repetición de las protestas indica que el desacuerdo no se limita a una partida presupuestaria concreta, sino que se relaciona con la distribución general del ajuste y con el modelo de protección social que los sindicatos quieren preservar.
Educación, transporte y enfrentamientos al margen de la marcha
Docentes y estudiantes se sumaron a la jornada para protestar contra los recortes educativos de la Federación Valonia-Bruselas, gobernada por el MR y Les Engagés. La profesora Sylvia Zangeta aseguró que el personal docente lleva meses movilizándose y señaló entre sus motivos dos horas adicionales de trabajo sin aumento salarial, menos fondos para las comidas gratuitas y una reducción de los derechos de pensión. También criticó que el Gobierno continúe sin responder a sus demandas. Ni la policía ni los sindicatos ofrecieron una estimación específica sobre la asistencia a esta protesta sectorial.
La jornada estuvo acompañada por huelgas en el transporte. Alrededor de 140 vuelos fueron cancelados en el aeropuerto de Bruselas y para el lunes está prevista una huelga ferroviaria y en los servicios públicos. La coincidencia de las movilizaciones en distintos sectores amplía el impacto sobre la actividad cotidiana y anticipa la capacidad de los sindicatos para extender el conflicto más allá de una marcha puntual, especialmente si las negociaciones presupuestarias concluyen sin acuerdos aceptables para sus bases.
Al margen de la manifestación principal, cientos de jóvenes se enfrentaron a la policía junto a la estación Central. Los agentes utilizaron un cañón de agua y gas lacrimógeno, y varias bicicletas de alquiler fueron incendiadas en una plaza cercana. La policía de Bruselas indicó que las tensiones comenzaron hacia las 10:30 y que intervino de manera selectiva contra los participantes considerados alborotadores. Estos incidentes no representan el conjunto de una marcha mayoritariamente sindical, pero añaden un componente de tensión a una jornada marcada por la disputa sobre el futuro presupuesto federal.
