La decisión del Ministerio de Salud Pública de suspender en toda Cuba la venta de Shaka y de otras 14 bebidas energizantes con alcohol no constituye únicamente el retiro de una marca popular entre los jóvenes. Es también el reconocimiento tardío de un problema que combina riesgos sanitarios, fallas de control en las importaciones, incentivos comerciales difíciles de contener y una regulación que parece haber actuado después de que el producto ya se hubiera extendido por el mercado.
Una comunicación interna fechada el 20 de octubre ordena paralizar la comercialización y retener los productos para su posterior decomiso y destrucción. La medida alcanza establecimientos de venta y consumo, almacenes de empresas importadoras y negocios privados, y debe ejecutarse en coordinación con las direcciones de Comercio y los gobiernos locales. El listado incluye Shaka Mixer, Pardus, Havik, Eko Mix, Ener Drink Evolution, Duclos, Imperator, Rocafer, Royal Blue, Black Fide, Cachaca, 5 SHOT, Chacal, Vod-K y Tigris Alco.
El alcance de la orden es amplio, pero su aplicación inicial revela una contradicción decisiva: mientras el Ministerio dispone un procedimiento uniforme para todas las provincias, en varios puntos de La Habana las latas continuaban vendiéndose después de la notificación. En la calle Amenidad, una lata de Shaka fue adquirida por 900 pesos; en Ayestarán se ofrecía a 950; en Regla, un comerciante conservaba cinco unidades a 850 pesos cada una, y en La Cuevita había existencias a poco más de 600 pesos. En otros establecimientos, los dependientes dijeron desconocer la prohibición.
Una alerta sanitaria que llegó después de la expansión comercial
La preocupación oficial se centra en la combinación de vodka con estimulantes como cafeína y taurina. El alcohol puede reducir la percepción subjetiva de fatiga y embriaguez, mientras los estimulantes favorecen una sensación de alerta que no elimina la intoxicación. Esa mezcla puede inducir a consumir más cantidad o durante más tiempo, precisamente porque el consumidor interpreta de forma equivocada las señales de su propio organismo.
El caso de Sancti Spíritus ofrece el dato más grave conocido hasta ahora. En agosto, cinco jóvenes de entre 18 y 22 años fueron atendidos por intoxicación en el Hospital Provincial Camilo Cienfuegos después de consumir la bebida. Una joven que había ingerido dos latas llegó inconsciente y necesitó ventilación mecánica. El episodio no prueba por sí solo que todas las reacciones tengan la misma causa ni permite atribuir cada intoxicación exclusivamente a una marca, pero sí demuestra que el producto estaba siendo consumido por un grupo de edad vulnerable y en cantidades capaces de provocar consecuencias clínicas severas.
El riesgo no depende únicamente del porcentaje de alcohol. La fórmula, el tamaño de la lata, la velocidad de ingestión, el peso corporal, la mezcla con otras sustancias y las condiciones de salud del consumidor modifican el resultado. Sin embargo, la presencia de un 18% de alcohol convierte a Shaka en una bebida de elevada graduación, más cercana a un destilado que a una bebida refrescante. Su presentación y la incorporación de vitaminas del grupo B pueden contribuir a una percepción de producto funcional o recreativo, aunque ninguna de esas características neutraliza los efectos del alcohol.
La advertencia no surgió primero de una inspección cubana. En septiembre, 14ymedio informó que Shaka, fabricada por la empresa española Venerable Capital S.L., no podía comercializarse en España debido a su composición. El Reglamento europeo 1925/2006 prohíbe añadir vitaminas a productos con una graduación alcohólica superior al 1,2%. Un empleado de la compañía confirmó entonces que la empresa producía y distribuía la bebida fuera de España. La diferencia entre el mercado español y el cubano no demuestra automáticamente que el producto sea ilegal en todos los países, pero sí plantea una pregunta elemental: ¿qué controles se aplicaron antes de permitir su entrada y distribución en Cuba?
El verdadero problema no es solo la lata, sino el circuito que la puso en circulación
La primera conclusión relevante es que el caso expone una debilidad en la cadena de vigilancia, desde la aduana hasta el comercio minorista. Las autoridades sanitarias han ordenado inspeccionar almacenes de empresas importadoras, pero la existencia de productos distribuidos en numerosos municipios indica que el control no se detuvo en la frontera. La bebida llegó a establecimientos, se incorporó a los inventarios de comerciantes y alcanzó una clientela estable antes de que se activara la respuesta nacional.
El diseño de la medida confirma esa dificultad. Las mercancías retenidas permanecerán inicialmente bajo custodia de sus propietarios, quienes no podrán venderlas, consumirlas ni trasladarlas sin autorización sanitaria. Una comisión integrada por representantes de Salud Pública, Comercio Interior, Inspección Estatal y la Oficina Nacional de Administración Tributaria deberá certificar el decomiso y la destrucción. Los inspectores, además, tendrán que informar cada jueves sobre las cantidades retenidas y los negocios visitados.
La trazabilidad será el punto crítico. Si no se registra con precisión qué importador introdujo cada lote, qué almacén lo distribuyó y qué comercios lo recibieron, la operación puede terminar concentrándose en pequeños vendedores que son el último eslabón de una cadena mucho más amplia. El decomiso en una tienda puede retirar algunas latas, pero no identifica necesariamente el origen del suministro ni evita que existan reservas en almacenes, viviendas o canales informales.
La segunda conclusión es económica: una prohibición ejecutada sin transición puede crear un mercado clandestino más rentable. Los precios observados, entre poco más de 600 y 950 pesos por lata, muestran que el producto ya tenía un valor elevado en relación con los ingresos de buena parte de la población. Cuando una mercancía cara y demandada desaparece de los canales visibles, el riesgo no es que la demanda desaparezca, sino que se desplace a espacios donde no existen controles de edad, almacenamiento, autenticidad ni información sobre la composición.
La propia reacción de algunos comerciantes anticipa ese desplazamiento. Un vendedor de Regla dijo que pensaba esconder las latas debajo del mostrador para recuperar la inversión. Otros usuarios advirtieron que algunos negocios podrían venderlas a escondidas y a un precio mayor. En términos regulatorios, el incentivo es claro: el comerciante que ya pagó por el inventario enfrenta una pérdida inmediata si lo entrega sin compensación, pero puede obtener una ganancia extraordinaria si asume el riesgo de venderlo clandestinamente.
Comerciantes, consumidores y autoridades enfrentan pérdidas distintas
Desde el punto de vista de Salud Pública, la retención y destrucción ofrecen una respuesta rápida frente a un producto que puede estar asociado con intoxicaciones. La prioridad institucional es evitar nuevos casos, sobre todo entre adolescentes y adultos jóvenes, y uniformar el procedimiento para impedir que una provincia se convierta en destino de mercancías retiradas en otra. Las actuaciones anunciadas en San Nicolás de Bari, Güines y Santa Marta sugieren que la medida ya comenzó a extenderse fuera de La Habana.
Para los comerciantes, en cambio, la orden aparece como una transferencia unilateral del costo de una decisión que no provocaron. Javier Corzo Chaviano formuló la objeción de manera directa: primero debía notificarse que la venta estaba prohibida y solo después decomisarse el producto si el vendedor incumplía. La crítica adquiere fuerza cuando se observa que muchos negocios recibieron la mercancía antes de la instrucción del 20 de octubre y que algunos dependientes todavía desconocían la nueva disposición.
La respuesta no puede consistir en ignorar el riesgo sanitario, pero sí debería distinguir entre la venta deliberada posterior a la notificación y la tenencia de inventarios adquiridos legalmente antes de la prohibición. Sin un mecanismo transparente para documentar existencias, notificar a cada establecimiento y resolver la compensación o devolución, la política puede producir dos efectos indeseados: incentivar el ocultamiento de mercancías y deteriorar la cooperación de los pequeños comerciantes con los inspectores.
Los consumidores también están divididos. Algunos consideran necesario retirar una bebida que ya fue vinculada con intoxicaciones graves; otros pueden interpretar el decomiso como una nueva restricción impuesta sin información suficiente. La discusión sobre la responsabilidad aduanera refleja esa tensión. Miguel A. Fernández sostuvo que el producto no debió pasar por la Aduana, aunque apoyó su decomiso una vez detectado. Esa postura apunta al momento decisivo del problema: el control más eficaz suele ser el preventivo, antes de que el producto se fragmente entre cientos de puntos de venta.
La información pública será determinante. Una orden administrativa que solo enumera marcas puede quedarse corta si no explica los riesgos específicos, las cantidades consideradas peligrosas, los grupos más vulnerables y los síntomas que requieren atención médica. También resulta necesario aclarar si las 15 marcas comparten una fórmula, un proveedor, un porcentaje de alcohol o únicamente la combinación general de bebidas alcohólicas con estimulantes. El anexo advierte que pueden existir otras marcas, lo que convierte el listado en un punto de partida y no en un catálogo exhaustivo.
El precedente puede cambiar las reglas de un mercado opaco
El tercer planteamiento es que el caso puede reordenar el segmento de bebidas importadas en Cuba, aunque no necesariamente mediante una regulación permanente. Las empresas importadoras enfrentarán un riesgo mayor de inventario: un producto que entra al país y se vende durante meses puede ser retirado posteriormente, con destrucción de existencias y posibles consecuencias administrativas o penales para quienes continúen comercializándolo. Esa incertidumbre puede llevar a los operadores formales a exigir documentación más completa sobre composición, etiquetado y autorización sanitaria.
Al mismo tiempo, los importadores menos visibles podrían aprovechar la confusión. Si las inspecciones se limitan a los negocios registrados, las latas pueden desplazarse hacia vendedores informales, fiestas privadas y redes de distribución difíciles de rastrear. La prohibición, por tanto, solo será efectiva si se combina con controles de entrada, seguimiento de lotes y una comunicación pública sostenida. La acción local aislada puede reducir la oferta visible sin eliminar la disponibilidad real.
También cabe esperar un cambio en la percepción de los consumidores. Shaka se hizo popular entre jóvenes porque asociaba alta graduación alcohólica, sabor y una imagen de bebida energética. El caso de los cinco intoxicados y la difusión de la prohibición pueden reducir su atractivo entre parte del público, pero la curiosidad, la escasez y el aumento del precio pueden producir el efecto contrario en determinados grupos. Una mercancía retirada suele adquirir un componente de exclusividad, especialmente cuando circula por canales informales.
En los próximos meses habrá tres indicadores para medir el alcance real de la política. El primero será la aparición de nuevos casos de intoxicación y la capacidad de los hospitales para identificar la bebida consumida. El segundo será la cantidad de productos retenidos, comparada con los volúmenes que presumiblemente habían llegado al mercado. El tercero será la existencia de sustitutos con una composición similar. Si desaparece Shaka pero aumenta la venta de otras bebidas alcohólicas con cafeína o taurina, la autoridad habrá resuelto el nombre comercial y no el problema de fondo.
La próxima prueba será evitar que la emergencia se convierta en improvisación
La orden sanitaria contiene elementos necesarios, como la coordinación interinstitucional, la obligación de reportar cantidades y la prohibición de mover los productos sin autorización. Pero su eficacia dependerá de la transparencia del proceso. Las autoridades deberían publicar criterios de identificación, informar sobre los resultados de las inspecciones y explicar qué ocurrirá con las existencias adquiridas antes de la notificación. Sin esos datos, crecerá la percepción de arbitrariedad y será más difícil separar la protección de la salud de una campaña ocasional de decomisos.
El riesgo más inmediato es sanitario: consumo clandestino, mezclas con otras sustancias y ausencia de atención temprana ante una intoxicación. El segundo es económico: pérdidas para pequeños negocios, encarecimiento del producto y fortalecimiento de redes informales. El tercero es institucional: si la regulación llega después de la expansión comercial y no se identifican responsabilidades en la importación, la próxima bebida problemática puede recorrer el mismo camino.
La experiencia de Shaka deja una lección más amplia para Cuba. En mercados donde la oferta importada crece con rapidez y los canales de distribución son poco transparentes, la vigilancia no puede limitarse a reaccionar cuando aparecen pacientes intoxicados o denuncias periodísticas. La evaluación de la fórmula, el etiquetado, la publicidad, la edad de los consumidores y la trazabilidad deben producirse antes de la venta masiva. De lo contrario, la prohibición llegará cuando el producto ya no sea solo una mercancía, sino un problema distribuido entre comerciantes, consumidores, hospitales y autoridades locales.
