La capital india amaneció este sábado bajo un dispositivo de seguridad excepcional para impedir una manifestación convocada por el Partido Janata de la Cucaracha (CJP), un movimiento juvenil que denuncia la exclusión de unos 130 millones de nombres del censo electoral. Barricadas, controles policiales, cierres de estaciones de metro y la suspensión parcial de los servicios de internet transformaron el centro de Nueva Delhi en un espacio prácticamente inaccesible para los manifestantes.
La protesta había sido convocada en Jantar Mantar, el lugar habitual de las movilizaciones políticas de la capital. Sin embargo, las autoridades prohibieron la concentración y desplegaron más de 25.000 policías y efectivos de seguridad. Según informaciones difundidas por medios locales, pequeños grupos de jóvenes fueron perseguidos y detenidos en distintos puntos de la ciudad. Una fuente citada por Reuters situó en alrededor de 200 el número de personas bajo custodia en el centro de Delhi.
Detenciones antes de llegar a la protesta
La jornada comenzó con la detención de Abhijeet Dipke, fundador del CJP, poco después de aterrizar en el aeropuerto de Delhi procedente de Bombay. La organización afirmó que la Policía le exigió cancelar la movilización, ya prohibida por las autoridades. También fueron detenidos a su llegada los dirigentes Saurav Das y Ashutosh Ranka.
Antes de ser arrestado, Dipke publicó en la red social X que el Gobierno prefería “cerrar toda la capital nacional y perjudicar a millones de ciudadanos” antes que permitir una protesta pacífica en un lugar destinado a las manifestaciones. Entre los retenidos fuera de Delhi figuró además Dhruv Rathee, uno de los comentaristas políticos más conocidos de YouTube y un crítico habitual del Ejecutivo de Narendra Modi.
El CJP aseguró que al menos 10.000 simpatizantes habían sido detenidos en todo el país, aunque esa cifra no ha podido ser verificada de forma independiente. Algunos estudiantes que viajaban desde otras ciudades fueron interceptados antes de alcanzar la capital. Las autoridades ordenaron el cierre de 57 estaciones de metro, cancelaron decenas de trenes y establecieron controles para impedir que los grupos organizados llegaran a Jantar Mantar.
Un pulso sobre el derecho al voto
La movilización no responde únicamente a las restricciones impuestas a la protesta. Su origen se encuentra en la revisión intensiva especial del censo electoral, conocida por sus siglas en inglés como SIR. La Comisión Electoral sostiene que el procedimiento pretende eliminar registros duplicados, personas fallecidas y ciudadanos que ya no cumplen los requisitos legales para votar.
El proceso ha dejado fuera de las listas, en distintas fases de revisión, a unos 130 millones de nombres. Millones de ciudadanos han presentado reclamaciones para recuperar su inscripción. La magnitud de la operación ha convertido un procedimiento administrativo en una disputa política de alcance nacional, especialmente porque la pérdida del derecho al voto puede modificar la participación y el equilibrio electoral en territorios muy poblados.
Los partidos de la oposición acusan a la Comisión Electoral de aplicar el proceso de manera selectiva para beneficiar al Bharatiya Janata Party (BJP), la formación nacionalista hindú de Modi. Sus dirigentes afirman que las exclusiones afectan de forma desproporcionada a comunidades musulmanas, sectores empobrecidos y votantes próximos a fuerzas opositoras. También denuncian que los errores en los nombres, la falta de documentos antiguos y las dificultades para demostrar vínculos familiares han dejado fuera del censo a ciudadanos legítimos.
La Comisión Electoral y el BJP rechazan esas acusaciones. Ambos defienden la revisión como una medida necesaria para depurar el registro y preservar la integridad de los comicios. El conflicto, por tanto, enfrenta dos interpretaciones incompatibles: para el Gobierno, se trata de corregir un sistema vulnerable a duplicidades y posibles irregularidades; para sus críticos, el procedimiento puede convertirse en una barrera burocrática que excluya precisamente a quienes tienen menos recursos para impugnar una decisión administrativa.
El Supremo cuestiona la respuesta oficial
El Tribunal Supremo expresó el viernes su preocupación por la amplitud de las restricciones adoptadas para contener la protesta. Los magistrados cuestionaron el cierre masivo del transporte público y reclamaron que la ciudad no quedara paralizada de manera indiscriminada. The Indian Express recogió una comparación utilizada durante la audiencia: no se puede emplear un martillo para matar una mosca.
Pese a esa advertencia, el dispositivo policial se mantuvo durante la jornada. La respuesta de las autoridades refleja la sensibilidad con la que el Gobierno interpreta cualquier movilización que vincule la gestión electoral con la legitimidad democrática. El cierre de infraestructuras esenciales puede reducir la capacidad inmediata de protesta, pero también amplía el debate sobre la proporcionalidad de las medidas y sobre el espacio disponible para la disidencia pública.
Una nueva forma de contestación juvenil
El CJP surgió en mayo como una sátira política difundida en redes sociales. Su nombre alude a la capacidad de las cucarachas para sobrevivir a intentos de exterminio y expresa una identidad deliberadamente provocadora frente a las estructuras tradicionales de la política india. Sus dirigentes utilizan humor, vídeos virales y mensajes breves para atraer a una generación que mantiene una relación distante tanto con el Gobierno como con buena parte de la oposición.
La transformación de una campaña digital en una movilización nacional evidencia el malestar acumulado entre los jóvenes. Hace pocos meses, las protestas contra las filtraciones de exámenes oficiales contribuyeron a la salida del ministro de Educación. Aunque el Ejecutivo exhibe crecimiento económico, muchos jóvenes continúan afrontando dificultades para acceder a empleos estables y oportunidades profesionales. La defensa del derecho al voto añade ahora una dimensión institucional a ese descontento.
El momento político aumenta las consecuencias del conflicto. A comienzos de 2027 están previstas elecciones regionales en varios estados, incluido Uttar Pradesh, el más poblado de India y uno de los principales bastiones del nacionalismo hindú. Si una parte significativa del electorado pierde confianza en la neutralidad de la Comisión Electoral, la controversia sobre el censo podría superar el ámbito de la protesta y convertirse en una crisis de legitimidad. Para Modi, que gobierna desde 2014 y afronta su tercer mandato, el desafío no consiste solo en contener las calles, sino en demostrar que las reglas de participación política siguen siendo aceptadas por quienes deben someterse a ellas.
