La movilización social volvió a ocupar este sábado las calles de Francia pese al endurecimiento de las restricciones administrativas, el despliegue excepcional de las fuerzas de seguridad y unas condiciones meteorológicas adversas. Sindicatos, estudiantes y chalecos amarillos mantuvieron el pulso al Gobierno en defensa de los servicios públicos, la educación, el poder adquisitivo y la justicia social. La jornada dejó, sin embargo, una cifra de participación inferior a la de la semana anterior y trasladó el centro del conflicto hacia una cuestión institucional: hasta dónde puede llegar el Ejecutivo al limitar el derecho de reunión cuando teme nuevos episodios de violencia.
Una movilización todavía masiva, aunque con menor alcance nacional
En París, alrededor de 110.000 personas participaron en la marcha, según el Ministerio del Interior, mientras que los organizadores elevaron el cálculo a 250.000. La cifra oficial coincide con la registrada el sábado anterior, lo que apunta a una capacidad de resistencia considerable en la capital. En el conjunto del país, Interior contabilizó 410.000 manifestantes, frente a los 550.000 de la jornada previa. La CGT, en cambio, sostuvo que la movilización nacional alcanzó los 800.000 participantes, un volumen similar al de la semana anterior.
La diferencia entre los recuentos no es un detalle menor: refleja la disputa política por el significado de la protesta. Para el Gobierno, la caída nacional demuestra un desgaste del movimiento; para los sindicatos, la persistencia de cientos de miles de personas, pese a las prohibiciones y al dispositivo policial, confirma que las demandas sociales no han sido neutralizadas. La continuidad de la asistencia en París sugiere además que la presión no depende únicamente de la evolución de las cifras, sino de la capacidad de convertir cada jornada en una demostración de fuerza frente al Ejecutivo.
El recorrido impuesto convirtió la seguridad en un conflicto político
La tensión no se limitó a las calles. La Prefectura de Policía de París comunicó el viernes, a solo un día de la manifestación, un cambio del itinerario que había sido acordado entre las plazas de la Bastilla y de la Nación. El nuevo trazado desplazó los límites exteriores de la ciudad y obligó a los sindicatos a elegir entre aceptar una decisión de última hora o asumir el riesgo de una confrontación mayor con las autoridades.
Los organizadores recurrieron ante la justicia, pero el tribunal desestimó la petición el sábado por la mañana al considerar que no disponía de tiempo suficiente para examinar las alegaciones. Para Nicolas Hervieu, especialista en derecho público y libertades, esta práctica de prohibir o modificar las marchas cuando falta margen para recurrir puede generar una forma de impunidad administrativa: la decisión se aplica antes de que un juez pueda revisarla de manera efectiva. El episodio expone así una tensión central del Estado de derecho. La protección del orden público puede requerir ajustes, pero la urgencia no debería convertirse en un mecanismo para vaciar de contenido el control judicial.
La CGT denunció que el Gobierno pretendía sembrar “caos generalizado”, dividir a la población y colocar a la justicia ante hechos consumados. Finalmente, los sindicatos aceptaron el itinerario para no poner en peligro a los participantes. Esa decisión evitó una escalada inmediata, aunque también evidenció que la negociación entre autoridades y convocantes se desarrolla ahora bajo una presión que reduce el margen real de las organizaciones para ejercer su derecho a manifestarse.
El Gobierno responde con un dispositivo de 70.000 agentes
El Ejecutivo justificó sus medidas en los enfrentamientos registrados durante las protestas anteriores. El ministro del Interior, Laurent Núñez, anunció la movilización de 70.000 policías y gendarmes, 10.000 más que el 17 de octubre, junto con unidades especializadas, helicópteros y vehículos blindados. La magnitud del operativo busca impedir que grupos violentos condicionen el desarrollo de las marchas, pero también convierte cada concentración en un escenario de alta confrontación potencial.
En términos generales, las manifestaciones transcurrieron sin incidentes graves. Al final de varios recorridos, no obstante, se produjeron cargas y choques en París, Marsella y Rennes. En Lyon, donde la protesta estaba prohibida, también se registraron tensiones. En París, la policía utilizó un cañón de agua y gases lacrimógenos en la zona de la Puerta de Vincennes después de que algunos grupos se negaran a abandonar el lugar. Los manifestantes lanzaron proyectiles y las fuerzas de seguridad respondieron con granadas lacrimógenas.
El balance refuerza la estrategia oficial, que presenta las restricciones como una condición para evitar nuevos disturbios, pero al mismo tiempo alimenta las críticas de quienes consideran desproporcionada la respuesta policial. La cuestión decisiva no es únicamente si hubo violencia, sino si las medidas adoptadas distinguen de manera suficiente entre quienes ejercen pacíficamente su derecho de protesta y quienes provocan altercados. Esa distinción será determinante para la legitimidad de la política de seguridad.
La libertad de manifestación pasa al centro del debate
Las reivindicaciones estudiantiles, relacionadas con la falta de profesores sustitutos, el deterioro de los centros y la reforma del acceso a la educación superior, quedaron parcialmente desplazadas por la controversia sobre las restricciones. Emmanuel Macron recomendó que no se celebraran manifestaciones durante los días siguientes y afirmó que se rechazarían las solicitudes presentadas por personas u organizaciones consideradas sin legitimidad. También señaló que, cuando no se tratara de sindicatos, las autoridades intentarían prohibirlas siempre que fuera posible.
El Gobierno ya había decretado toques de queda localizados y prohibiciones totales o parciales. En Marsella y Limoges, la justicia suspendió las órdenes que impedían cualquier manifestación, mientras que en Burdeos se vetaron las marchas en el centro urbano por la preocupación de los comerciantes tras los incidentes anteriores. Estas decisiones muestran que el conflicto ha entrado en una nueva fase: ya no se discute solo qué políticas públicas reclaman los manifestantes, sino quién puede convocar, en qué lugares y bajo qué condiciones.
La jornada también tuvo una dimensión partidista en Orleans, donde unas 11.000 personas, según la prefectura, y 26.000 según los organizadores, protestaron contra Agrupación Nacional mientras el partido celebraba su congreso. Jordan Bardella fue reelegido presidente sin oposición y Marine Le Pen prepara para el domingo el lanzamiento oficial de su campaña presidencial. La coincidencia entre la protesta social y la reunión de la extrema derecha amplió el significado político del día: mientras el Gobierno intenta recuperar el control del espacio público mediante la seguridad, la oposición social y partidista disputa quién puede ocuparlo y con qué legitimidad.
